El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó una presunta red de lavado de dinero que habría movilizado cerca de 10 mil millones de pesos entre 2016 y 2019, caso en el que aparecen empresas constituidas ante notarías del Estado de México y operaciones relacionadas con personas físicas y morales asentadas en municipios mexiquenses como Metepec y Tlalnepantla.
De acuerdo con información judicializada por la Fiscalía General de la República (FGR), las compañías Optimización Dalga, Lovies y OHAT realizaron más de 17 mil 566 depósitos por un monto acumulado de 9 mil 631.8 millones de pesos en un periodo de tres años. Las operaciones incluyeron transferencias y movimientos con personas físicas y Morales, ubicadas en Metepec, Tlalnepantla, Ciudad de México, Xalapa y Zapopan.
Las investigaciones señalan que las empresas fueron constituidas en 2015 ante notarios públicos de la Ciudad de México y del Estado de México a nombre de Vicente Estrada Viveros. Las indagatorias apuntan a posibles esquemas de simulación de operaciones y triangulación de recursos mediante empresas presuntamente fachada.
¿Quienes operaban las empresas?
En optimización dalga se encuentran accionistas cómo Diana Luz Torres García y Francisco Manuel González Rodal, Estrada aparece como apoderado. En Lovies es accionista, al igual que Rafael Solano López, aunque en esta empresa la administradora es Claudia Guzmán Salazar.
Y en OHAT, Estrada es también apoderado legal, mientras que Teresa García Quijano y José Luis Pedraza Ávila aparecen como accionistas y este último además como administrador. Estas personas fueron llevadas ante un juez a la espera de su audiencia.
En estas empresas se registraron operaciones por medio de personas físicas de la Ciudad de México, Metepec, Tlalnepantla, Xalapa y Zapopan.
Metepec y Tlalnepantla
En Metepec operan diversas notarías de alto movimiento mercantil y corporativo, mientras que Tlalnepantla es considerado uno de los principales polos empresariales e industriales del Valle de México, por lo que ambos municipios suelen ser utilizados para la constitución de sociedades mercantiles y apertura de operaciones fiscales.
El caso también volvió a poner bajo la lupa la participación de notarías y funcionarios en posibles esquemas irregulares. Apenas este año, la Fiscalía mexiquense informó sobre investigaciones y procesos contra notarios y servidores públicos relacionados con delitos patrimoniales y falsificación documental dentro de la llamada “Operación Restitución”. Entre los municipios mencionados en esas indagatorias aparecen Toluca, Ecatepec y otras zonas con alta actividad inmobiliaria y empresarial del Estado de México.
Además, reportes sobre el sistema notarial mexiquense señalan que Metepec y Tlalnepantla concentran varias notarías ligadas históricamente a perfiles políticos y empresariales de alto nivel, situación que ha generado cuestionamientos sobre los controles en la constitución de empresas y movimientos patrimoniales.
Por el monto involucrado, este podría convertirse en uno de los expedientes más relevantes de lavado de dinero investigados en los últimos años en México. Hasta el momento no se ha informado sobre órdenes de aprehensión derivadas directamente de este caso, pero la FGR mantiene abiertas las investigaciones financieras y fiscales correspondientes.
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