La tala clandestina en el Estado de México dejó de ser únicamente un delito ambiental y se convirtió en un problema de seguridad, violencia y control territorial, advirtió la diputada Vanesa Linares, luego de los recientes enfrentamientos registrados en Ocuilan, uno de los municipios más afectados por este ilícito, reconociendo que el problema no es reciente y acusó que durante décadas existió colusión de funcionarios públicos con redes dedicadas a la explotación ilegal de madera.
“El Estado de México está viviendo momentos críticos en el tema de la tala clandestina. Esto viene de años atrás. Sabíamos que había funcionarios coludidos y por eso erradicar algo que ha crecido tanto ha sido complejo”, afirmó.
Señaló que, aunque el actual gobierno estatal ha impulsado reformas y operativos, los grupos dedicados a este delito “se han empoderado” y hoy incluso operan con respaldo del crimen organizado.
“La delincuencia organizada ya no solo tala árboles; hoy también secuestran y matan. Por eso muchos ayuntamientos dejaron de intervenir”, sostuvo.
Ante el crecimiento del problema, la diputada del PVEM informó que trabaja en una iniciativa para crear una fiscalía especializada en protección de bosques dentro de la Fiscalía mexiquense, con capacidad de actuar de manera inmediata contra los talamontes. Así mismo recordó que recientemente se aprobó una iniciativa y se endurecieron las penas por tala clandestina, convirtiéndola en delito grave y elevando las sanciones hasta más de 100 años de prisión, sin posibilidad de fianza.
“Necesitamos acciones firmes y contundentes. Ya se legisló para aumentar las penas, pero ahora hace falta una fiscalía especializada que actúe rápido y sin tantos protocolos”, indicó.
Ocuilan forma parte de los cinco focos rojos por tala clandestina en la entidad, aunque la problemática ya afecta a al menos 25 municipios mexiquenses. Linares aseguró que en la región operan familias completas dedicadas históricamente a la tala ilegal y recordó que zonas como Lagunas de Zempoala han sufrido una devastación severa, perdiendo 18 de sus 20 lagunas. Incluso narró que su padre, exalcalde de Ocuilan, sufrió atentados durante operativos contra talamontes.
“Soy partícipe de toda esa lucha contra taladores, mi propio papá surgió varios, atentados, pedimos el apoyo y el respaldo a los gobiernos y desafortunadamente hacían caso omiso… hoy estamos con una gobernadora sensible a esta situación que nos ha permitido ir transitando, hoy la lucha que se hizo durante mucho tiempo para que las penas crecieran, es una realidad”.
La diputada sostuvo que detrás del negocio ilegal de la madera existen empresarios que obtienen millonarias ganancias, mientras que quienes cortan los árboles son personas en situación de pobreza. Estimó que en Ocuilan alrededor de 300 familias participan en esta actividad, aunque afirmó que la mayoría solo son “peones” explotados por grupos madereros.
“Les pagan menos del salario mínimo para cortar árboles. Ellos no son quienes se enriquecen; los millonarios son los empresarios madereros”, afirmó. Por ello, llamó a perseguir a quienes compran madera ilegal y no únicamente a quienes realizan la tala.
Linares explicó que el gobierno estatal ha incrementado recursos para programas de pago por servicios ambientales, brigadas de vigilancia y protección contra incendios forestales, además de buscar alternativas económicas para las comunidades dedicadas históricamente a la tala.
Señaló que actualmente se fortalecen apoyos para que las familias obtengan ingresos mediante el cuidado de los bosques y no a través de su destrucción.
“Hoy ya hay un mayor presupuesto para el pago por servicios ambientales, para que en lugar de cortar árboles, los cuiden. También buscamos traer el programa de sembrando vidas al Estado de México”, indicó.
Asimismo, afirmó que uno de los objetivos es evitar que los jóvenes sean utilizados como “peones” por redes de tala clandestina, por lo que llamó a aprovechar programas como Jóvenes Construyendo el Futuro para incorporarse a otras actividades laborales, pues normalmente son ellos los que asumen las consecuencias penales, mientras que los empresarios que financian el negocio permanecen al margen.
“Los empresarios madereros no los van a sacar de la cárcel ni van a responder por ellos. Hoy las penas son muy altas y la gente debe pensar muchas veces antes de involucrarse en este delito”, sostuvo.
Sin embargo, alertó que la pérdida de bosques ya impacta directamente en la crisis hídrica que enfrenta el Estado de México.
“No hay agua porque no hay árboles. Entre menos árboles haya, menos agua vamos a tener”, señaló.
Añadió que regiones estratégicas como el corredor Chichinautzin son fundamentales para abastecer de agua al Valle de México y a entidades vecinas y hoy están perjudicados. Aunado a ello, indicó que es necesario apostarle a crear conciencia ambiental y por ello también se busca que haya una materia ambiental en las escuelas, para que los niños sepan sembrar árboles.
Síguenos