La Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Nicolás Romero, celebrada el 14 de mayo de 2026 y encabezada por la presidenta municipal Yoselín Angely Mendoza Ramírez, se desarrolló entre señalamientos por falta de transparencia, inacción frente a los problemas locales y denuncias sobre presuntas irregularidades financieras por parte de los propios ediles.
El orden del día contempló un solo punto de acuerdo: la aprobación de la convocatoria para un cabildo abierto titulado “Nicolás Romero por la inclusión, el respeto y la diversidad”, el cual fue aprobado por unanimidad. Sin embargo, el apartado de asuntos generales concentró los reclamos hacia la administración.
La quinta regidora, Mireli Romero Aceves, denunció que la Dirección de Bienestar Social negó por escrito la existencia de programas sociales vigentes, argumentando además que las atribuciones de la regidora no justificaban la petición de dicha información, solicitada formalmente el pasado 20 de abril.
La respuesta oficial contrasta con la difusión institucional del municipio. De acuerdo con la regidora, una revisión a las redes sociales y medios oficiales de la presidenta municipal arrojó la existencia de al menos 17 programas anunciados públicamente. Como prueba, citó el programa “Yo sí llevo salud a la comunidad”, difundido en Facebook el 6 de noviembre de 2025.
“Las y los regidores no somos figuras decorativas. La transparencia no debe entenderse como una concesión política, sino como una obligación permanente”, expuso Romero Aceves desde su espacio.
Por su parte, el segundo regidor, Arturo Nava Alanís, cuestionó el diseño de las sesiones de Cabildo, criticando que se convoque a los ediles para desahogar un solo punto de trámite mientras el municipio enfrenta múltiples crisis, señalando que las reuniones se reducen a unos escasos minutos en los que no se analizan a fondo las problemáticas del municipio.
Felipe de Jesús Martínez Gómez, síndico municipal, utilizó su intervención para enlistar una serie de anomalías administrativas, financieras y operativas al interior del gobierno local. Haciendo eco a la postura de la quinta regidora, reiteró que los integrantes del ayuntamiento no son «floreros».
El funcionario reveló la compra no transparentada de un camión tipo Vactor por un monto de 21 millones 800 mil pesos, así como la adquisición de un camión cisterna, procesos sobre los cuales, afirmó, no se ha entregado la información correspondiente.
En materia de seguridad pública, Martínez Gómez denunció que personal del área civil y administrativa está utilizando motocicletas oficiales asignadas a los elementos de seguridad del municipio.
Finalmente, el síndico expuso omisiones directas por parte de la Tesorería Municipal. Señaló la negativa de esta dependencia para entregar respuestas e informes detallados sobre el ejercicio de los presupuestos 2025 y 2026, el estado del pago de finiquitos a trabajadores y el cobro de licencias a empresas transnacionales que operan en la demarcación, específicamente el caso de Walmart.
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