El colectivo Lirios Buscadores Izcalli denunció públicamente a la administración municipal de Tepotzotlán por utilizar las jornadas de búsqueda de personas desaparecidas con fines de propaganda política. A través de un comunicado emitido el 8 de mayo, las familias señalaron actos de simulación, apropiación del trabajo ciudadano y acoso por parte de funcionarios locales.
El detonante del conflicto fue una reciente jornada de búsqueda que derivó en un hallazgo positivo en el municipio de Nicolás Romero, en la zona limítrofe con Tepotzotlán. Tras los peritajes de identificación, se confirmó que la persona localizada figuraba en los registros de desaparecidos de Tepotzotlán.Una vez que el hallazgo se hizo público, detallan, sus integrantes fueron blanco de hostigamiento. Señalan directamente a personas vinculadas al Ayuntamiento y a una regidora del municipio, quienes a través de llamadas telefónicas presionaron a las familias para que bajaran la información de sus redes sociales, en un intento de silenciar el hecho.
La indignación de las familias buscadoras escaló cuando el Ayuntamiento de Tepotzotlán, encabezado por la emecista Ángeles Zuppa Villegas, difundió en sus cuentas oficiales un mensaje donde afirmaba realizar «acciones coordinadas» con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM), la Fiscalía estatal y corporaciones locales. En la publicación, el gobierno municipal aseguraba acompañar a los colectivos con «respeto y sensibilidad».
Lirios Buscadores Izcalli desmintió categóricamente esta versión. El colectivo precisó que la jornada de búsqueda fue impulsada y sostenida por la sociedad civil, sin respaldo logístico ni operativo del municipio. La única intervención del Ayuntamiento, documenta el comunicado, fue enviar a una trabajadora exclusivamente a tomar fotografías de las familias para utilizarlas posteriormente en sus redes sociales.
Las buscadoras cuestionaron la contradicción de las autoridades: por un lado, operan para ocultar los hallazgos mediante hostigamiento telefónico y, por otro, capitalizan políticamente el trabajo de las víctimas publicando comunicados donde se adjudican una sensibilidad que no existe en la práctica.
Frente a este escenario, que definen como una realidad de «omisiones, abandono, falta de seguridad para buscadoras, hostigamiento y acoso digital», el colectivo planteó demandas específicas a la administración municipal:
• Disculpa pública: exigen una retractación formal por el hostigamiento dirigido hacia las integrantes del colectivo y las familias buscadoras.
• Compromisos operativos: demandan acciones reales para la localización de personas desaparecidas en Tepotzotlán, garantizando la seguridad en campo.
• Cese al uso político: exigen que el dolor de las familias no sea utilizado como herramienta de relaciones públicas.
El documento enfatiza que la localización de personas es una obligación legal y constitucional del Estado, no una campaña de imagen. Las familias recordaron que la existencia de colectivos ciudadanos como el suyo es la consecuencia directa de la incapacidad gubernamental para garantizar verdad, justicia y seguridad en el Estado de México.
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