En las calles irregulares de Nicolás Romero, al norte del Estado de México, el principal seguro de vida para un conductor de DiDi Moto no es la reciente reforma laboral, sino una cámara montada en el casco.
En una zona donde la densidad de pedidos es menor que en el corredor Centro-Reforma de la Ciudad de México, pero las distancias y el riesgo de robo se multiplican, el trabajo en plataformas digitales se ha convertido en una carrera de resistencia entre la inseguridad del municipio y las nuevas normativas federales.
A casi un año de la entrada en vigor de la reforma a plataformas digitales impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, implementada en junio de 2025, el contraste entre el discurso oficial y el de las calles es profundo. Mientras la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reporta beneficios en seguridad social para cerca de 700 mil trabajadores, en las periferias mexiquenses la percepción es de un encarecimiento operativo que obliga a extender las jornadas laborales.
Sistema de autodefensa ante inseguridad en Nicolás Romero
Nicolás Romero es un municipio semi-periférico que mezcla áreas residenciales, industriales y rurales. Aquí, la promesa de ganancias de hasta 5,000 pesos semanales anunciada en grupos de reclutamiento choca con la realidad del tránsito, el clima y la delincuencia.
Para «Saiyan Biker», un motovlogger y conductor de DiDi Moto que opera en este municipio desde hace varios años, el mayor desgaste de la jornada no es físico, sino psicológico. «El estrés, la preocupación y el miedo, principalmente. Nicolás Romero ya es un lugar demasiado inseguro para vivir», relata.
Ante la ausencia de autoridades, la tecnología personal funge como escudo. Grabar los trayectos se ha vuelto una táctica disuasiva, no solo contra asaltantes, sino frente a las propias corporaciones de seguridad.
«Los oficiales de policía cuando te ven una cámara, te juro que no te detienen. Te dejan pasar», explica el conductor. «Me ha pasado dos veces en Vía Corta o en Vista Hermosa… agacho la mirada para revisar cualquier cosa de mi teléfono y cuando regreso la mirada ya he tenido enfrente patrullas deteniéndome. Se bajan, ven mi cámara y solamente me dicen: ‘Vaya con cuidado'».
En recorridos de hasta cinco horas por las calles del municipio, los conductores reportan una nulidad de patrullajes preventivos. Si ocurre un percance, la respuesta no viene del Estado, sino de la propia red de repartidores.
En este municipio, 95 conductores de DiDi Moto han formado una red de reacción inmediata. Utilizan intercomunicadores enlazados a los cascos para evadir el uso del celular en zonas de riesgo. El sistema ya ha sido puesto a prueba recientemente en la colonia Granjas Guadalupe, un conductor fue interceptado por un vehículo blanco y tres motocicletas.
«Ventaja del chavo es de que cuando él se dio cuenta marcó por celular… Nosotros contamos con los intercomunicadores que van directamente a los cascos. Al ver nosotros que es una llamada del grupo, nos enlazamos alrededor de 20 a 25 personas inmediatamente», detalla.
Cinco conductores que se encontraban en la zona llegaron al auxilio. Los agresores, al verse superados en número, huyeron. Hubo golpes, pero el robo de la motocicleta se frustró. La iniciativa ha cobrado tanta tracción que mujeres motociclistas y repartidores independientes de la zona han solicitado integrarse al grupo de protección civil no oficial.
A la zozobra se suma la reforma laboral
El 22 de junio de 2025 entró en vigor la normativa que obliga a las plataformas a proporcionar aseguramiento del IMSS, con un programa piloto activo hasta finales de ese año. Para 2026, los «factores de exclusión» determinaron que, en el caso de las motocicletas, el porcentaje deducible ronda el 32%. Esto significa que los conductores pagan cuotas sobre un margen de ganancia que, acusan, no contempla en su totalidad gastos operativos como gasolina, llantas y mantenimiento.
«Lo único que sirvió es para cobrarte un impuesto por el trabajo que ya tú realizas. Prácticamente tú por semana estás perdiendo alrededor de 500 hasta 800 pesos… con un trabajo que no hacen ellos. Tú eres el que te expones a la lluvia, al sol, a los asaltos y a los accidentes», dice, mostrando su rechazo a esta Reforma.
Para compensar las deducciones automáticas del Seguro Social, los repartidores mexiquenses han tenido que modificar su ritmo de vida. «Si normalmente trabajabas unas 8 horas, ahorita con toda esta situación yo creo que tienes que trabajar hasta 12, 14 horas totales por día. Exactamente, media jornada más para poder solventar ese gasto», señala.
La estrategia contra el algoritmo
La normativa vigente establece que la seguridad social es obligatoria para quienes generen el equivalente a un salario mínimo mensual (aproximadamente 18,000 pesos de ingresos brutos en plataforma). Para evadir el descuento, los trabajadores han desarrollado una táctica de fragmentación laboral.
«La mayoría de personas que se dedican de lleno a la plataforma digital, que empiezan a las 5 de la mañana y terminan hasta la 1 de la mañana, tienen dos cuentas o hasta tres cuentas», revela el conductor. La estrategia consiste en monitorear los ingresos: «No llegan a su límite de 18 mil en una cuenta, dicen ‘ya llevo 16’, se desconectan y se pasan a otra. ¿Por qué? Porque lo que no quieren es que les estén descontando lo del Seguro Social, porque no les funciona».
A pie de calle, lejos de las cifras oficiales y de los escritorios gubernamentales, los repartidores del Estado de México exigen una revisión profunda. La petición directa de este gremio hacia las autoridades es clara: la rescisión de una reforma que, desde su perspectiva, burocratizó la precariedad y redujo sus ingresos en uno de los territorios más hostiles del país para circular en dos ruedas.
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