Diversas organizaciones internacionales suscribieron una carta dirigida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la que expresan su preocupación por “la continuidad de la criminalización y la detención arbitraria de la Sra. Kenia Inés Hernández Montalván, así como por los actos de discriminación basados en su género y pertenencia al pueblo indígena amuzga en el marco de los procesos judiciales en su contra” (sic).
La situación de Kenia Hernández ha llamado la atención de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos por considerarse un caso de criminalización de la protesta. Además porque el proceso ha tenido diversas irregularidades que han sido señaladas por la defensa de la activista.
Lee: Dan 11 años más de cárcel a activista indígena Kenia Hernández, acumula 21
¿Por qué está detenida Kenia Hernández?
Kenia Hernández fue detenida el 6 de junio del año pasado bajo la causa penal 853/2020; fue acusada de robar una cartera con 500 pesos y un celular con violencia. Su defensa consiguió que el proceso se siguiera en libertad con una medida cautelar, la de firmar mensualmente. No obstante, el 18 de octubre fue detenida una vez más bajo la causa penal 630/2020, emitida por un juez de control de Toluca, Estado de México. Se acusó entonces de robo con violencia y uso de arma de fuego, esta vez en las casetas de peaje.
Aunque el 24 de octubre Kenia fue puesta en libertad, un juez federal de control con residencia en Acapulco giró orden de aprehensión –el mismo día que salió– por presuntos ataques a las vías de comunicación. Fue detenida una vez más la madrugada del domingo 25 de octubre.
Kenia Hernández es acusada de “ataques a las vías de comunicación en pandilla” y “robo con violencia con uso de arma” en perjuicio de Caminos y Puentes Federales y Autovías Concesionarias Mexiquenses. Tiene una condena de 11 años y 3 meses por el primer caso y a 10 años y seis meses por el segundo.
El documento destaca que la protesta de Kenia se realizaba de manera pacífica en manifestaciones para exigir la aparición con vida del abogado Arnulfo Cerón –también defensor de derechos humanos–; además para exigir la libertad de integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa Parota.
Entre la defensoría que realizaba Kenia Hernández procuraba la protección a mujeres víctimas de violencia machista en la región de la Costa Chica, en Guerrero. Por su labor como activista y defensora de los derechos humanos, Kenia Hernández estaba incorporada al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde septiembre de 2019.
Irregularidades en el proceso
En el proceso judicial, Kenia no recibió la oportunidad de tener un intérprete de amuzgo, pues el juez consideró que ella hablaba español y no era necesario; asimismo no se aplicó la perspectiva de género debido a que el juez consideró que “esta solo era aplicable a mujeres insumisas o que habían sido víctimas de violencia de género en el entorno doméstico”.
De esta manera, la misiva rechaza la criminalización de la que, dice, ha sido víctima Kenia Hernández, y la cual está vinculada a empresas extractivas multinacionales y tiene el objetivo de “castigar y poner fin al legítimo trabajo en defensa de los derechos humanos”.
Este caso ya es conocido de manera directa por el presidente: en una conferencia de prensa matutina, en febrero, un periodista preguntó directamente por la situación y el presidente encargó la información a Alejandro Encinas, responsable de la oficina de derechos humanos de Secretaría de Gobernación. En la carta urgen a las autoridades mexicanas a tomar las medidas necesarias para poner fin a la detención arbitraria ya los numerosos procesos de criminalización en su contra.
No te pierdas: ¿Por quién pregunta el presidente? El caso de Kenia Hernández
Esta carta, fechada el 11 de mayo, está firmada por el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, un programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura y de FIDH, de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Front Line Defenders, CIVICUS y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.