Kenia Hernández, indígena, abogada y feminista, recibió una segunda sentencia condenatoria por el delito de robo con violencia presuntamente cometido en una caseta de cobro del Circuito Exterior Mexiquense (CEM) en Ecatepec.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, “Kenia podría pasar 21 años y 9 meses en prisión por un delito que no cometió”.
Kenia Inés Hernández Montalván —la mujer por cuyo caso preguntó el presidente López Obrador en su mañanera— es una activista y defensora de los derechos humanos, una indígena amuzga originaria de Guerrero quien fue detenida el 6 de junio de 2020 y que está recluida en el penal de máxima seguridad 16 femenil, en Morelos.
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A Kenia Hernández la han criminalizado por ejercer su derecho a la protesta y a los derechos humanos, según explica su defensa legal que condenó la decisión del juez del Tribunal de Enjuiciamiento de Ecatepec.
«Esto demuestra que el Estado mexicano y las empresas concesionarias de autopistas privadas por OHL- Aleatica, autovías mexiquenses, entre otras, son las que insisten en la eterna prisión para la protesta social así como no garantizar una justicia restaurativa pues persisten en mantener en prisión a Kenia Hernández por ser mujer, indígena y activista social«.
La historia
Kenia tiene en prisión un año y cuatro meses. El pasado 20 de febrero un juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de México le ratificó una sentencia condenatoria de 10 años y seis meses de cárcel. La acusaron de ser responsable de robo con violencia en agravio a la empresa Autovías Concesionadas Mexiquenses.
Según Antonio Lara Duque —integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y abogado defensor de Kenia— las acusaciones que le han hecho forman parte de una campaña de “hostigamiento judicial” para disuadir la protesta.
¿Cuáles han sido las detenciones de Kenia Hernández?
A Kenia la detuvieron el 6 de junio del año pasado bajo la causa penal 853/2020. La acusaron de robar una cartera con 500 pesos y un celular con violencia. Ella consiguió junto con su defensa que el proceso se siguiera en libertad con una medida cautelar: firmar mes con mes.
Sin embargo, el 18 de octubre la detuvieron una vez más bajo la causa penal 630/2020, emitida por un juez de control de Toluca, Estado de México. Se le acusó de robo con violencia y uso de arma de fuego, esta vez en las casetas de peaje.
El 24 de octubre Kenia quedó en libertad, pero el mismo día un juez federal de control con residencia en Acapulco giró orden de aprehensión contra ella por presuntos ataques a las vías de comunicación. Por esta razón, la aprehendieron una vez más la madrugada del domingo 25 de octubre.
En principio, Kenia estaba recluida en Acapulco pero la Fiscalía General de la República ordenó un traslado al Penal Federal 16, en Morelos, debido a que “su vida corría peligro en Guerrero”. Ella era desplazada de Guerrero por haber sufrido amenazas de grupos criminales y estaba incorporada al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde septiembre de 2019.
Información publicada en Cimac menciona que “en las primeras dos detenciones, Kenia y sus acompañantes fueron agredidos físicamente y los elementos de seguridad no presentaron ninguna orden de aprensión antes de llevársela. Para su primera detención se utilizó un reporte de espionaje aportado por una empresa concesionaria de casetas en las que ella se ha manifestado por la libertad de sus compañeras y compañeros; y en la segunda detención, Kenia estuvo desaparecida varias horas hasta que las autoridades la presentaron en el penal de Almoloya”.
Irregularidades en el caso de Kenia Hernández
Durante su estancia en prisión, el 17 de octubre, Kenia realizó una huelga de hambre de más de 50 días al interior del centro federal de readaptación. El objetivo era llamar la atención y visibilizar la arbitrariedad de su detención, de la fabricación de delitos y el hostigamiento judicial al que ha sido sometida; además de la violencia de género e institucional y la falta de garantías al debido proceso.
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Por su detención, integrantes del Colectivo Zapata Vive —al que Kenia pertenece— iniciaron un plantón afuera de la Fiscalía General de la República pocos días después; sin embargo, el 1 de noviembre 500 elementos policiacos los desalojaron con violencia.
El 2 de noviembre pasado, en conferencia de prensa, el defensor Antonio Lara mencionó que el juez José Miguel López Rodríguez determinó que Kenia Hernández debía seguir su proceso penal en prisión porque “se manifiesta en muchos lados” e “incomoda a particulares y funcionarios”. Además de que el juez afirmó que no merecía ser juzgada con perspectiva de género porque “no es sumisa, no es vulnerable y sí se sabe defender”, externó Lara Duque.
Otra irregularidad del proceso la publicó el 24 de febrero Animal Político. El texto menciona que, según la causa penal 617/2020, el 19 de marzo de 2020, en la caseta de Las Américas del Circuito Exterior Mexiquense, una pareja denunció que Kenia los abordó y les dijo que la cooperación era voluntaria; pero cuando la mujer comenzó a grabar, Kenia supuestamente los amenazó y despojó de su cartera y celular. No obstante, un peritaje que forma parte de la causa penal indica que la activista no estaba en ese sitio, sino a más de 600 kilómetros de distancia.
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Indulto
El 24 de febrero, durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó “se le informará sobre la situación de la defensora”. En un documento publicado por Zeferino Ladrillero se explica que el presidente “encargó a Alejandro Encinas, responsable de la oficina de derechos humanos de Secretaría de Gobernación, ofrecer un informe sobre la situación de la activista.
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