La activista Kenia Hernández –acusada por un supuesto ataque a las vías generales de comunicación– “no puede ser juzgada bajo una óptica de perspectiva de género porque solo aplica para las mujeres cuando son sumisas, vulnerables y no saben defenderse”, este fue uno de los argumentos que utilizó la Fiscalía federal durante la última audiencia de la defensora de derechos humanos, así lo informó su defensor –José Antonio Lara Duque, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero– durante una conferencia de prensa realizada este 2 de noviembre para informar de la situación legal de la activista.
Otro de los argumentos de la Fiscalía federal, explicó Lara Duque, es que “Kenia se manifiesta en muchos lados y eso es demasiado […] la manifestación que realiza incomoda a particulares, así como a funcionarios”.
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Kenia Hernández Montalván, actualmente recluida y aislada en el penal federal de Morelos, es coordinadora del Colectivo Zapata Vive y ha sido detenida en tres ocasiones acusada de supuesto robo y ataque a las vías de comunicación; ella, quien realiza una sostenida participación social y defensa de los derechos humanos, de mujeres e indígenas, ha sido antes perseguida y amenazada de muerte por agentes estatales y grupos paramilitares de Guerrero.
Tres detenciones
Kenia ha sido detenida tres veces: la primera por una orden de aprehensión liberada por un juez de Ecatepec, carpeta 853/2020, por supuesto robo con violencia; la segunda, carpeta 630/2020, liberada por un juez de control de Toluca, también por supuesto robo a las casetas de peaje, y la última dictada por un juez federal por supuesto ataque a la caseta de La Venta el 29 de marzo de 2019. En esta tercera detención Kenia apenas había sido liberada de la segunda, el 24 de octubre, a las 22:00 horas con medidas cautelares y la carpeta de la nueva orden se estaba conformando a las 3:00 am del 25 de octubre.
El desalojo del Zapata Vive
El colectivo que Kenia Hernández coordina, Zapata Vive, puso un plantón en la glorieta de Insurgentes para exigir su libertad, pero fue desalojado el 24 de octubre por elementos de la Fiscalía General de la República, institución que, a través de una tarjeta, informó que el desalojo se realizó como medida de precaución para evitar un contagio entre los manifestantes.
Integrantes de organizaciones sociales –del Colectivo Zapata Vive, del Frente Popular de la Montaña y la Coordinadora Nacional “Plan de Ayala”– participantes en la conferencia de prensa mostraron su preocupación por estos delitos, afirman, fabricados, y por la campaña de desprestigio que se ha hecho hacia ella, pero también porque estas acciones muestran una política de represión en contra de las personas que mantienen una actividad de defensa de derechos humanos, del ambiente, de los indígenas y de las mujeres y de protección hacia los intereses de las empresas y funcionarios.
Asimismo, Lara Duque mencionó que las acciones de la Fiscalía General de la República evidencian que está en riesgo la libertad de expresión y de manifestación de todos aquellos que recurren a la protesta pública como un ejercicio válido para hacer valer los derechos.
Explicó también que a Kenia le fue suspendido el mecanismo federal de protección con el que contaba, con el argumento de que primero debe sanear su situación jurídica.
Los recursos legales
En este momento, informó Lara Duque, se interpondrá un juicio de amparo indirecto, pero, dijo, la lucha legal tendrá que ser de largo plazo en el entendido de que se está ante una autoridad decidida a violar los procedimientos y los criterios nacionales e internacionales de mínima intervención.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentra ya sustanciando el expediente MC-1013-20 respecto al caso de Kenia Hernández.