Como una situación aberrante y de gran impunidad califica el abogado Leonardo Gama García lo sucedido con el caso de Alberto Martínez Sosa, un hombre que lleva doce años preso acusado por la privación de la libertad de dos militares sucedida en el municipio de Luvianos, Estado de México.
En la conferencia de prensa dictada por los abogados defensores del caso con la intención de visibilizar este caso, están presentes María y Hugo, esposa e hijo de Alberto Martínez; quien señalan que Alberto está en la cárcel sólo porque los militares buscaban quién la pagara.
Doce años han pasado, Hugo tenía entonces 12; cuatro meses una de sus hermanas; para vivir este tiempo, explica Hugo, han recibido el apoyo de sus tíos y han vendido cosas, ahora dos de los hermanos ya trabajan, explica.
Los hechos
Leonardo Gama García, abogado defensor de Martínez Sosa mencionó que este es un caso plagado de irregularidades cuyos antecedentes se remontan al 6 de octubre de 2007, cuando dos elementos militares: Gustavo Herrera Terrones y Luis Enrique Aragón Reyes fueron privados de su libertad, razón por la que posteriormente llevaron a cabo una inspección sin orden judicial.
Los militares se entrevistaron con uno de los trabajadores del rancho de Alberto Martínez Sosa, al día siguiente, Gustavo Herrera Terrones amplió su declaración y señaló a Martínez Sosa como responsable de la detención de los militares, por lo que se giró oficio de búsqueda y localización contra Alberto, quien ante la situación promovió el juicio de amparo 1185/2007-IV, por medio del cual se le concedió suspensión provisional de la orden de presentación o detención, asimismo, el 26 de octubre se presentó voluntariamente para presentar su declaración, con lo que se canceló la orden de aprehensión
Aún así, el 1 de noviembre, Alberto Martínez fue detenido por militares en un retén, acusado de portación de droga, fue trasladado al Ministerio Público donde no fue detenido por la suspensión de amparo con la que contaba; entonces, fue llevado a la PGR de Toluca. Ese mismo día, los militares denunciantes ampliaron su declaración incriminando a Alberto, según mencionó el abogado, por órdenes de José Manzur Ocaña.
Dos años después, el 27 de febrero de 2009, Martínez fue sentenciado a 20 años de prisión por el delito de privación ilegal de la libertad; por los delitos contra la salud, armas y cartucho fue absuelto.
El proceso
El proceso judicial de Antonio Martínez ha sido largo, en palabras del abogado, plagado de violaciones a los derechos humanos y de irregularidades, dentro de éste llama la atención que en la averiguación previa A.P/PGR/MEX/TOL-IV-1221/2008, la declaración de Alfonso Benítez Luna, encargado entonces de la Subdelegación de Procedimientos Penales de la PGR en Toluca, señala:
“Todo fue por instrucciones del entonces delegado de la Procuraduría General de la República, Lic. José Manzur Ocaña, ya que teníamos conocimiento de que Alberto Martínez Sosa no había participado, ni existía prueba alguna o reconocimiento de que Alberto Martínez Sosa hubiera intervenido en la privación ilegal de la libertad de los militares, sin embargo, por el solo hecho de ser propietario del inmueble donde al parecer fueron llevados lo militares, el entonces delegado consideró que se encontraba relacionado con los hechos”.
José Manzur Ocaña, exdelegado de la Procuraduría General de la República permanece prófugo desde el 2008 por su presunta protección a una red dedicada a la venta de droga en el Estado de México.
A lo anterior se suman contradicciones en las declaraciones, como el hecho de que en una primera declaración los militares señalaron que los plagiarios eran entre 15 y 20 e iban encapuchados y que los militares en un inicio no reconocieron a Alberto como su plagiario.
En el caso, al menos 15 testigos, entre ellos el entonces presidente municipal de Luvianos, Francisco Arce Ugarte declararon que al momento de los hechos Alberto estaba en una reunión con ellos, pero estos testimonios no fueron tomados en cuenta, dijo el abogado.
Además, en 2008, dos integrantes de La Familia Michoacana confesaron que ellos habían desarmado a los militares, incluso les fueron encontradas las armas de los ofendidos, pero esto tampoco fue tomado en cuenta aunque, los militares pidieron la restitución de sus armas.
El estado actual
Para este caso fue solicitado el indulto al entonces presidente Enrique Peña Nieto, el cual fue negado, por lo que actualmente se le ha solicitado al presidente Andrés Manuel López Obrador y que está en la Secretaría de Gobernación , específicamente en la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, adscrita a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración.
Existe, asimismo, la solicitud de orden de aprehensión en contra de los militares por el delito de falsedad de declaraciones sin embargo, la defensa de Alberto insiste en que durante todo este tiempo, los militares han gozado de protección e inmunidad.
Hay una solicitud de atracción del caso (764/2019) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de pedir beneficios preliberacionales. Asimismo, se busca la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, actualmente se espera respuesta.