Con información de Rodrigo González. FrojiMX
“El combate a la corrupción empieza en casa y desde arriba (…) en 20 años de carrera en el servicio público, jamás he sido sancionada por mi desempeño”, dijo Alejandra del Moral, candidata del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza a la gubernatura mexiquense, durante el primer debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).
Las palabras de la priista, sin embargo, contradicen los hechos, ya que ha cometido lo que podría ser considerado una falta administrativa grave, cuya sanción va desde la suspensión o destitución del cargo, una multa económica y hasta la inhabilitación para desempeñarse como funcionario público.
Esto debido a que Del Moral Vela ocultó de su declaración patrimonial una empresa de la que es fundadora y accionista, junto con varios miembros de su familia, de acuerdo con documentos oficiales consultados por el portal independiente FrojiMX.
La empresa familiar de Alejandra del Moral
A mediados del 2018, Alejandra del Moral constituyó la empresa Administradora Esculapio, como consta en documentos del Registro Público del Comercio.
El documento de constitución de sociedad precisa que Del Moral Vela posee el 15 por ciento de las acciones, mientras que el resto están repartidas entre tres de sus familiares.
El 55 por ciento de las acciones de la empresa aparecen a nombre del padre de Alejandra del Moral, José Ismael Del Moral Castro, un priista de bajo perfil a nivel nacional pero de renombre dentro del partido tricolor en el Estado de México, quien falleció el pasado 14 de febrero.
Otro 15 por ciento de las acciones de Administradora Esculapio son de Arturo Javier del Moral Castro, tío de Alejandra del Moral –hermano de su papá– y actual primer síndico del municipio de Cuautitlán Izcalli.
El 15 por ciento restante de las acciones de esta compañía son propiedad de José Ismael Del Moral Vela, hermano de la candidata priista a la gubernatura del Estado de México.
Aunque la empresa de la familia Del Moral registró más de una docena de objetos sociales, se dedica básicamente al sector salud, desde la prestación de servicios médicos y hasta análisis clínicos, así como la venta y arrendamiento de productos en la materia.
Administradora Esculapio se ubica en Cuautitlán Izcalli, el municipio mexiquense donde la familia Del Moral ha cimentado su carrera política.
La empresa no aparece en sus declaraciones patrimoniales
Antes de ser candidata, Alejandra del Moral era la titular de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno mexiquense de Alfredo del Mazo.
Al llegar al cargo –en el que estuvo poco más de ocho meses–, la priista presentó su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Contraloría de la entidad.
En el documento de siete hojas y con la fecha del 7 de abril de 2022, Del Moral Vela negó tener algún conflicto de interés que deba aclarar.
Lo mismo sucede en las dos declaraciones patrimoniales que Alejandra del Moral presentó cuando era diputada local en el Congreso del Estado de México, a finales de 2021 y a principios del 2022.
En ambos documentos, la priista acepta que tiene información que proporcionar en el apartado “Participación en empresas, sociedades o asociaciones” de su “Declaración de Intereses”, sin embargo, no aparece más información, menos sobre “Administradora Esculapio”.
Mientras que de 2019 a 2020, después de constituir la empresa familiar, Alejandra del Moral no tuvo ningún cargo en la función pública, por lo que no presentó declaraciones patrimoniales en esos años.
Al inicio del gobierno de Alfredo del Mazo, del Moral Vela fungía como titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, donde presentó dos declaraciones patrimoniales, una en 2017 y otra en 2018, ambas antes de haber creado la empresa.
El medio FrojiMX solicitó a la Secretaría de la Contraloría de la entidad ambas declaraciones patrimoniales de Alejandra Del Moral, pero la dependencia decidió clasificarlas como confidenciales.
El argumento de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas fue que no había “autorización previa y específica” de la priista para dar a conocer el contenido de su patrimonio.
Por si fuera poco, el Comité de Transparencia de la Contraloría mexiquense también clasificó como confidencial las declaraciones patrimoniales que había presentado en su cargo anterior, cuando fue secretaria del Trabajo en el gobierno de Eruviel Ávila, aún cuando no fueron solicitadas.
La sanción
De acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, es una falta administrativa grave el “enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés”.
El artículo 63 de dicha legislación explica que cae en esta falta administrativa grave quien “falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses».
En tanto, el artículo 82 menciona que la sanción por una falta administrativa grave van desde la suspensión del cargo, la destitución, una sanción económica y hasta la inhabilitación para desempeñar algún puesto público.
Esta sanción, según explica la ley, es determinada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.
Hasta el momento la candidata ni su equipo han emitido comentarios al respecto.
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