El dinero tiene una encomienda urgente: prevenir agresiones, atender a las víctimas y ayudar a encontrar a mujeres desaparecidas. El Estado de México asignó 260 millones de pesos en 2026 a las alertas de género. Sin embargo, los propios diputados reclaman información para conocer qué se ha conseguido con esos recursos.
La bolsa contempla 210 millones para los municipios alertados y 50 millones para la Secretaría de las Mujeres. El Congreso solicitó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) realizar auditorías de cumplimiento y desempeño: revisar cómo se utilizó el presupuesto y si las acciones financiadas alcanzaron sus objetivos.
La exigencia llega once años después de la primera declaratoria, por feminicidio, y siete después de la segunda, por desaparición. Un mecanismo concebido para enfrentar una emergencia lleva años acompañado de presupuestos, proyectos e informes. La pregunta pendiente es cuánto ha cambiado la protección de las mujeres en los territorios donde se aplica.
Una cuenta difícil de seguir
La falta de información accesible ya había sido señalada desde el propio Congreso. El 23 de septiembre, Ana Yurixi Leyva Piñón, presidenta de la comisión legislativa que da seguimiento a las alertas, presentó una iniciativa para que los municipios publiquen sus proyectos, recursos recibidos, acciones, beneficiarios y resultados.
La propuesta busca reformar la Ley Orgánica Municipal para exigir esa difusión en las gacetas y medios electrónicos oficiales. La diputada advirtió que la ausencia de una obligación específica dificulta que colectivas, madres buscadoras, víctimas y ciudadanía supervisen el gasto. También planteó que los ayuntamientos actualicen periódicamente la información y la presenten de manera comprensible.
Conocer el presupuesto autorizado apenas permite empezar a seguir las cuentas. Después hay que identificar cuánto recibió cada gobierno, qué contrató, cuánto pagó y qué entregó. Para evaluar las alertas, además, hace falta explicar qué problema atendió cada intervención y cómo se midieron sus resultados.
Una relación de cursos, patrullas, luminarias o campañas puede acreditar actividades. Por sí sola, no permite saber si una mujer recibió protección a tiempo o si una búsqueda comenzó cuando todavía era posible encontrarla con vida.
Menos feminicidios, una relación por demostrar
Durante la discusión legislativa se citaron 156 casos de feminicidio en 2020, 55 durante todo 2025 y 38 entre enero y septiembre de 2026. La reducción entre los dos años completos es relevante. Sin embargo, Sandra Patricia Santos Rodríguez, promovente de la revisión, reconoció que ese descenso no demuestra por sí solo una relación con el dinero de las alertas.
La legisladora también señaló posibles subejercicios. El comunicado del Congreso no precisa municipios, montos ni ejercicios fiscales involucrados.
Ese señalamiento debe documentarse. La evaluación también debe distinguir qué medidas funcionaron, cuáles quedaron pendientes y cuáles necesitan corregirse. De otra manera, cada nueva asignación presupuestal deja abierta la misma pregunta sobre sus resultados.
El Congreso ya pidió revisar. Falta que esa solicitud se traduzca en hallazgos públicos que permitan seguir el dinero hasta sus destinatarias. Para las mujeres y sus familias, la rendición de cuentas también pasa por saber qué respuesta recibieron cuando pidieron ayuda.
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