Toluca, México; 16 de agosto de 2018. Los 125 municipios mexiquenses deberán destinar un porcentaje de su presupuesto anual para la liquidación de laudos laborales de administraciones anteriores, luego de las modificaciones a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del estado y la Orgánica Municipal del pasado 9 de agosto. La disposición aplicará para los Ayuntamientos que entrarán en funciones el próximo 1 de enero de 2019.
Los laudos son aquellas sentencias de los tribunales respecto a juicios laborales a favor del empleado entre las administraciones municipales y los trabajadores de los Ayuntamientos. La reforma impulsada por el coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, Aquiles Cortés López.
Para llevar a cabo la reforma se proponen las disposiciones siguientes:
1. Ampliar las funciones de trabajadores de confianza. La reforma busca aumentar el número de trabajadores de confianza en ciertas áreas de responsabilidad para que al concluir su gestión administrativa no tengan necesidad de una liquidación.
2. Caducidad del juicio laboral por inactividad de 120 días. Todo juicio laboral que exceda los 4 meses será considerado caduco, de este modo se busca la suspensión de la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo, aplicando la Ley Orgánica Municipal.
3. Exhibir cédula profesional o carta de pasante. Todo juicio laboral deberá ser efectuado por profesionales en derecho, por ello se debe acreditar la personalidad del apoderado con los documentos antes mencionados.
4. Referente al embargo de bienes, se prioriza bienes tangibles y se exceptúa en su ejecución las cuentas de aportaciones federales, así como los vehículos de salud y protección civil; de esta manera sólo será válido el embargo al municipio por material de trabajo (mesas, sillas, equipo de cómputo).
5. Multas por incumplimiento de laudos. Se impondrá a los responsables multas de cien a mil días del valor de la Unida de Medida y Actualización (UMA), correspondiente a 80.60 pesos diarios.
6. Autonomía de Fondo Auxiliar Tribunal. Propone la independencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, dejando el manejo de los laudos a las dependencias municipales.
Actualmente se señala al presidente municipal como el responsable de los pagos de los laudos. La iniciativa propone que la Ley Orgánica Municipal se modifique para que el presidente, síndico y tesorero sean los responsables de dar seguimiento a los procedimientos laborales hasta el cumplimento del pago de laudos, para evitar el adeudo económico de la Hacienda del Ayuntamiento. La Contraloría Interna Municipal será la encargada de vigilar el pago de las responsabilidades económicas de los Ayuntamientos en conflicto laboral.
Finalmente, la reforma busca que la justicia laboral sea más pronta y expedita al resolver las exigencias sociales que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje no ha respondido hasta la fecha.
