El procurador del Estado de México, Alejandro Gómez informó que en los próximos días se instalará el grupo técnico de atención a víctimas y sesionará para determinar los montos concretos con los que serán indemnizadas las tres mujeres torturadas del caso Tlatlaya.
Alejandro Gómez explicó que por ahora el Fideicomiso de indemnización se encuentra constituido con alrededor de 40 millones de pesos, que han sido ministrados mensualmente por la Secretaría de Finanzas.
Información del diario Tres PM, detalla que el Procurador insistió en que este monto no sólo se constituyó para el caso Tlatlaya, sino en general para todas las víctimas que resulten afectadas por excesos policíacos.
Las reglas del fideicomiso, recordó, ya se encuentran establecidas, y se está a la espera de que el grupo técnico determine en una o dos sesiones los montos concretos para las tres primeras víctimas de Tlatlaya.
“Ya tenemos un cálculo, pero no estamos en condiciones de darlo a conocer. Tenemos una propuesta que vamos a sujetar a consideración del grupo, debidamente sustentada por variables como salud, asistencia social, servicios educativos, etc”, adelantó.
Los criterios bajo los que se realizó la estimación, afirmó, se sujetan a todos los estándares internacionales y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Los plazos para hacer válida la indemnización, detalló Gómez Sánchez, dependerán de los acuerdos a que se llegue con las víctimas, pues existen casos en los que los afectados no han querido cobrar.
“Es un tema novedoso… La bolsa se conformó mes a mes, con una ministración de la Secretaría de Finanzas y en función de esto estaremos en condiciones de indemnizar”, insistió.
En tanto, la carpeta de investigación por este caso, refirió, continúa en desglose, y si alguna de las víctimas reconoce a otros responsables, se les investigará, determinará la responsabilidad en que incurrieron y sancionará conforme a la falta.
No obstante, al ser cuestionado sobre si los siete ministeriales a los que se dictó orden de aprehensión pero se encuentran libres bajo caución fueron separados de su encargo, el funcionario estatal sólo preciso: “están vinculados a proceso”.