Los integrantes de la Comisión Electoral y de Desarrollo Democrático del Congreso local aprobaron, por unanimidad, cambios al Código Electoral para que los siguientes procesos electorales inicien en el mes de enero del año de la jornada electoral, y de esa manera, se reduzcan gastos en cada elección.
Esto implica que el proceso para renovar las 125 alcaldías y el Congreso local del 2021 ya no iniciará en septiembre, sino hasta el mes de enero del siguiente año, con lo cual se estima un ahorro de cuando menos 75 millones de pesos en salarios, rentas y la operación de 170 juntas electorales distritales y municipales.
El presidente del Instituto Electoral de la entidad, Pedro Zamudio Godínez, quien acudió a los trabajos de la comisión, consideró que se trata de una propuesta conveniente y necesaria para reducir costos
Los trabajos se llevaron a puerta cerrada por la emergencia sanitaria y se transmitieron por internet. Sólo falta que el dictamen se vote en el pleno y el Ejecutivo estatal lo publique en la Gaceta de Gobierno para que pueda entrar en vigor.
El plazo para hacerlo es el mes de mayo. Por ley no se pueden hacer reformas electorales durante los 90 días previos al arranque del proceso, pero si esto entra en vigor, los legisladores tendrán oportunidad de hacer otros ajustes a la normativa hasta finales de septiembre.
El presidente del Instituto Electoral de la entidad, Pedro Zamudio Godínez, quien acudió a los trabajos de la comisión, consideró que se trata de una propuesta conveniente y necesaria para reducir costos. Dijo que no se pone en riesgo ningún trabajo y cumplirán en tiempo y forma con la organización.
Aprovechó para pedir a los diputados que lleven a cabo una segunda reforma electoral y acorten el tiempo de cierre del proceso, porque actualmente se prolonga hasta el mes de enero por las impugnaciones que subsisten de las elecciones municipales y ello implica que tengan en funciones órganos desconcentrados durante seis meses sin actividades sustanciales.
Señaló que prueba del gasto de manera cuidadosa son los ahorros que año con año logran a través de compras consolidadas y la búsqueda de mejores precios. Esto les permitió devolver al erario en 2015 137 millones de pesos, otros 66 millones en 2016, 181 millones en 2017 y 268 millones en 2018. En 2019 y este año, por los recortes, el logro ha sido y será terminar en números negros.
Esta propuesta, presentada por la diputada Karina Labastida Sotelo, busca racionalizar el gasto que se lleva a cabo actualmente sin ser necesario, por ejemplo, la contratación de más de mil vocales y consejeros para las 125 juntas municipales y 45 distritales, así como la renta de 170 edificios y la operación de los mismos durante dos o tres meses en este año.
“Si se van hasta enero nos ahorraríamos rentas de 170 inmuebles, dos meses de salarios servidores públicos que en realidad se requieren hasta el siguiente año”, ya que las elecciones se llevan a cabo hasta junio del siguiente año.
Durante la comisión, la diputada Brenda Escamilla, del PAN, puso en la mesa la posibilidad de que el ahorro que generará este año el IEEM fuera entregado a la Secretaría de Finanzas para que ésta lo destinara a mitigar las repercusiones del COVID-19 en la entidad.
Para ello pidió incluir un artículo transitorio que no fue avalado ni discutido por los legisladores, por lo cual quedó descartado. Fuera de comisiones los diputados comentaron que no tienen facultades para condicionar un recurso que ni siquiera existe, porque de nueva cuenta se recortó el presupuesto al órgano electoral y apenas podrá terminar el año sin déficit.
A la iniciativa de Morena se sumó el coordinador del PAN, Anuar Azar Figueroa, en la misma tesitura de reducir gastos en época de crisis.