El congreso del Estado de México aprobó por unanimidad el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia de combate a la corrupción -remitido por el Senado-, que crea el Sistema Nacional Anticorrupción; los diputados coincidieron que se trata de un tema urgente para el país.
La entidad mexiquense fue la primera de los estados en aprobar el documento que permitirá a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizar los recursos que ejercen estados, municipios, sindicatos, partidos y demás entes que reciban dinero público, con lo que se fortalece el tema de la propia fiscalización.
La prescripción de responsabilidad administrativa por causas graves no será menor a 7 años y es para identificar prevenir investigar y sancionar actos de corrupción en servidores públicos y particulares.
Otra de las atribuciones del Sistema nacional es que el Tribunal de Justicia Administrativa, retrasa la prescripción de delitos graves de corrupción y prevé sanciones a particulares en casos de este tipo.
Este será una instancia coordinadora con las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno, de igual forma también serán públicos los informes de auditoría de las entidades fiscalizadoras en los estados y en el DF.
Los grupos parlamentarios de Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) señalaron que existen limitaciones en el nuevo sistema porque no se les retira el fuero que poseen los representantes populares, ni el sistema nacional anticorrupción podrá aplicarse al presidente de la República.
Fue la diputada del PRD, Xóchitl Arzola Vargas, quien comentó que la iniciativa es indispensable por los escándalos en el ejercicio público sobre viajes de familia, las fortunas injustificadas y las adquisiciones sospechosas de inmuebles contribuyen al hartazgo generalizado de una sociedad que enfrenta graves condiciones económicas y rezagos estructurales.