Toluca, México; 9 de agosto de 2018. Las comisiones unidades de la LIX Legislatura del Estado de México aprobaron la reforma a las leyes del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios y a la Orgánica Municipal, mediante las que se pretende que los Ayuntamientos mexiquense destinen una parte de su presupuesto anual para el pago de laudos por sentencias en juicios laborales de administraciones anteriores.
El pleno cameral discutió la minuta ayer y fue turnada al pleno del Poder Legislativo del Estado de México para su validación definitiva y eventual promulgación.
“Para prevenir la acumulación de asuntos […] se incluyen la caducidad del juicio por inactividad procesal de 120 días, la participación de los terceros interesados en la etapa de depuración procesal, las notificaciones vía correo electrónico, el incidente de suspensión de salarios vencidos, la aplicación de multas a las partes que presenten en el juicio documentos o testigos falsos y a los titulares de los demandados que promuevan acciones notoriamente improcedentes”, informó el Congreso a través de un comunicado.
El pasado mes de marzo, el secretario del Trabajo del Estado de México, indicó que 70 municipios de la entidad adeudan 2 mil millones de pesos por concepto de laudos, y que cinco cabildos mexiquenses presentan la misma situación que la de la administración de Coacalco, cuyo presidente municipal, Erwin Castelán Enríquez, fue removido del cargo el pasado mes de enero, por el desacato a una orden judicial que obligó al Ayuntamiento a pagar a un trabajador del Ayuntamiento despedido injustificadamente en una administración pasada.
La reforma, propuesta por el coordinador del Grupo Parlamentario de nueva Alianza, Aquiles Cortés López, obligaría a los Ayuntamientos a destinar un porcentaje de sus recursos anuales para cubrir las obligaciones de pago de laudos de administraciones pasadas y a emitir un informe mensual sobre la situación de los juicios laborales de las administraciones municipales.
La minuta también estipula que quedan a salvo de un eventual embargo por incumplimiento de pago la maquinaria, los vehículos e instrumentos de los organismos de salud y protección civil, y que para el caso de los incumplimientos de los laudos se impondrán a los responsables multas de 100 mil a mil días del valor de la unidad de Medida y Actualización como multa.
La propuesta de ley también establece que las aportaciones y participaciones de la federación no podrán ser usadas como garantía de pago. “Respecto a la diligencia de embargo contra las instituciones, se prioriza el señalamiento de bienes tangibles y de fácil realización, y se exceptúan en su ejecución las cuentas que provengan de participaciones y aportaciones federales”.