Por: Jeanette Estrada
La desaparición de mujeres en el Estado de México es un situación latente y el alto número de casos que se registran en la entidad lo confirman: de 2016 a la fecha 17 mil 746 mujeres, niñas y adolescente no regresaron a sus hogares.
De los últimos 6 años, el 2019 fue el que registró mayor número con 3 mil 614 mujeres. De acuerdo con las alertas emitidas por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem), en 2020 fueron desaparecidas 2 mil 954 mujeres y en lo que va del 2021 se han emitido 2 mil 290 alertas.
Aunque 80 por ciento [14 mil 333] de las desaparecidas han sido localizadas —la mayoría de ellas con vida—, de 2016 a la fecha se desconoce el paradero de 3 mil 413 mujeres. Si bien las cifras muestran que han disminuido los casos, no es significativa y las desapariciones persisten en la entidad.
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Por esta razón, es importante visibilizar algunas de las causas de esta problemática y preguntarnos: cuáles son los problemas sociales que se esconden detrás estas cifras y por qué esta forma de violencia ha disminuido ligeramente, a pesar de los protocolos y mecanismos declarados en el Edomex.
Un problema multisocial
La desaparición de mujeres es un problema que obedece a múltiples factores: contextos de marginación, pobreza, violencia intrafamiliar, desigualdad social, machismo, violencia de género y negligencia institucional.
Todos estos fenómenos, en conjunto, se convierten en tierra de cultivo para la desaparición de mujeres y otras formas de violencia, explica en entrevista Angélica Cortés Neri, antropóloga social y realiza un proyecto de investigación sobre desaparición de niñas, adolescentes y mujeres.
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“No es un fenómeno aislado, está relacionado con otras situaciones […], por ejemplo, la violencia contra las mujeres […]. La violencia se intercala o se intersecciona con algunas otras categorías como la edad, el contexto, la clase social”, precisó.
La articulación de estas categorías provoca que las mujeres tengan mayor grado de vulnerabilidad en determinados territorios y contextos.
De acuerdo con una investigación de Amnistía Internacional México, el Edomex es el estado con menor calidad comunitaria del país: sus tasas de equipamiento recreativo, cultural y centros comunitarios son menores a las nacionales, lo cual refleja “la insuficiencia de espacios para la convivencia y el desarrollo comunitario”.
Asimismo, se detalla que el porcentaje de percepción de inseguridad es alto, pero la ciudadanía no denuncia los delitos ni la violencia por miedo,y porque creen que las autoridades son corruptas.
En el artículo “Desaparición de mujeres y niñas en México: aportes desde los feminismos para entender procesos macrosociales”, las autoras explican que las desapariciones tienen su raíz en contextos de carencias sociales y miseria, provocados por el modelo económico desigual.
Es decir que la pobreza y desigualdad social también son una forma de violencia contra las mujeres, ya que agudizan la explotación de su trabajo y desvalorización de su cuerpo, por lo que “todas estas formas de violencia sistemáticas son el caldo de cultivo para las desapariciones de mujeres y feminicidios”.
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Por lo anterior expertos y feministas cataloguan esta problemática como una emergencia nacional.
Negligencia institucional
A estas circunstancias se añaden la negligencia e impunidad de las instituciones encargadas de buscar a las mujeres que fueron desaparecidas. A las violencias sociales y estructurales se suma la violencia de las dependencias gubernamentales.
Cortés Neri sostiene que la falta de sensibilidad y perspectiva de género retrasa la búsqueda e investigaciones.
“Hay fallas estructurales dentro de la misma institución […]. Hace falta personal para la carga de trabajo que hay, […] el dinero que esté destinado para gastos de investigación no está bajando a las áreas donde debería, hay casos de corrupción”.
A nivel nacional existe la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia y las recomendaciones del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer que, junto con diversos protocolos, son una guía para que las instituciones públicas garanticen los derechos y la seguridad de las mujeres; sin embargo, no son aplicados.
“Los mecanismos están bien elaborados, pero los problemas radican en las instituciones, si realmente se llevaron a cabo los protocolos se podría reducir muchísimo [el problema], no podría hablar de erradicación, porque entonces tendríamos que hablar de erradicación de la violencia, pero sí disminuirían bastante los números de desaparición de mujeres”, dice Cortés Neri.
Cuando las familias acuden a denunciar, las autoridades se muestran insensibles y, en muchos casos, revictimizan a las mujeres desaparecidas y a sus allegados, pues minimizan el problema y violan los derechos humanos de las víctimas.
Durante mucho tiempo se ha utilizado el término “No Localizadas” para referirse a las mujeres que “se van de manera voluntaria”, una muestra de falta sensibilidad y perspectiva de género que invisibiliza las violencias previas y pone en riesgo la vida de las mujeres desaparecidas al no activar protocolos para iniciar su búsqueda.
Además, existe desconocimiento sobre los derechos que tienen las víctimas, que sumados a las negligencias en las investigaciones pueden terminar en feminicidio:
“Las madres que buscan a sus hijas no saben que hay instituciones que pueden ayudarlas o que tienen la obligación de ayudarlas. Entonces, estos números de desaparición muchas veces se convierten en números de feminicidio porque no hay denuncias, porque antes de que una mujer [sea asesinada], hay un sin fin de violencias y esas violencias tienen que ver o se conecta con las desapariciones”, señala Cortes Neri.
De hecho, el análisis realizado por Amnistía Internacional constata que las investigaciones penales de los feminicidios precedidos de desaparición en el Edomex son deficientes y revictimizantes:
“Viola los derechos de acceso a la justicia, a la protección judicial y a obtener una reparación justa y eficaz de las familias, los derechos del niño cuando la víctima es menor de edad, y el derecho a la integridad personal cuando los familiares de la víctima sufren la negligencia o inacción del Estado con respecto a la investigación del caso”.
El caso de Ana Laura
El 22 de octubre del 2020, Ana Laura, de 39 años, salió por la mañana de su domicilio rumbo al trabajo, fue la última vez que su familia supo de ella. Este 2021 se cumple un año de su desaparición, y las autoridades todavía desconocen su paradero.
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Ana Laura “en ese entonces se dedicaba a trabajar, estaba casi al 100 por ciento de tiempo en su casa o trabajando. Le gustaba mucho la música, el cine, las películas. Era una persona muy alegre, siempre en donde estaba trataba de alegrar a las personas”, narra su hija Greta.
De acuerdo con Greta, su madre quedó de ir a comer a la casa de su abuela por la tarde, pero no llegó. El día 23 de octubre por la mañana intentaron contactarla, marcaron a su celular, pero tampoco atendió.
La familia se preocupó y fueron al Centro de Justicia para las Mujeres, ubicado en Toluca, a levantar una denuncia por su desaparición. La alerta de búsqueda se emitió y desde ahí comenzaron las investigaciones. Greta explica que las autoridades fueron omisas ante la desaparición de su madre, porque después de una semana de que fue desaparecida todavía no tenían respuesta.
Entonces, comenzó a organizar una movilización en la ciudad de Toluca, pero fue a raíz del “movimiento en las redes sociales” que la fiscal de género, Dilcya García, se contactó con la familia:
“Tuvimos una platica con ella en donde nos dio su palabra de que iba a hacer todo lo posible […], pero en realidad solo fue para que ya nos tranquilizáramos y no hiciéramos nada porque hasta el momento [Dilcya] no ha tenido ningún tipo de contacto con nosotros”, explica.
Las cámaras de seguridad ubicadas frente a la casa de Ana Laura grabaron el momento en que fue privada de la libertad y también a los responsables: dos hombres la subieron a la fuerza a un automóvil y se la llevaron.
La ubicación de su celular arrojó una localización en Ixtlahuaca, donde vivía Valentín “N”, uno de los responsables y expareja de Ana Laura. Ella había denunciado en dos ocasiones a Valentín por violencia. La primera carpeta de investigación iniciada fue a finales del 2019 por privación de la libertad, “porque la tenía secuestrada en su casa y ella logró escapar”.
La segunda fue por lesiones, Valentín N “la lastimó mucho del cuerpo, la dejó toda marcada”. En esa ocasión la golpeó, la violó, intentó matarla, la roció con gasolina; sin embargo, las autoridades no “hicieron nada, solo se quedó el archivo y eso fue todo”.
“Mi mamá tenía un protocolo para que [policías estuvieran] fuera de su casa cuidándola, pero solo duró tres días y después ya no fueron a cuidarla”, señala Greta y agrega que Ana Laura vivía con miedo porque temía que Valentín le hiciera daño, sus familiares creen así fue.
Valentín “N” está preso y enfrentará un juicio por la desaparición de Ana Laura, pero no ha dicho dónde está. La familia ya no tiene esperanzas de encontrarla con vida, pero quieren encontrar su cuerpo para despedirla.
Por la desaparición de Ana, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem) registró el río Lerma porque la familia escuchó rumores de que su cuerpo se encontraba ahí. No la encontraron.
La Cobupem se comprometió a realizar una segunda búsqueda con más equipo, “pero hasta ahí se quedó”.
“Me quitaron el apoyo después de que […] en redes sociales comencé a acusar a Valentín y puse su fotografía. Entonces, a mí me dijeron: ‘¿sabes qué? Tú no puedes hacer eso, hasta aquí llega nuestra ayuda’”, dice Greta.
Ahora, la familia de Ana Laura está en espera de la audiencia final que prevé se realizará a principios de octubre. En ella se dictará sentencia para Valentín por el delito de desaparición, porque no hay un cuerpo que testifique que hubo un feminicidio.
