Dalia Santana Pineda, alcaldesa de Huetamo, del estado de Michoacán, fue arrestada el jueves bajo cargos de homicidio y extorsión y de mantener vínculos con el Cártel de los Caballeros Templarios.
El Procurador General de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro, en un comunicado de prensa expuso que "se pudo establecer que la funcionaria municipal ordenó que fuera privado de la vida Antonio Granados Gómez, hecho ocurrido el 9 de abril de 2013, en la ciudad de Huetamo".
El fallecido, amigo personal de la alcaldesa, fue citado en un restaurante chino de la vecina localidad de San Antonio Tomatlán y mientras desayunaba fue asesinado de varios disparos por un miembro de los Caballeros Templarios, según las investigaciones.
También se ha hecho público que la alcaldesa extorsionaba a los empleados municipales exigiéndoles un 20% del sueldo y a ciertos comerciantes de la localidad con el objetivo de entregárselo directamente a Servando Gómez, más conocido como "La Tuta", líder de los Caballeros Templarios.
Con el arresto de la alcaldesa de Huetamo, ya son cuatro los presidentes municipales del estado de Michoacán detenidos en lo que va de año.
Los de las ciudades de Aguililla, Apatzingan y Lázaro Cárdenas son los otros alcaldes a los que se acusa de vínculos con el cártel de narcotráfico y extorsión liderado por Servando Gómez. También el exsecretario de gobierno del estado está detenido bajo la acusación de colaborar con el cártel.
La detención de la alcaldesa confirma el amplio control que el cartel ha mantenido de diversas áreas del estado -incluidas gubernamentales- al menos hasta febrero de 2013, cuando surgieron los primeros grupos de autodefensa civiles y comenzaron a enfrentarse a la organización.
Desde hace años se han divulgado reportes de presuntos vínculos entre políticos de Michoacán y narcotraficantes, aunque esfuerzos previos para investigar y llevar esos casos a la justicia no han prosperado.
En 2009, el gobierno federal detuvo a 12 alcaldes y 23 funcionarios estatales por supuestamente ayudar al cartel de La Familia, aunque dos años después los 35 fueron exonerados.
(Con información de AP)