El martes 21 de julio por la mañana, a la altura de la Marquesa, de la carretera Toluca México, viajando con amigos del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM) a Ecatepec, la estación de radio sintonizada daba las noticias del día, de repente y de manera sorpresiva interrumpió su programación habitual, para transmitir en vivo la reunión casi secreta, según se comentó, que encabezaban Gabino Cué, gobernador de Oaxaca y Emilio Chuayffet, Secretario de Educación Pública, que se llevaba a cabo en ese momento en Tlalixtac de Cabrera, de la misma entidad que habitó Benito Juárez.
El gobernador confeso de haber sido rebasado por la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), anunciaba la creación de otra versión del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), ahora convertida en un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, asegurando autonomía de gestión, algo parecido a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), que administra a los ex maestros federalizados, quienes fueron eliminados de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, el dieciséis de diciembre de dos mil catorce; en trabajo reformador nocturno, los diputados locales salientes derogaron todos los artículos que los refería en la ley citada, determinando que a partir de ese entonces, dependerían directamente de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
La novedad del nuevo IEEPO, fue la integración de una junta de gobierno con derecho de voz y voto a los secretarios de gobernación, finanzas, salud, administración, desarrollo social y humano, las culturas y las artes de Oaxaca; únicamente con derecho a voz, un representante de la Secretaría de Educación Pública Federal, para la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
La estructura de administración anterior, quedo derogada, los funcionarios impuestos por la CNTE en mandos medios del Instituto versión 1992, ya no firmaran más nombramientos, tampoco validaran las nóminas de pago, tal y como lo hacen en el estado de México, los improvisados egresados del SMSEM, que son propuestos para fungir como funcionarios ─subdirectores centrales y regionales─, que hasta la fecha siguen firmando nombramientos a sus recomendados y autorizando sus pagos en el formato único de movimientos, mejor conocidos como FUM, con todas las implicaciones de corrupción que se rumoran en los pasillos de las oficinas centrales administrativas y sindicales, alejados de cualquier planteamiento de política educativa que mejore a las escuelas públicas.
Lo anterior explica las condiciones nada favorables de las escuelas públicas estatales, que han ido a la baja, debido a la gran cantidad de recomendados sin perfil, ni preparación, impuestos desde la administración local, concatenados al sindicato oficial, por lo que resultaría legal y estratégico, practicar una auditoria a todas las plazas docentes otorgadas en los últimos años, para detectar cuantos familiares y amigos de los directores generales, subdirectores regionales y centrales han sido beneficiados sin tener la preparación requerida, mucho menos los merecimientos que establece la ley, para desempeñar las funciones en que fueron nombrados; no es asunto menor, sobre todo si la Secretaría de Educación Pública estatal, en cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, decide hacer cumplir las leyes inherentes en materia educativa, para construir otro panorama educativo en la entidad.
De continuar en la lógica descrita, es decir, atados a lo estrictamente local, resulta intrascendente la nueva visión que se proyecta en materia educativa, hacia 2030 por la UNESCO, que concentra los objetivos de desarrollo sostenible y se propone “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, recuperando el carácter humanista de la educación, sobre todo cuando en las legislaciones de muchos países, se reconoce como un derecho humano que garantizan sus Constituciones.
En nuestro país el artículo Primero Constitucional, determina que en “…los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.”, perfectamente relacionado con el artículo Tercero de nuestra Carta Magna, que mandata, “todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.”, y por si quedara alguna duda, el artículo Cuarto establece, “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación…”, sobre todo, ahora que está anunciada una educación de calidad, que no se cumple con la contratación de recomendados, que no cuentan con la preparación profesional, ni el perfil docente para las funciones educativas inherentes a los nombramientos, que les emiten los titulares de los mandos medios de la administración pública estatal y sus salarios correspondiente. Simplemente, así no se puede.
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