Toluca, México; 2 de mayo de 2018. Para el momento en que el representante legal del Estado mexicano, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, aceptara condicionadamente frente a la Corte Interamericana que, en efecto, el operativo desplegado en la comunidad de San Salvador Atenco en 2006 estuvo revestido de violencia, abuso de autoridad, crímenes de lesa humanidad y severas violaciones a los derechos humanos, el rebate de su contraparte en la corte fue inminente y fulminante: “el Estado ha sostenido que consignó y acusó a 52 personas, pero decenas de estas acusaciones han sido descartadas por los tribunales y a 11 años no hay ningún funcionario sentenciado”, esgrimió Stephanie Brewer, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Era 2017, sin embargo hoy el presente es el mismo.
207 personas detenidas — de las cuales 146 fueron arbitrarias , entre ellas 10 menores de edad —, 5 extranjeros expulsados, 26 violaciones sexuales, múltiples denuncias y condenas de carácter internacional, tres sentencias desmedidas contra representantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), 131 alumnos de la Ibero (más uno simbolizado en cada uno de los mexicanos a través de una campaña viral), un proyecto de aeropuerto internacional que con cada día concreta más su realización, 2 legislaciones que legitiman el brutal empleo de las fuerzas públicas y sólo 26 policías expulsados, actualmente el panorama de justicia en México dista un largo trecho de cumplir con las exigencias de un Estado de Derecho democrático, así como han intentado apuntalarlo las recomendaciones emitidas por las múltiples comisiones de derechos humanos y otras organizaciones no gubernamentales.
Foto: AP.
El sistema de justicia mexicana no sólo es un rotundo fracaso, sino que es una tragedia que le cuesta la vida, literal y figurativamente, a cada individuo que alguna vez ha sido víctima de un delito y los procesos fallan cada vez en impartir la retribución correspondiente. Testimonio de ello puede ser encontrado en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde al menos aquí en el Estado de México, la entidad más violenta del país, el índice de actividad delictiva se mantiene oscilando entre el 40 y el 45 %, mucho más que en estados como Nuevo León, donde, además, la violencia es una constante en cada uno de los crímenes que acontecen en la entidad mexiquense.
Muestra más contundente aún resultó la respuesta de las autoridades a las denuncias de las mujeres que fueron abusadas sexualmente por elementos de las policías estatales y municipales durante el operativo desplegado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, orquestado por el ahora retirado almirante y fundador de la PFP y la ASE, Wilfrido Robledo Madrid, el 4 de mayo en San Salvador Atenco, donde la justicia mexicana optó por investigar a las víctimas antes que a los presuntos responsables.
Como señaló Brewer durante el juicio en el que petrificó el tibio reconocimiento de responsabilidades de Ruiz Cabañas, ningún alto funcionario no sólo no ha sido sometido a proceso, sino que ni siquiera ha sido objeto de escrutinio investigativo oficial, tarea que sólo el periodismo asumió como propia para llenar ese vacío en donde las autoridades han quedado a deber unas veces sí y otras también.
Muy a pesar de que el gobierno mexicano declaró en 2013 asumir su parte en lo sucedido, después de siete años de presión generalizada y uno de los procesos electorales más turbios en la historia moderna del país, el intento por resarcir el daño fue para algunos un paliativo superficial que no atendía los verdaderos problemas que achacan al aparato gubernamental y que hasta este momento siguen contaminando a las instituciones, mismas que nunca pudieron aclarar cabalmente lo sucedido con los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, por conducir una investigación plagada de irregularidades, omisiones y hasta malas intenciones, como lo demostró el equipo forense contratado fuera del país para auxiliar a los nacionales y que pusieron en evidencia la flagrante manipulación de muestras y evidencias.
Entre aquellos que señalaron la insuficiente labor del gobierno se encontraron 11 mujeres, hoy conocidas como “Las mujeres de Atenco”, que se han convertido en símbolo inequívoco de la violencia de género que azota de manera generalizada al país y que es, a su vez, la característica que trascendió para definir el crimen de lesa humanidad más distinguido del operativo en el municipio de San Salvador.
Foto: Daniel Berehulak.
No fueron las autoridades, no fueron las investigaciones ni mucho menos fue la pulcra imagen de Enrique Peña Nieto en aquella portada de la Times quienes llamaron la atención de los observatorios de derechos humanos internacionales para intervenir en el proceso, sino fue la demanda que interpusieron estas mujeres frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), audiencia que se celebró en noviembre del año pasado y en la que argumentaron, cada uno en representación de las partes correspondientes, Ruiz Cabañas en ominosa defensa del Estado y Brewer en sostenida defensa de las víctimas. Peña Nieto, del que también se anunció su investigación luego de que la CoIDH tomara el caso, ha visitado el municipio desde entonces ya como presidente; sin embargo, ni él ni los medios que cubrieron la visita dijeron algo sobre el abuso o las violaciones, pero sí sobre supuestos programas sociales en beneficio de la educación en la zona.
Por otro lado, uno de los acontecimientos más significativos que preceden a los eventos de 2006 y que tensionó las relaciones entre fuerzas del estado y habitantes tanto de Atenco como de Texcoco sucede en el momento en el que Vicente Fox, entonces presidente, anuncia la construcción de un nuevo aeropuerto internacional que será situado en este segundo municipio, momento en el que los habitantes que se verían afectados por este megaproyecto formaron el FPDT para contrarrestar los intereses particulares de las esferas políticas y oponerse activamente al despojo de tierras, mismas que en este momento ya albergan los avances de construcción para lo que será en unos años el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Un proyecto que se desarrolla en medio de un proceso turbulento, ríspido y opaco.
Foto: Yuri Cortez. Getty images.
A doce años de los disturbios en Atenco, el impacto que éstos han producido despertó la indignación dentro y fuera del país en mismas cantidades. Si bien el gobierno argumenta que ha perseguido a los responsables, después de años de una investigación ya estancada o entorpecida, la corte encontró que los esfuerzos fueron tardos y por demás inadecuados, pues sólo treinta y cuatro oficiales de bajo rango fueron enjuiciados en agosto de 2016. El caso de las víctimas, “las mujeres de Atenco”, hasta este momento continúa dejando una profunda herida en la historia contemporánea de nuestro país, recibiendo cobertura internacional donde han declarado que “no he podido superarlo, ni siquiera un poco”, en palabras de María Patricia Romero de 38 años, o que “mis planes de vida han sido arruinados. Después de lo que pasó, sólo he aprendido a volver a vivir”, declaró Bárbara Italia Méndez, ambas para el New York Times.