El Congreso del Estado de México aprobó la reforma constitucional que exigirá tener únicamente la nacionalidad mexicana a quienes busquen ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Esta minuta enviada por el Senado recibió 57 votos a favor y 17 en contra.
Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde respaldaron la modificación, mientras que el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra. Brenda Colette Miranda Vargas, diputada de Morena, presentó el documento ante el pleno de la LXII Legislatura.
Octavio Martínez Vargas y Maurilio Hernández, ambos de Morena, defendieron la reforma junto con el coordinador parlamentario del PT, Óscar González Yáñez. Los tres coincidieron en que los titulares de los poderes ejecutivos deben mantener un vínculo jurídico exclusivo con México para evitar que las decisiones de gobierno se encuentren sujetas a intereses de otro país.

Martínez Vargas aseguró que la propuesta respeta a los mexicanos que viven en Estados Unidos y no les impide competir por esos cargos, siempre que renuncien previamente a su segunda nacionalidad. Al recordar el aniversario del natalicio de José María Morelos, afirmó que la medida busca proteger la independencia y evitar que una persona con intereses ajenos a México llegue a gobernar una entidad o el país.
Maurilio Hernández relacionó la modificación con la defensa de la soberanía y sostuvo que las políticas neoliberales facilitaron la intervención de intereses extranjeros. Óscar González añadió que el mensaje también está dirigido al gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump, ante lo que consideró una intención de intervenir en las decisiones políticas mexicanas.
Las críticas fueron planteadas por María Mercedes Colín Guadarrama, del PRI, así como por Maricela Beltrán Sánchez y Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano. Sus bancadas señalaron que tener dos nacionalidades no representa, por sí mismo, una falta de lealtad y cuestionaron que esa condición se utilice para limitar el derecho a ser votado.

Los cambios a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución federal no eliminan la doble nacionalidad para el resto de la población, sino que su alcance se limita a quienes quieran encabezar el Ejecutivo federal, un gobierno estatal o la administración de la Ciudad de México.
Las personas interesadas en esos cargos deberán renunciar a la nacionalidad extranjera antes de solicitar su registro como candidatas.
Si resultan electas, tampoco podrán adquirir otra ciudadanía, utilizar pasaportes o identificaciones expedidas por otro Estado, ejercer derechos políticos en el extranjero ni solicitar la protección diplomática de otro gobierno. Estas disposiciones comenzarán a aplicarse en 2028 y no afectarán a quienes actualmente desempeñan esas funciones.
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