No se puede acabar con la violación a los derechos humanos por una determinación política, mencionó Jim Cavallaro –relator de la CIDH para México e integrante del GIEI–, lo que se tiene que hacer es entender, estudiar y analizar cómo y porqué acontecen, cómo y porqué la justicia no funciona… “hay que quebrar el ciclo de impunidad”.
Y es que aunque, luego de la entrada a la presidencia de Andrés Manuel López se creó una Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, en el Caso Ayotzinapa hasta este momento, todo sigue sin respuestas, sin castigo, en la impunidad.
El dolor inconmensurable
La magnitud de lo que sucedió en Iguala la madrugada del 26 de septiembre del 2014 es inconmensurable, tal como lo es el dolor, la incertidumbre, la ira que se percibe en cada palabra que emiten los padres de los 43 muchachos desaparecidos; una inconmensurable impunidad que, desde hace seis años, se cierne sobre el tema.
Numerosas son las voces y declaraciones que al respecto se han vertido desde entonces por parte del Estado: algunas que han evidenciado noticias falsas, omisiones, displicencia, protección de culpables, corrupción.
Por parte de los familiares y organizaciones solidarias: voces que reiteran el dolor, el aprendizaje, la búsqueda desesperada.
Y una sociedad civil dividida entre la que asume la desaparición como una gravísima violación a los derechos humanos y la que revictimiza a los estudiantes y justifica una acción, desde cualquier perspectiva, injustificable.
Ayotzinapa y el anterior régimen
Largas justificaciones desde que sucedieron las cosas, la declaración del entonces presidente Enrique Peña fue tardía; de inicio existió una negación rotunda de la participación de las fuerzas federales y de la milicia. Mucho silencio, enmarcado por la prepotencia de José Murillo Karam, entonces procurador general de la república, quien presentó una “verdad histórica” inverosímil, lógicamente rebatida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes en su labor, muchas veces obstaculizada, descubrieron ocultamientos e inconsistencias.
En la sociedad civil, en un primer momento, hubo un vuelco a las calles; el hartazgo exacerbado y la petición a acabar con la impunidad y de regresarlos vivos: la desaparición forzada de 43 muchachos era un extremo, un caso terrible y doloroso.
El Estado le apostó al olvido, a dejar correr el tiempo, se comprometió con una “verdad histórica” que a grandes rasgos decía: los muchachos fueron asesinados por un grupo de la delincuencia organizada; 39 confesiones lo probaban. Nada más. Los documentos y las pruebas se ocultaron, las que evidenciaban que hubo presencia del ejército se omitieron, la ropa que se llevó a las Fiscalía jamás se revisó; los videos fueron borrados y lo que quedaron fueron vedados: los muchachos –insistían– habían sido cremados en un basurero de Cocula.
El informe del GIEI desmintió científicamente la “verdad histórica”. No era posible. Las inconsistencias iban de la imposibilidad de calcinar tantos cuerpos, hasta la localización de los celulares de los muchachos en la Zona Militar de Iguala; de confesiones obtenidas con tortura hasta las relaciones del torturador con la presidencia de México. Nada cuadraba.
Existe también la versión de la periodista Anabel Hernández, quien señala: dos de los camiones que los normalistas secuestraron para asistir a la marcha del 2 de octubre traían un cargamento de heroína por un valor de 2 millones de dólares. Ese habría sido el motivo por lo que esos autobuses importaban tanto.
Enrique Peña dejó la presidencia en 2018 aferrado a una falsa verdad histórica, deshecha.
Un nuevo régimen
Con la llegada de un nuevo régimen a México se crea la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, como la encargada de proveer a los familiares de las víctimas y sus asesores, funcionaría como parte coadyuvante de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República.
Los padres de los muchachos desaparecidos pudieron, por fin, entrar a la Cámara de Diputados para exponer el caso. Su esperanza se renovó cuando Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, admitió que la “verdad histórica” no era cierta.
En junio pasado, un juez federal vinculó a proceso a José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos –acusado de estar involucrado en la desaparición de los 43 normalistas–. No obstante, un juzgado del Estado de México determinó su libertad y, aunque fue nuevamente apresado, la nueva orden de aprehensión no está relacionada con el caso Ayotzinapa.
En julio pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la identificación de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 normalistas. El hallazgo no se hizo en el basurero de Cocula, ni en el río San Juan, como refería la primera investigación. Hay total hermetismo en la nueva información generada.
En una jornada que los familiares de los estudiantes desaparecidos han emprendido, se ha mantenido la exigencia de hallarlos vivos; han pasado seis años y ellos se han manifestado, al menos, afuera de la Corte, de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría. Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes menciona que, si bien hay voluntad política hasta el momento, el caso ya tiene seis años de impunidad.
La frase de Jim Cavallaro cobra relevancia: “No se puede acabar con la violación a los derechos humanos por una determinación política”. También agrega: “creo que México está en un momento en que tiene que aceptar el apoyo internacional […] para poder quebrar el ciclo de impunidad”, entendido como el problema muy grave que es.