Luego de los acontecimientos ocurridos el día 26 de septiembre de 2014, respecto de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Guerrero, la Procuraduría General de la República sigue sosteniendo la versión donde los normalistas fueron entregados a un grupo criminal que los ejecutó y calcinó en el basurero municipal de Cocula, Guerrero; y de igual forma dio a conocer que desde el 4 de octubre de ese mismo año,(fecha en que intervino en la investigación) los avances son:
1.- Existen 130 personas sujetas a proceso, entre los que se encuentran personas relacionadas con células criminales, así como diversos elementos policiacos.
2.- La investigación ha costado un total de 22 millones 415 mil 929 pesos, de los cuales 3.2 millones fueron para el pago de elementos especializados de la SEIDO, 308 mil 236 destinados a la Universidad de Innsbruck en Austria para la identificación de restos óseos, 3 millones 212 mil 840 en viáticos (hospedaje, alimentación y traslados) de elementos de la unidad especializada en investigación del delito de secuestro, y de la SEIDO 2 millones para el Grupo Interdisciplinario de Expertos (GIEI). Destacando que la Secretaría de Gobernación asegura que este dinero no se traduce en una investigación costosa, sino necesaria.
3.- Se han realizado las fichas de identidad que se encuentran conforme a los protocolos internacionales para la búsqueda de personas desaparecidas o ausentes, sin embargo estas fichas se anexaron de forma parcial a la indagatoria debido a que faltan datos que supuestamente los familiares no aportaron.
4.- El uso de tecnología alemana para buscar nuevas fosas.
Ahora bien, por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se realizaron 57 observaciones para que fueran atendidas por la autoridad ministerial, de las cuales solo 8 se han realizado, 33 se encuentran en vías de aplicación y 16 faltan ejecutarse; mientras que por parte del GIEI, de las 941 peticiones, la autoridad informa que se ha atendido el 93 por ciento.
De todo lo anterior podemos concluir que a pesar de todo el dinero destinado a una de las investigaciones más cuestionadas de la historia, siguen quedando muchas interrogantes que no dejan satisfecho a ningún ciudadano, ello debido a la negligencia de diversos servidores públicos que intervinieron en la pesquisa modificando de manera errónea el curso de la misma como Tomás Zerón, a quien nunca se le sancionó pero sí se le dio un nuevo empleo cerca del Presidente.
Lo cierto es, que si el Gobierno Federal quiere reivindicarse ante una ciudadanía cada vez más enojada, debe de hacer las cosas diferentes, trabajar más con los familiares de los desaparecidos, abrir nuevas líneas de investigación, y sobre todo avanzar en las indagatorias, pues en dos años transcurridos, existen más dudas que certezas.