Fidel Argenis Flores Quiroz decidió abandonar la dirección del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo en pleno ciclo escolar. Después de casi tres años en el cargo, presentó una renuncia irrevocable porque, según su propio relato, no le autorizaron determinados nombramientos ni la compra de materiales para laboratorios. Pero en lugar de identificar a los funcionarios responsables de esas decisiones, dirigió sus reproches contra la gobernadora Delfina Gómez.
La carta, fechada el 9 de octubre de 2026, contiene acusaciones sobre presiones partidistas, obstáculos administrativos y prácticas que el académico considera contrarias al proyecto político al que se incorporó. También revela una contradicción: quien llegó al servicio público mediante el equipo que asumió la conducción de Educación Superior termina descalificando al gobierno que le dio la oportunidad de dirigir una institución académica.
Flores Quiroz fue incorporado durante la primera etapa de la administración estatal. Su llegada estuvo vinculada con Juvenal Vargas Muñoz, entonces funcionario de Educación Superior, con quien comparte antecedentes académicos en la Facultad de Humanidades de la UAEMéx. En su escrito también reconoce a Víctor Sánchez como una figura importante en su incorporación al proyecto educativo.
No era un funcionario ajeno a la estructura gubernamental. Formó parte de ella durante casi tres años, tuvo bajo su responsabilidad una institución pública y contó con atribuciones para conducir su desarrollo académico y administrativo.
En la carta asegura que llevaba alrededor de seis meses esperando la autorización para cubrir una jefatura de división. Afirma que su subdirectora académica debía desempeñar funciones adicionales y que las solicitudes para adquirir artículos indispensables para los laboratorios no recibieron respuesta.
También sostiene que fue reprendido por no pintar los edificios del Tecnológico con los colores del partido gobernante. De acreditarse, esa exigencia supondría una interferencia partidista en la administración de una institución educativa. Sin embargo, el exdirector no identifica quién le hizo el señalamiento ni quién habría condicionado las autorizaciones.
El tono cambia cuando pasa de describir los problemas administrativos a cuestionar el proyecto político del gobierno estatal.
«No comparto ese dejo de hipocresía que percibo cuando me dicen que se acabó el tiempo del priísmo», escribió.
En otro pasaje afirma que las viejas prácticas políticas continúan vigentes y que ha perdido la confianza en el cambio prometido. Su reproche más severo lo reserva para Delfina Gómez:
«Sepa ud señora gobernadora, he perdido ese convencimiento, he perdido la esperanza en ud y en el cambio que la mayoría de mexiquenses anhelamos».
La dureza del mensaje contrasta con la ausencia de señalamientos directos contra los funcionarios encargados de conducir el sector donde surgieron los problemas que denuncia.
La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación está encabezada por Miguel Ángel Hernández Espejel. La Subsecretaría de Educación Superior y Normal corresponde a Margarita Rocío Serrano Barrios y la Dirección General de Educación Superior a Guillermo Calderón Vega, quienes asumieron esas responsabilidades en abril de este año.
Flores Quiroz no identifica a ninguno de ellos como responsable de las decisiones que, según afirma, le impidieron trabajar. Tampoco precisa si los nombramientos y las compras dependían de esas oficinas, de otras áreas administrativas o de los órganos de gobierno del propio Tecnológico.
La distinción importa porque el exdirector reconoce expresamente dónde ubica el origen de su desencanto:
«Dicha pérdida de esperanza deviene del grupo que hoy lleva la educación superior».
Es decir, sitúa el problema en la conducción del subsector, pero convierte su renuncia en un reproche personal a la gobernadora. La carta no atribuye a Delfina Gómez una instrucción concreta relacionada con los nombramientos, las adquisiciones o la pintura de los edificios.
Durante su gestión, Flores Quiroz asegura que la matrícula pasó de 1,700 a 2,559 estudiantes, un crecimiento de 50.5%. También menciona la autorización de una maestría, actividades de investigación, estancias internacionales y el fortalecimiento de programas deportivos y artísticos.
Los resultados que enumera requieren corroboración en los registros institucionales. Sin embargo, su propio balance describe una gestión con avances académicos, pese a los obstáculos que afirma haber enfrentado durante los últimos meses.
La decisión de renunciar tiene otra consecuencia: ocurre con el ciclo escolar en marcha. Más de 2,500 estudiantes, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el propio exdirector, permanecen en una institución que deberá resolver la sustitución de su titular, la continuidad de los programas y los asuntos administrativos pendientes.
En el documento solicita que se realice la entrega-recepción a la brevedad, pero no explica qué alternativas intentó antes de presentar su salida definitiva ni qué medidas propuso para garantizar la continuidad de los asuntos que denuncia.
La renuncia ocurre, además, en una Secretaría que ha enfrentado otras controversias administrativas, entre ellas las relacionadas con el Incufide y el expediente de los llamados aviadores. Son asuntos independientes, con hechos y responsabilidades distintos, pero forman parte de los problemas que la dependencia encabezada por Hernández Espejel ha debido atender.
En Valle de Bravo, la controversia exige respuestas de ambas partes. La administración educativa debe aclarar quién tenía facultades para autorizar los nombramientos y las adquisiciones, qué solicitudes recibió y por qué no fueron resueltas. También debe investigar las presiones partidistas denunciadas.
Flores Quiroz, por su parte, tendría que precisar nombres, fechas y documentos. Su afirmación de que no participará en actos de corrupción expresa una postura personal, pero no demuestra que se haya cometido alguno ni permite establecer responsabilidades.
El académico tuvo derecho a renunciar. También tuvo, durante casi tres años, la responsabilidad de conducir una institución pública que no puede depender de la permanencia o el desencanto de un funcionario.
La carta deja una paradoja. Flores Quiroz reconoce que fue incorporado al proyecto educativo del actual gobierno, presume los resultados obtenidos durante su gestión y, ante los obstáculos de los últimos seis meses, decide marcharse. Sus reproches alcanzan a la gobernadora, pero los responsables administrativos de las decisiones cuestionadas permanecen sin identificar.
Mientras se aclara quién negó las autorizaciones y por qué, el Tecnológico deberá continuar sus actividades sin el director que decidió dejarlo a mitad del ciclo escolar.
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