Toluca, México; 29 de noviembre de 2018. Las bancadas de Morena y del Partido Acción Nacional propusieron devolver al congreso local la facultad de calificar la cuenta pública de la entidad, a través de una reforma a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.
La propuesta fue presentada por Morena en voz del diputado Tanech Sánchez González, quien destacó que la legislatura local debe fortalecer la rendición de cuentas y combatir la corrupción en el ejercicio público: “la facultad de calificar la cuenta pública […] dotar a la ciudadanía de un involucramiento necesario en el proceso de fiscalización en nuestro Estado”.
Con ello se pretende vigilar el control financiero del gasto público para evaluar oportunamente los resultados y la aplicación del presupuesto: “la rendición de cuentas públicas se erige como una poderosa herramienta bajo los parámetros de la transparencia y el acceso a la información pública, impulsando la credibilidad de autoridades y funcionarios públicos y dotando de mayor confianza ciudadana al funcionamiento del Estado”, sentenció Tanech González.
El PAN, en voz de Anuar Roberto Azar Figueroa, solicitó crear una Unidad Técnica de Control para evaluar al Órgano Superior de Fiscalización de la entidad (OSFEM), cuyo fin, dijo, será vigilar el desempeño de los recursos públicos “atendiendo a la transparencia y la rendición de cuentas”.
El panista detalló que con esta iniciativa se prevé fiscalizar el ejercicio del gasto de los entes públicos para que sean revisados y calificados por los 75 legisladores antes del 15 de noviembre de cada año: “la naturaleza del poder legislativo no deberá excluirse en la rendición de cuentas, en el manejo de recursos adecuados, calificar la cuenta con los elementos técnicos”.
Ambas iniciativas tienen su origen en el rechazo a los informes de la cuenta pública estatal y municipal que fueron desaprobadas por el congreso local el pasado 15 de noviembre, debido a que se detectaron inconsistencias por al menos 300 millones de pesos por parte del gobierno de Eruviel Ávila y se calificó a 38 programas sociales como “regulares”, “pésimos” y “críticos”. Mientras que en los municipios se encontró que no se podría comprobar el gasto de 3 mil millones de pesos.
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