Ciudad de México.- La disminución de la pobreza y mejorar la educación como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, son difíciles de verificar dado que carecen de parámetros cuantitativos, concluye un estudio realizado por el sistema de indicadores para el seguimiento de políticas del desarrollo del Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores.
El estudio, indica el portal Animal Político, partió de los programas sociales aplicados durante 2014, que fueron entregados por el Gobierno Federal en el “Informe de Ejecución”, en los cuales se explica un supuesto progreso, pero el estudio revela que se trata sólo de “una larga enumeración de acciones gubernamentales, lo que limita su utilidad como instrumento para dar seguimiento y evaluar los avances”.
El estudio elaborado por los investigadores del Instituto Belisario Domínguez evidencia que el combate a la pobreza en este sexenio, que se centra en la Cruzada contra el Hambre, es una estrategia asistencialista y no una política social de “nueva generación”, como prometió la administración que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto.
El informe sólo reporta avances de la Cruzada Nacional contra el Hambre, como “las acciones realizadas para precisar el universo de atención” (5.01 millones de personas) y las emprendidas para los programas que se incluyen en tal estrategia (comedores comunitarios; sistema DIF; tarjeta de apoyo alimentario SINHAMBRE; asistencia alimentaria a familias en desamparo; asistencia alimentaria a sujetos vulnerables, entre otros).
“La larga enumeración de acciones no permite conocer los beneficios específicos –cantidad, frecuencia y calidad (de los alimentos)– que ha recibido la población objetivo”. En todo caso, dice el informe del Senado, “sólo se da cuenta de la contención de la pobreza extrema como resultado, básicamente, de una política de corte asistencial”.
Además, se advierte que se tratan de “acciones remediales”, pero para conseguir mayor impacto en el combate a la pobreza, la población objetivo debería ser incorporada a actividades productivas o al mercado laboral formal, “lo que aumentaría sus posibilidades de ejercicio pleno de los derechos sociales”.
Una de las razones por las que no se puede medir el avance es la diferencia de datos. En el documento “Esquema General de Evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2013-2019” se reporta que la población en pobreza extrema y con carencia por acceso a la alimentación en 2010 era de aproximadamente 7.4 millones; en cambio, en las bases de datos del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ascendía a 8.9 millones de personas en 2010, cifras que también difieren de las reportadas en el informe de ejecución del Ejecutivo que establece que en 2008 había 6.6 millones de personas en pobreza extrema, para 2010 aumentó a 7.8 millones y para 2012 disminuyó a 7 millones.
En lo que respecta a la “calidad educativa”, se indica que ni siquiera existe una definición de ese concepto en el Plan Nacional de Desarrollo y que, por tanto, la carencia de “definiciones sustanciales”, es una “limitación clave para el seguimiento y valoración de las acciones asociadas a la meta México con Educación de Calidad”.
En el estudio, que fue coordinado por los investigadores Jesuswaldo Martínez y Alberto Galindo, se expone que el Gobierno Federal sólo “reseña actividades” derivadas de la reforma a los artículos 3° y 73 de la Constitución (la Reforma educativa), como la creación del Sistema de Información y Gestión Educativa, los concursos de ingreso al servicio profesional docente o el financiamiento en becas y mobiliario.
Esta es la primera vez en la historia del país que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 incluye indicadores específicos para cada uno de los ejes o metas nacionales ahí definidos, pero lo hacen de manera “arbitraria y poco acertada”.
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