Nada escandaliza más que el silencio que cubre los fraudes del Infonavit en el Estado de México. Se trata de uno de los atracos inmobiliarios más grotescos en la historia reciente, y; sin embargo, ni un solo notario ha sido sancionado, ningún despacho ha rendido cuentas, ningún funcionario ha caído. Se vendieron casas hasta cuatro veces, se promovieron juicios sin notificación a los acreditados y se ejecutaron desalojos masivos con la bendición de los tribunales civiles. ¿Quién ordenó esto? ¿Quién firmó los contratos millonarios con los despachos que se enriquecieron con el dolor ajeno? Mientras tanto, la delegada del Infonavit en la entidad, Dayra Vergara Vargas, guarda un silencio de mármol, como si el tiempo por sí solo fuera a limpiar el expediente. No se trata de olvido por descuido, sino de una estrategia: una pedagogía de la impunidad que enseña, con cinismo ejemplar, que en México el crimen no se castiga… se archiva.
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2. Anticorrupción sin dientes: sistema decorativo, resultados nulos
La Secretaría de la Contraloría del Estado de México y el Sistema Estatal Anticorrupción tienen todo… excepto eficacia. Tienen su plataforma digital, su comité ciudadano, su reglamento impecable, sus declaraciones patrimoniales en orden y su discurso listo para los foros. Pero lo que no tienen es una sola investigación relevante, un solo pez chico ni grande atrapado, una red desmantelada, un juicio ejemplar, un castigo contundente. ¿Por qué no funciona? Porque el sistema fue diseñado no para incomodar, sino para simular. Porque los contralores son designados por el mismo poder al que deberían vigilar. Porque en el Estado de México, la corrupción se persigue con discursos, no con expedientes. Y mientras los manuales se actualizan y los portales relucen, la impunidad sigue siendo la verdadera política pública.
Si los corruptos siguen libres, no es por falta de leyes: es por exceso de pactos.
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ISSEMyM: recetas neoliberales para un paciente terminal
La crisis del ISSEMyM es profunda y estructural: desfalcos históricos, mala gestión y omisiones deliberadas. Las calificadoras como Moody’s y HR Ratings insisten en las fórmulas de siempre: subir cuotas, elevar edad de retiro y transitar a esquemas privados. Recetas neoliberales que el gobierno de izquierda de Delfina Gómez no se atreve a rechazar ni a asumir por completo. En medio del naufragio, el director Ignacio Salgado no encarna a un reformador, apenas se desempeña como un administrador prudente de la ruina. No hay castigo a quienes vaciaron las arcas, ni señales de una reforma con rostro social. El dilema es brutal: obedecer a los mercados o enfrentar el costo político del colapso.
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4. Seguridad millonaria, opacidad blindada
La Secretaría de Seguridad del Estado de México dispone en 2025 de 21,596 millones de pesos, una cifra superior a los presupuestos anuales combinados de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Toluca. Sin embargo, no existe un desglose claro, accesible ni puntual sobre cómo se gastan esos recursos. ¿Cuánto se invierte realmente en patrullas, capacitación, inteligencia, prevención o tecnología? ¿Cuánto se destina a gasto corriente, escoltas, consultorías o subcontrataciones? Ni en el portal oficial ni en la gaceta presupuestal se detallan los contratos ni se identifican los proveedores clave. Por salud democrática y por respeto a los contribuyentes mexiquenses, el uso del dinero de la seguridad debería transparentarse con escrúpulo, sin excusas ni candados administrativos.
Porque la construcción de la paz no se logra solo con uniformes y armas, sino con el republicano ejercicio de la rendición de cuentas.
El Estado que vigila debe estar doblemente vigilado.
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5. El púlpito se politiza: la sotana y el poder judicial
El arzobispo de Toluca, Raúl Gómez González, anda más ocupado en defender estructuras terrenales que en evangelizar conciencias. Lejos de limitarse a los asuntos del espíritu, ha asumido una postura abiertamente política al pronunciarse en contra de la transformación del Poder Judicial, advirtiendo supuestos riesgos de populismo y autoritarismo. ¿Quién lo asesora? ¿Desde cuándo la reforma judicial es dogma de fe? La jerarquía eclesiástica mexiquense se alinea así con sectores conservadores que ven en la elección popular de jueces una amenaza al orden tradicional que siempre les ha favorecido. Lo grave no es que opinen, sino que lo hagan vestidos de neutralidad moral mientras defienden privilegios terrenales.
Cuando el altar se vuelve tribuna, ya no se predica: se negocia.
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