A paso lento camina el Poder Judicial del Estado de México, y no al ritmo que demanda la sociedad que clama justicia.
En ello coincidieron los analistas que, cada lunes, participan en la mesa de Cambio Estado de México, que conduce el periodista Mario García Huicochea. En esta ocasión, Aníbal Mejía y Mario García Mendieta intercambiaron reflexiones sobre las deficiencias en el desempeño del Poder Judicial estatal, uno de los más caros del país, que no arroja los resultados que se esperaría dados los abundantes recursos económicos, tecnológicos y en infraestructura con los que cuenta.
Cambio Edomex contó en esta edición con la participación de Paulo Díez Gargari, abogado que ha librado una larga lucha denunciando la explotación del Viaducto Bicentenario sin concesión federal, como corresponde a una vía de esta naturaleza, en perjuicio de la sociedad que debería ser la única beneficiaria de este bien de la Nación.
A estas denuncias, Díez Gargari ha recibido como respuesta diversas vinculaciones a proceso de un juez local; en una de las muchas muestras de corrupción, ineficiencia e incapacidad de quienes integran el Tribunal Superior de Justicia del Edomex, que han echado abajo jueces federales.
El juez local que en numerosas ocasiones ha actuado “por consigna”, como Paulo Díez ha señalado, es Alejandro Martínez Vitela, que saltó a la fama al absolver al presunto abusador sexual de una niña de cuatro años, argumentando que la menor no supo fecha, hora y sitio del delito.
Destacó que la explotación de Viaducto Bicentenario de manera ilegal ha revelado una enorme red de corrupción, y adelantó que apelará la resolución de anular el asunto para que se vincule a proceso a los responsables, y sostuvo que no se detendrá hasta que dicha vía vuelva a ser un bien nacional.
A manera de conclusión, Paulo Díez Gargari consideró que, para tener un mejor Poder Judicial, haría falta información pública clara de los juzgadores, porque como en el caso de Alejandro Martínez Vitela, pesan sobre él órdenes de aprehensión, sin que haya claridad de los delitos.
De igual forma, la revisión de procedimientos de selección de personas juzgadoras y, finalmente, que los Consejos de la Judicatura dejen de ser lo que son: “órganos sin relevancia que se dedican a proteger indeseables”.
Asimismo, los analistas abordaron otros pendientes del Poder Judicial mexiquense, como la respuesta que llevan esperando 292 días, integrantes de la organización Haz Valer Mi Libertad, que exigen en plantón frente a Palacio de Gobierno estatal se revise la probable fabricación de delitos que mantienen ras las rejas a amigos y familiares, sin que haya avances al respecto.
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