Toluca, Méx.- El 30 de junio de 2014; hace exactamente dos años, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitía un comunicado en el que informaba de la muerte de 22 presuntos integrantes del crimen organizado tras un enfrentamiento registrado en un bodega del municipio de Tlatlaya; historia que con el paso de los días y las investigaciones de Organizaciones Civiles y medios extranjeros se desmoronó al descubrirse que en realidad se trató de la masacre de 22 civiles.
La versión de la Sedena corrió rápidamente por los medios de comunicación, el presunto enfrentamiento donde únicamente un militar resultó herido y se logró el rescate de tres personas secuestradas fue el tema del día y considerado un gran golpe al crimen organizado que azota a la zona sur del Estado de México.
Al siguiente día, Eruviel Ávila reconoció públicamente la labor del Ejército Mexicano y aseguró que “en su legítima defensa abatió a los delincuentes”.
DUDAS SOBRE LA VERSIÓN OFICIAL
Los días pasaron y tanto organizaciones civiles como medios de comunicación extranjeros comenzaron a dudar sobre el saldo del enfrentamiento, ¿Cómo era posible que del lado de los militares solo hubiera un herido y del lado rival 22 muertos?.
La agencia de noticias internacional Associated Press (AP) fue el primer medio en hacer públicas las dudas sobre lo que ocurrió realmente en la bodega de Tlatlaya, haciendo evidente que en el lugar no había huellas que indicaran un enfrentamiento; únicamente en la fachada había agujeros de bala que indicaban que los disparos fueron desde afuera.
AP agregó que las huellas de sangre tampoco correspondían a un enfrentamiento; destacando que los disparos se realizaron a poca distancia.
La versión del enfrentamiento terminó por desmoronarse cuando la revista Esquire publicó el testimonio de “Julia”, testigo de lo ocurrido en la bodega y quien señaló que 21 de las 22 personas fueron asesinadas por los militares, luego de haber sido interrogados.
Julia también informó que entre los muertos había una mujer menor de edad a quien identificó como Érika, su hija y describió que durante el primer enfrentamiento una bala la hirió en la pierna pero posteriormente los militares la asesinan.
Así continuaron saliendo a la luz detalles de los hechos, cada uno de ellos confirmaba un fusilamiento y descartaba el enfrentamiento.
DERECHOS HUMANOS RECONOCE 15 EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
Tras revelarse los detalles de lo sucedido en Tlatlaya, la Procuraduría General de la República inició las investigaciones correspondientes, al igual que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien cuatro meses después de los hechos presentó un informe.
En su investigación la CNDH señaló que 8 militares ejecutaron a 15 de las 22 personas, entre las cuales habían dos menores de edad y destacó que todos ellos se habían rendido y estaban desarmados.
El resto de las personas habrían muerto durante el intercambio de disparos, que se dio al inicio del operativo.
Confirmó las sospechas de que la escena de los hechos fue manipulada por los soldados involucrados para hacer parecer que todos murieron durante el enfrentamiento.
La CNDH emitió la recomendación 51/2014 con la que solicita a la Sedena, a la PGR y al gobierno del Estado de México se repare el daño a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes.
A DOS AÑOS EL CASO SE MANTIENE IMPUNE
Este 30 de junio se cumplen dos años de la masacre de los 22 civiles y 15 Organizaciones Civiles através de un comunicado emitido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) denunciaron que “la falta de efectividad de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Poder Judicial de la Federación frente a un Ejército renuente a la rendición de cuentas, llevó a la consolidación de la impunidad, como lo habíamos advertido anteriormente”.
Las ONG’s agregaron que “al día de hoy, ningún responsable de esta grave violación de derechos humanos se encuentra procesado y no se están realizando todas las diligencias necesarias para fincar responsabilidades a todos los niveles”.
Es importante mencionar que en el mes de mayo pasado el Magistrado del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, Adalid Ambriz Landa, decretó la libertad de los tres elementos del Ejército que enfrentaban un proceso penal en el fuero civil por homicidio calificado y encubrimiento.
Lo anterior a decir de las ONG’s es una evidencia de una acusación deficiente y falta de investigación por parte de la Procuraduría federal, además de que hicieron evidente que “a un año de haberse revelado la existencia de la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”, ésta sigue sin ser investigada”.
Por lo que y después de que el Sexto Tribunal Unitario devolvió la investigación a la PGR, exigen “que esta vez las averiguaciones se conduzcan con eficiencia y de acuerdo a los más altos estándares en la materia, de manera que los responsables de esta grave violación a los derechos humanos, respondan ante la justicia”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó este jueves a través de un comunicado que la Recomendación 51/2014 emitida el 21 de octubre de 2014 dirigida a la Sedena, a la PGR y Gobierno del Estado de México “se encuentra formalmente aceptada y ha venido siendo atendida en los puntos que les corresponde, bajo supervisión y seguimiento de este Organismo Nacional”.
Destacó que la Recomendación 51/2014 aún se encuentra con cumplimiento parcial, pues faltan puntos por atender.
En este punto urgió a la PGR “incorpore las evidencias, consideraciones y observaciones contenidas en la Recomendación 51/2014, y la documentación soporte de ello, así como los procesos del Estado de México por tortura relacionados con este caso”.
Finalmente y respecto a las responsabilidades públicas administrativas, ha pedido a las tres autoridades recomendadas prosigan y determinen las probables responsabilidades en que incurrieron los servidores públicos que ejecutaron, ordenaron o toleraron las acciones.