De acuerdo con información publicada este lunes por La Jornada y el Universal familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos advirtieron de un posible convenio entre altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el capitán en retiro del Ejército, José Martínez Crespo –único militar detenido por el caso—, para eximirlo de la responsabilidad de los crímenes contra los estudiantes y sea liberado.
En conferencia de prensa virtual recordaron los compromisos asumidos por el presidente López Obrador, y señalaron que las autoridades deben cumplir con su palabra, de que se hará justicia sin importar quiénes sean los responsables.
Alertaron que hasta el momento el militar no ha sido imputado del delito de desaparición forzada y sólo se han enfocado al de delincuencia organizada, por su posible relación con el cártel de Guerreros Unidos, relacionado con los crímenes contra los normalistas cometidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Agregaron que Martínez Crespo “recabó evidencia de la agresión a los jóvenes, la cual nunca fue entregada ante instancias que investigaban el caso; también existen datos de prueba sólidos de su vínculo con Guerreros Unidos; y han sido publicadas mantas en distintas partes de Iguala que lo señalan de pertenecer a ese grupo delictivo. Por lo tanto, no queda lugar a dudas de su responsabilidad en el caso”.
Por ello, solicitaron que cuanto antes la Fiscalía Especial ejercite acción penal contra el capitán por el delito de desaparición forzada y alertaron que la jerarquía de la Sedena no ha cumplido con lo solicitado por el presidente para entregar toda la información relacionada con los crímenes a las instancias que investigan el caso.
Los familiares enlistaron los puntos por los que consideran que el militar deba ser sujeto a proceso por el caso Ayotzinapa y no sólo por su presunta colaboración con la delincuencia organizada:
“el día de los hechos estuvo al frente de operativos y patrullajes que realizó el Ejército y llegó a los escenarios donde nuestros hijos eran agredidos; estuvo en contacto con los soldados que dieron seguimiento de manera directa y por medio del C4 a nuestros hijos desde su llegada a Iguala, por lo tanto conoció en tiempo real las agresiones que los estudiantes sufrían sin hacer nada para evitarlo”.
“ Exigimos a la Sedena respetar la palabra empeñada por el presidente de la República de no encubrir a nadie y no obstaculizar las investigaciones. Esta institución debe tener claro que elementos adscritos al 27 Batallón de Infantería (con sede en Iguala) están implicados en la agresión a nuestros hijos”.
En ese sentido, demandaron que la jerarquía militar contribuya y transparente la actuación de los soldados aquella noche del 26 de septiembre del 2014, poniendo a disposición de la Fiscalía Especial para el caso de la FGR y de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia todas las evidencias que posee relacionadas a los crímenes.
-Niega Encinas fracaso en tono a ordenes de aprehensión de militares-
En el marco de la conferencia de prensa de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, rechazó que las autoridades que investigan el caso de los normalistas hayan fracasado en obtener la detención de dos militares presuntamente involucrados en la desaparición forzada de los jóvenes.
El funcionario federal, quien preside la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, aseveró que esta información no corresponde a la investigación.
Ayer, La Jornada publicó que la Fiscalía Especial para el Caso Iguala de la Fiscalía General de la República (FGR) no logró obtener órdenes de aprehensión en contra de dos militares presuntamente implicados con el cártel Guerreros Unidos y señalados de participar o incurrir en acciones omisas para evitar la desaparición de los 43 normalistas.
Lo anterior, de acuerdo con funcionarios federales con acceso al caso. Las fuentes agregaron que los jueces federales que conocieron de los expedientes de consignación determinaron que la investigación de la FGR está mal integrada y no se cuenta con pruebas suficientes para inculparlos de desaparición forzada y delincuencia organizada.
Al respecto, Encinas indicó en entrevista con La Jornada que esas afirmaciones no corresponden a la investigación y que hasta ahora sólo se ha requerido y concretado la aprehensión de un solo elemento castrense (el capitán José Martínez Crespo) relacionado con los crímenes contra los normalistas, suscitados entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Enfatizó que una de las partes más difíciles del trabajo de las autoridades para resolver el caso han sido las detenciones de los presuntos responsables, las cuales se han complicado debido a las filtraciones.
“Hemos guardado mucho sigilo en la investigación para evitar las filtraciones que generan confusión y ponen en riesgo la investigación misma. Nos mantendremos con muy bajo perfil y estaremos dando la información muy puntual, cuando haya resultados (…). Se ha filtrado la información de manera regular, ya sea desde áreas de la Fiscalía o del Poder Judicial; eso ha puesto en alerta a algunas personas sobre las que hay orden de aprehensión girada. Las filtraciones son lo que está haciendo daño a la investigación.”
Sin profundizar a detalle, aseguró que como parte del proceso se investiga a varios elementos del Ejército posiblemente involucrados con los hechos.
Con información de la Jornada y el Universal