México es el país con mayor número de peticiones ante la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH): con 500 ocupa el primer sitio, seguido de Colombia con 396; Perú con 165 y Argentina con 124 y Brasil con 92.
Así lo reveló el organismo internacional de protección y defensa de los derechos humanos, quien a partir de este sábado puso a disposición pública sus estadísticas más relevantes.
Una petición es una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violaciones a los derechos fundamentales; luego de la adopción de un informe esta petición se convierte en un caso.
Desde 2006 a 2014, la CIDH ha emitido a México 31 informes de admisibilidad; 3 informes de Fondo Publicados y seis casos han sido enviados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de que han sido otorgadas 50 medidas Cautelares.
Entre los casos remitidos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentran:
– El caso Jorge Castañeda que fue impedido para participar como candidato ciudadano en la elección presidencial.
– El caso del “campo algodonero”, donde una migrante fue privada de la vida.
– El caso de Pilar Noriega y otros integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, sobre quienes existían amenazas contra su integridad.
– El caso de los campesinos Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores que sufrieron abusos militares.
– El caso de la detención ilegal y tortura contra Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre, quienes posteriormente fueron sometidos a tortura para obtener una confesión por los cargos imputados en su contra.
– Entre las medias cautelares solicitadas en 2014, se encuentran los casos de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, que implican la adopción de medidas para determinar la situación y el paradero de los normalistas; asimismo, el caso Tlatlaya para resguardar la integridad de la única testigo y sobreviviente del hecho
En situaciones graves y de urgencia, la CIDH está facultada para solicitar a un Estado la adopción de medidas precautorias o cautelares para evitar daños irreparables a las personas y también para proteger de daños irreparables a las personas, independientemente de si hay una petición o caso pendiente.
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