Coapanoaya sigue en contra del Tren Interurbano

Mentira que haya acuerdo para construcción de tren interurbano

Es falso que los comuneros de San Juan Coapanoya hayan aprobado la reanudación de los trabajos de construcción del Tren Interurbano. También es falso que los cinco amparos, promovidos por la comunidad, que dictaban suspensión, hayan sido resueltos o cambiados, informó Manuel Hernández, presidente del comisariado de bienes comunales de Coapanoaya, durante el Encuentro de comunidades indígenas en resistencia por la defensa de la tierra llevada a cabo en el Monumento al Caminero, Ocoyoacac.

Ante el anuncio de autoridades estatales de la reanudación de la construcción del tren, los comuneros de San Juan Coapanoaya convocaron a un encuentro en el que representantes de diferentes movimientos sociales -en defensa de los recursos y la tierra- mostraron su solidaridad con este movimiento que solicita la restitución del daño provocado, no sólo por esta obra, sino por otras hechas anteriormente que han afectado a la comunidad.

El 31 de octubre, el gobernador Alfredo del Mazo anunció que había sido testigo de la firma de convenio entre el Gobierno del Estado de México y los municipios de Lerma, Metepec, Ocoyoacac, San Mateo Atenco, Toluca y Zinacantepec, para establecer un mecanismo de coordinación metropolitana y aprovechar el impacto de la construcción y la puesta en marcha del Tren Interurbano México-Toluca; para esta firma se reunieron autoridades pero, una vez más, la resistencia de los comuneros no tuvo cabida ni representación.

La resistencia de Coapanoaya no es reciente, surgió -explicó Hernández- a partir de que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte se negaron a atender las demandas de resarcimiento de daños; mencionó que los comuneros no sólo buscan una reparación económica, sino la de los daños que se hacen al medio ambiente, por ejemplo, explicó Hernández, una de las columnas está plantada en el cauce del río, lo que provocó una disminución del flujo del que comunidades aledañas se abastecen.

En el encuentro se reiteró que no existe una oposición al proyecto siempre y cuando los pobladores afectados sean tomados en cuenta para el mejoramiento de la comunidad y para el resarcimiento de los daños.

Aunque estaban en un proceso de diálogo, Hernández mencionó que las personas con las que estaban negociando -representantes de gobernación, de la SCT- los citaron a una reunión, pretendían que los comuneros firmaran la aprobación de la construcción, lo cual, consideran, es un engaño y una intimidación, situación que, dijo, no permitirán.

Cinco amparos

La representante legal del movimiento, Guadalupe Esther Goujon, explicó para AD que el amparo principal es el 387 del 2007, que fue iniciado hace 12 años. En ese amparo se reclamó la afectación provocada por infraestructura estatal y federal; dijo que se concedió la suspensión en 2011, dado que se demostró que ni hay ningún pago, por lo que se repuso el procedimiento para cuantificar la superficie afectada, sin embargo, en ocho años, no se ha cuantificado la afectación que es evidente.

A este amparo se unen otros cuatro, además de algunos promovidos por otras comunidades; asimismo, en algunos de ellos hay incidentes de violación a las suspensiones, actualmente se están desahogando las pruebas. Para reiniciar las obras es necesario, primero, resolver los procesos judiciales.

La solidaridad

Esta es una zona que, de manera recurrente, ha tenido conflictos con la instalación de megaproyectos: Salazar, Huitzizilapan, Ayotuzco, Xochicuautla, Coapanoya; el potencial económico de la zona, como el mismo Del Mazo lo ha mencionado, ha generado posibilidades de crecimiento inmobiliario al margen de las comunidades que habitan la región.

El encuentro reunió a representantes de algunos de los pueblos que se oponen a diversos megaproyectos, cuya construcción daña el entorno social, ecológico y económico de los residentes originales: Xochicuautla, Ayoztuco y Huitzizilapan en contra de la autopista Toluca Naucalpan, también estuvo presente Ignacio del Valle, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, preso por resistirse a la construcción del aeropuerto en Texcoco.

Los participantes coincidieron en que este tipo de proyectos violan los derechos y las leyes por no considerar la voz de los pueblos; agregaron que el desarrollo no puede ser tal si pasa por encima de los derechos de las personas.