Desde hace días, circulan profusamente a través del WhatsApp copias fotostáticas del supuesto “Convenio de Coalición” de “Sigamos Haciendo Historia”. Son listados con la distribución por partido y género de las candidaturas en los municipios. Todas son falsas. La intención de quien las produce y distribuye claramente es la de causar confusión entre actores políticos. Ocio e intriga. Deberían mejor picarse un ojo. Son de un nivel paupérrimo y lamentable.
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Grupos bien organizados con intereses económicos y políticos controlan la vía pública en Toluca desde hace años. Son mafias que generan millones de pesos al mes por el cobro de derecho de piso al comercio informal, toleradas y auspiciadas por el propio Gobierno municipal. El operativo del fin de semana en la zona de la terminal de autobuses debería aplicarse en toda la ciudad y desmontar esas estructuras delincuenciales. No es difícil saber quiénes están detrás, bastaría con preguntar a los vendedores a quién entregan la cuota y con qué periodicidad.
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Una lideresa de largo y oscuro historial, procesada por el homicidio de su propio esposo, y que ahora se lava la cara presentándose como altruista dama y lideresa política, es una de las cabezas visibles e inquebrantables del negocio mafioso de rentabilizar la vía pública con el cobro de extorsiones al comercio informal. Todo mundo sabe quién es, pero nadie se atreve a tocarla.
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El órgano de transparencia ha hecho pública la cantidad de dinero que en diciembre pasado recibió el magistrado presidente del Consejo de la Judicatura y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Sodi, bajo concepto de “aguinaldo, prima vacacional, gratificación por convenio y reconocimiento a servidores públicos”. Fueron 441 mil 618 pesos libres de polvo y paja más 292 mil 795 pesos de salario bruto. No hay en el Estado de México empleado público que haya cobrado eso, ni la gobernadora.
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En Toluca, desde hace muchos años, instituciones públicas y privadas como el mismísimo Palacio de Gobierno, el recinto de la Cámara de Diputados o el complejo central del Poder Judicial, no pagan el agua. Tampoco la UAEMex o el ISSEMyM, ni empresas como las cerveceras, las embotelladoras de agua y refrescos o las grandes industrias de alimentos. Si se sumara la deuda, sería de miles, sí, miles de millones de pesos. Este es un buen momento para cobrarles y que se pongan al corriente. ¿No creen? Con ese dinero se podría paliar muy bien la crisis hídrica actual que enerva a la capital.
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