La confrontación entre el Ayuntamiento de Toluca y la organización de comerciantes Ernesto “Che” Guevara escaló tras un operativo contra el ambulantaje en la zona Terminal-Mercado. Vendedores ambulantes bloquearon la avenida Isidro Fabela, a la altura de Paseo Tollocan, para denunciar presuntos abusos de autoridad y el robo de mercancías por parte de inspectores de Gobernación municipal.
Según Yadira García, dirigente del colectivo, las intervenciones han sido violentas y sin sustento legal, a pesar de que —afirma— más de 980 integrantes de su organización cuentan con un amparo federal que les permite ejercer el comercio en la vía pública. “Llegan sin identificarse, van acompañados de policías, se llevan la mercancía en camionetas sin entregar ningún recibo. No es decomiso, es robo”, acusó la vocera.
Denuncias penales y desacato judicial
Derivado de los operativos más recientes, la organización presentaron cuatro denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por los delitos de abuso de autoridad y robo. Las querellas, interpuestas el 15 de julio, están dirigidas contra servidores públicos municipales.
Además de los señalamientos por uso excesivo de la fuerza, los comerciantes aseguran que el gobierno municipal ha incurrido en desacato judicial. Su representación legal sostiene que el artículo 68 del Bando Municipal faculta al Ayuntamiento para autorizar comercio en vía pública siempre que exista una orden estatal o federal, como ocurre —según su dicho— con el amparo federal que les respalda.
El Ayuntamiento defiende los operativos
El gobierno de Toluca rechazó los señalamientos y defendió los operativos como parte de una estrategia de recuperación del espacio público. A través de un comunicado oficial, la administración de Ricardo Moreno aseguró que las movilizaciones fueron promovidas por grupos de interés ajenos al comercio formal, “que por años han lucrado con el uso indebido del espacio público, incluso incurriendo en actos de extorsión”.
Mario Medina, director general de Gobierno, quien fue uno de los denunciados por los comerciantes, explicó que las acciones en la zona Terminal forman parte de una estrategia coordinada con la Fiscalía General de Justicia y el Instituto de Verificación Administrativa, y que tienen como objetivo restituir el orden. “Durante los dispositivos se invitó al retiro voluntario de vehículos mal estacionados y se verificaron permisos de comercio en la zona. No hay acciones fuera de la legalidad”, aseguró.
La narrativa oficial ha insistido en la recuperación del espacio público como uno de los ejes de esta administración. Sin embargo, la política ha generado tensiones constantes con agrupaciones de comerciantes que operan en la vía pública, particularmente en los alrededores del Mercado Juárez y la Terminal de Autobuses.
Ni la Fiscalía ni la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México han emitido posicionamiento sobre las denuncias. La organización “Che” Guevara advirtió que continuará con acciones legales y movilizaciones hasta que —asegura— se respete su derecho al trabajo protegido por una resolución judicial.
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