Ningún derecho se gana sin enfrentar resistencia. Todos, absolutamente todos, los derechos que hoy tienen las personas han sido arrebatados o conquistados mediante luchas históricas. Igualmente, los derechos se pierden (a veces sin darnos cuenta) cuando se permite que florezcan esas tendencias a controlar, restringir o acotar las libertades que conlleva el acto de gobernar. Y es que ejercer el gobierno significa estructurar el campo de acción de las personas: poner límites, vigilar, encauzar, fiscalizar y hasta reprimir.
Frente a los actos de gobierno que pueden poner en riesgo o que claramente transgreden derechos y libertades, un buen recurso es la exhibición. Evidenciar, hacer notar, llamar la atención respecto a los actos que transgreden derechos se vuelve una herramienta muy poderosa. Es el juicio colectivo el que termina obligando al transgresor a retroceder, a replegarse, a desistir o enmendar su conducta.
Bajo esta idea base es que muchos organismos defensores de los derechos humanos recurren a la recomendación, a la publicidad o exposición de los marcos de injusticia o las condicionantes de las libertades. Desde los ámbitos locales hasta las instancias internacionales, someterse al juicio de los otros en materia de respeto a los derechos se ha instituido como un mecanismo para dar mayores garantías de que la gente no sea sometida a violaciones a sus derechos.
Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene un Consejo de Derechos Humanos, que es una instancia a la que concurren representaciones de los países miembros para examinar las condiciones en las que se vive en cada uno de ellos y explorar las rutas por las cuales se pueden mejorar, en aras de que haya respeto a los derechos de la gente. En este Consejo de la ONU se analizan no solo episodios de evidente violación a derechos, sino que periódicamente se evalúa a los países. Esto último se hace a través del llamado “Examen Periódico Universal”.
Estamos hablando de un mecanismo muy singular que consiste en que todos los países que se agrupan en la ONU se sometan (cada cuatro años y medio) a un análisis de su ejecutoria en materia de derechos humanos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues el gobierno de cada nación presenta un informe, en el cual señala las cosas que ha hecho o que está haciendo para mejorar la situación de derechos humanos en su país y superar los retos que dificultan el disfrute de los mismos. Dicho documento es revisado por representantes de otros países miembros y, producto de ese análisis, de la información que tengan de informes anteriores o de la que por otras vías puedan allegarse, hacen recomendaciones.
México fue objeto de este examen en días pasados y recibió más de 300 recomendaciones. Las mismas provinieron de actores de países tan disímbolos como Alemania, Argentina, Chipre, Samoa, Irak o Francia. En términos generales, esas recomendaciones versan sobre temas que sabemos bien que toman cuerpo en problemas muy serios: desapariciones, violencia homicida, migración y desplazamientos forzado, feminicidio, abusos militares, tortura y discriminación, entre otros.
El documento, de 26 páginas, incluye recomendaciones amplias y generales como esta: “Llevar a cabo investigaciones efectivas y oportunas sobre las violaciones de los derechos humanos de los migrantes” (Bangladesh). Pero también incluye algunas más precisas como esta: “Derogar las figuras jurídicas del arraigo (prisión preventiva sin cargos) y la prisión preventiva oficiosa, de conformidad con las normas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” (Chile). Igualmente esta otra: “Retirar progresivamente a las fuerzas militares de las actividades policiales públicas y del control de la migración mediante una transición dirigida por civiles” (Nueva Zelandia).
Resultado de este proceso, México aceptó 304 de las recomendaciones, pero rechazó 14. Estas últimas tienen que ver con temas como el retiro de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública, el establecimiento de controles civiles para la rendición de cuentas por parte de militares, con la erradicación del espionaje a cargo de entidades del Estado, sobre la eliminación de las figuras de “prisión preventiva oficiosa” y “arraigo”, sobre el problema de desplazamiento forzado al interior del país (se le pidió que se elabore una ley en la materia) y sobre la contención de migrantes extranjeros que cruzan el territorio nacional.
Cuando uno lee el documento puede darse una idea de cómo nos observan otros países en materia de derechos humanos. La impresión que queda es que allá afuera ven con alarma el elevado número de homicidios y desapariciones (o ejecuciones extrajudiciales), la notoria militarización en el combate a la delincuencia (que lleva décadas), la ominosa impunidad y los mecanismos legales que castigan sin juicio previo, además de los crecientes problemas de migrantes que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Llama la atención la resistencia que ha ofrecido la representación mexicana para aceptar aquellas recomendaciones que tienen que ver con temas muy graves, como los ya citados. Así como lo dijimos al principio, la conquista y ejercicio de derechos siempre enfrentan resistencias. Negar que, como país, tenemos serios problemas en materia de ejercicio pleno de los derechos no es la mejor vía para mejorar.
Hace falta ser muy responsables a la hora de decir en qué sitio estamos y cuánto nos falta por recorrer en dicha materia. Lo que otros países ven y nos señalan no debe asumirse (como ocurre con la “grilla interna”) como un ataque al gobierno. Es la nación entera, su Estado, su cuerpo normativo, sus instituciones y los actores sociales en conjunto los que tenemos la responsabilidad de darnos una vida mejor, en la que haya condiciones adecuadas para vivir con pleno ejercicio de libertades y derechos. Las observaciones o recomendaciones no están animadas por filias partidistas u objetivos electorales. Se equivoca la representación mexicana enviada al Consejo de Derechos Humanos de la ONU al negar que sí nos urgen acciones en materias como las que nos hacen ver la evaluación y las recomendaciones. Internamente, tenemos que asumir el diagnóstico, discutir la solución y acordar las adecuaciones legales, los mecanismos institucionales y las acciones gubernamentales a emprender.
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