Toluca, Estado de México; 22 de octubre de 2019.- Este martes compareció ante el Congreso local el fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, entre protestas de ciudadanos que afuera de la Cámara de Diputados reclamaban la presunta fabricación de delitos y la detención injusta de algunas personas.
Mientras el titular de la Fiscalía habló de los avances en sentencias, en capacitación, en mejorar la integración de carpetas de investigación, los legisladores le echaron en cara el maltrato, la lentitud y falta de empatía de su personal, principalmente de los Ministerios Públicos y el incremento en la impunidad.
Sin embargo, los diputados no hicieron eco de las exigencias que se presentaban afuera del recinto. No mencionaron el tema de presos políticos, ni el caso de Humbertus Pérez Espinoza, aun cuando afuera de la Legislatura integrantes del Frente de la Vivienda pedían justicia y acusaban, junto con familiares de otras personas, la fabricación delitos que las mantienen presas.
De manera general, los legisladores solicitaron a Gómez Sánchez cumplir con su tarea de garantizar justicia, combatir la impunidad y trabajar en temas de feminicidios, desapariciones, corrupción, extorsiones, abusos policiacos y malos tratos a la población.
Mientras Gerardo Ulloa, diputado de Morena exigió dar respuesta a la demanda de justicia de los ciudadanos y cuestionó sobre la autonomía de la institución, el ejercicio de los recursos y el personal que tienen, Violeta Nova, también de Morena, preguntó al fiscal qué han hecho en el rubro de extorsiones, abusos de policías, por qué no hay detenidos por los homicidios de elementos de las corporaciones policiacas, el cumplimiento a exhortos, la capacitación, los abusos.
Advirtió que el personal debe ver no solo los números alegres; sino también la percepción negativa que existe sobre la Fiscalía. Les pidió empatía con las víctimas.
PAN, PRD, PT, PES y los diputados sin partido también reprocharon la lenta atención, cuáles son los avances en la transformación de Procuraduría a Fiscalía, sobre la Ley de Extinción de Dominio.
Karla Fiesco, del PAN, advirtió que la entidad vive en un estado fallido y una crisis de seguridad, donde la gente vive con miedo, y Omar Ortega, del PRD dijo que en el territorio mexiquense se respira impunidad y se ven pocos cambios y avances en la Fiscalía.
Lourdes Garay del PES reprochó que cometer un delito es muy redituable en la entidad, pues el crimen no tiene castigo y este año se han registrado 1, 600 asaltos por día; 1, 200 robos de unidades, 85 asesinatos a operadores y nueve de líderes de transportistas en los últimos 10 meses, además de que han aumentado las extorsiones a empresas del transporte.
El fiscal general dijo que aun cuando cerca del 80 por ciento de las víctimas son ausencias voluntarias por conflictos familiares en la entidad existe trata, desapariciones y feminicidios.
Pidió poner atención en otros municipios que tienen alta incidencia de feminicidios como: Huehuetoca, La Paz, Nicolás Romero, Teoloyucan, Tepotzoptlán, Texcoco y Zumpango y denunciar actos de corrupción.
Afirmó que tienen déficit de 300 médicos legistas y que han logrado 50 denuncias condenatorias en feminicidio; además se mostró preocupado por el incremento en la participación de adolescentes en actividades delictivas y advirtió que los resultados del cambio de procuraduría a fiscalía van a tardar.
Pide Ley de Amnistía
El fiscal advirtió que el Estado de México tiene la oportunidad de expedir una Ley de Amnistía para señalar los delitos por los cuales podría proceder ese beneficio, disminuir la reincidencia y generar redes de apoyo. Pidió a los diputados trabajar en ese tema.
Afirmó que tienen el segundo mayor índice de mayor ejecución de órdenes de aprehensión y admitió que falta trabajar en autonomía en el rubro de la nómina que se podría concretar en 2020, con lo cual romperían tabuladores de personal operativo, pues hay secretarios del MP que ya no existen en el nuevo sistema, con salarios de 24 mil pesos al mes, mientras los Ministerios Públicos perciben 16 mil pesos al mes.
Los tabuladores, dijo, están desfasados y tienen que crear los suyos, estandarizarlos, por lo cual habrá una solicitud adicional de recursos. Prevén que el 30 por ciento del personal se trasladaría al servicio profesional de carrera, previa evaluación del servidor y habría un fondo de separación a quienes no quieran. También destacó que la entidad es modelo en la Ley de Extinción de Dominio.
Mientras eso sucedía en el interior del congreso mexiquense, afuera familiares, amigos y simpatizantes de José Humbertus Pérez Espinoza, se manifestaron para exigir la liberación del abogado del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C.
Los quejosos reclamaron una postura del fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, sobre este asunto y señalaron que no ven voluntad política por parte de las autoridades para dar seguimiento al exhorto que ya se había presentado, para dejar en libertad a Humbertus, acusado de delitos que no cometió, como ya se ha demostrado anteriormente
“Pedimos que ese exhorto que, en teoría ya se había pronunciado, uno que lo pongan en la gaceta y dos, que nos comenten que fue lo que respondió tanto el fiscal como lo que respondió el procurador”, dijeron familiares del abogado, quien lleva detenido 3 años 11 meses por el supuesto delito de robo con violencia a casa-habitación, sin evidencias.
Vía telefónica desde el Penal Neza Norte “La Perla”, ubicado en Nezahualcóyotl, Humbertus Pérez declaró que no existe una defensa por parte de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México (Codhem), y señaló una vinculación del comisionado Jorge Olvera García con el senador de la República, Eruviel Ávila Villegas y grupos de interés.
“No ha habido un pronunciamiento del presidente estatal de la Comisión de Derechos Humanos porque es una gente vinculada a Eruviel y es una gente vinculada a estos grupos de interés que no me dejan salir”, expresó
Pérez Espinoza, considerado como preso de conciencia por el Comité Cerezo, reiteró que es obligación de los legisladores hacer respetar las leyes, los códigos penales y defender los derechos humanos.