María Esther Rodríguez Hernández, secretaria de las Mujeres del Estado de México, llegó al Congreso mexiquense para exponer los resultados de su dependencia; La sesión comenzó sin mayores sobresaltos, pero el tono cambió conforme avanzaron las intervenciones, las diputadas le exigían a la secretaria explicar por qué las cifras de atención no bastaban para demostrar que las mujeres estaban más seguras.
En su exposición inicial, la funcionaria destacó los servicios brindados, las acciones de prevención territorial y la recuperación de espacios públicos, reportó que las 93 Unidades de Atención a Mujeres atendieron a 27 mil 370 mujeres y brindaron 168 mil 352 atenciones multidisciplinarias, entre asesorías jurídicas, intervenciones de trabajo social y atención psicológica.
Su mensaje incluyó un llamado a construir acuerdos entre las fuerzas políticas para fortalecer la protección de los derechos de las mujeres y ampliar los recursos destinados a la prevención y atención de la violencia.
Pero la exposición de servicios y acciones pronto dio paso a otra discusión: las diputadas querían saber cuántas mujeres habían logrado salir de una situación de riesgo, qué resultados habían tenido las alertas de género y por qué, a su juicio, el informe de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez omitía datos fundamentales sobre feminicidios y desapariciones.
La tensión creció con cada intervención de las diputadas que llevaron la comparecencia de los resultados administrativos a las consecuencias de la violencia real que no se refleja en estadísticas.
De los talleres a los resultados
Araceli Casasola Salazar abrió la ronda de cuestionamientos de la bancada, puso sobre la mesa que más de 78 por ciento de las mujeres ha expresado haber experimentado algún tipo de violencia.
Pidió precisar qué indicadores utiliza la Secretaría de las Mujeres para medir la seguridad de la población femenina y qué resultados concretos han producido las medidas implementadas en los municipios con alerta de violencia de género.
El tono subió al final de su intervención, la legisladora cuestionó la distancia entre la Secretaría y las mujeres a las que debe atender, relató que había buscado a la funcionaria para plantearle una colaboración, pero no había conseguido hablar directamente con ella.
En contraste, dijo, la gobernadora Delfina Gómez sí le había concedido tiempo para escuchar la misma propuesta, Casasola Salazar reconoció la congruencia de la mandataria y pidió a la secretaria aprender de ella la sororidad y la humildad.
Al terminar, la bancada aplaudió y la secretaria hizo gestos de disgusto mientras la legisladora concluía su intervención.
El pase de lista de las mujeres ausentes
Después tomó la palabra Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano, quien desplazó la discusión hacia las víctimas que, dijo, ya no estaban presentes para contar sus historias.
La diputada cuestionó que el apartado de igualdad de género del informe, no incluyera cifras de feminicidios ni de mujeres desaparecidas, señaló que, aunque en las mesas de paz se había informado de una disminución de los feminicidios, esa información no aparecía en el documento gubernamental.
Salinas confrontó a la secretaria con datos sobre delitos contra las mujeres y mencionó que el Estado de México se encontraba entre las entidades con mayores registros de violencia sexual y lesiones dolosas, según las cifras que expuso.
Después comenzó a nombrar a mujeres y niñas asesinadas en municipios como Toluca, Tultitlán y Valle de Bravo, el recuento convirtió su participación en un pase de lista de quienes ya no están y llevó la discusión más allá de los indicadores presentados por el gobierno.
¿En qué momento una alerta se convirtió en paisaje?
La pregunta resumió el reclamo de las diputadas: las medidas institucionales debían evaluarse por su capacidad para prevenir muertes, proteger a quienes enfrentan riesgos y cambiar las condiciones de seguridad, no únicamente por las acciones realizadas.
Salinas también exigió mayor transparencia sobre las cifras de feminicidios, muertes violentas y desapariciones, así como una evaluación de las alertas que permitiera conocer su impacto.
Las cifras frente a la vida cotidiana
La intervención de Krishna Karina Romero Vázquez, del PAN, comenzó con un reconocimiento a la importancia de participar en el ejercicio de rendición de cuentas, sin embargo, el debate continuó sobre los pendientes en materia de violencia de género.
La legisladora cuestionó los mecanismos de coordinación para responder a las llamadas de emergencia relacionadas con violencia contra las mujeres y pidió información sobre el seguimiento a las víctimas, la ampliación de Ciudad Mujeres y las condiciones de personal y presupuesto para atenderlas.
Con cada intervención, las expresiones de disgusto de la secretaria se hicieron más notorias, las preguntas insistían en la distancia entre los programas institucionales y las condiciones que enfrentan las mujeres.
La priista Leticia Mejía García retomó esa discusión al advertir que las cifras y los porcentajes no alcanzan, por sí solos, para medir el bienestar de la población.
Aplausos y respaldo político
La participación de Ana Leyva Piñón, del PT, tuvo un tono distinto, la diputada reiteró su compromiso con el gobierno de Delfina Gómez y, al terminar su intervención, aplaudió a la secretaria María Esther, a diferencia de las legisladoras que la habían cuestionado previamente.
Después, Itzel Daniela Ballesteros Lule expresó su respaldo a la llegada de una presidenta de la República y una gobernadora, ambas mujeres, reconoció que existen programas para atender la violencia de género, aunque consideró que resultan insuficientes frente al número de mujeres que necesitan apoyo.
La diputada defendió las causas de la gobernadora como propias y sostuvo que las mujeres han llegado a los espacios de poder, su intervención puso sobre la mesa otra dimensión de la comparecencia: la representación política femenina y el respaldo a un gobierno encabezado por mujeres, en contraste con las exigencias de resultados formuladas durante la sesión.
Una luz puede salvar una vida
Cuando llegó el turno de responder, María Esther Rodríguez Hernández anunció que contestaría por temas y que las preguntas que quedaran pendientes serían respondidas por escrito, defendió el trabajo de su dependencia bajo los principios de la Cuarta Transformación y afirmó que su objetivo es garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
Sobre la prevención, habló del trabajo territorial y de los senderos seguros, dónde reconoció que una lámpara puede parecer un elemento menor, pero sostuvo que iluminar una calle puede cambiar la percepción de seguridad de quienes transitan por ella, sobre todo de las mujeres.
Una luz puede salvar una vida, planteó al defender las acciones de iluminación como parte de la estrategia de prevención.
La frase contrastó con las preguntas que habían dominado la sesión: las diputadas no sólo cuestionaron la utilidad de las luminarias, sino si las intervenciones en calles y espacios públicos estaban acompañadas de mecanismos eficaces para prevenir delitos, atender denuncias y proteger a las mujeres en riesgo.
Ante los cuestionamientos sobre desapariciones, la secretaria señaló que la dependencia realiza labores de acompañamiento y asume su responsabilidad. Al referirse a los feminicidios, evocó su propia participación en movilizaciones feministas años atrás y recordó que también había alzado la voz junto con las manifestantes.
La comparecencia terminó con dos planos sobre la mesa: el de los servicios, programas y acciones que la Secretaría presentó como resultados, y el de las diputadas que exigieron indicadores verificables para demostrar su impacto.
Al concluir la comparecencia, María Esther Rodríguez Hernández se retiró del recinto entre porras de las personas que la acompañaron al Congreso mexiquense, la salida contrastó con los cuestionamientos que quedaron sin respuesta durante la sesión y entre porras se retorno del congreso. Así terminó el encuentro, con el respaldo de sus acompañantes y las exigencias de la oposición aún sobre la mesa en la espera del oficio con las respuestas.
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