La empresa “Concesionaria Vialidad Las Torres”, propiedad de la familia Vázquez Raña, patrona de Ciro Gómez Leyva en Imagen Noticias y dueña entre otros muchos negocios de Excélsior y Hospitales Ángeles, cobra anualmente al gobierno estatal 258 millones de pesos por el contrato del Proyecto de Prestación de Servicios para el mantenimiento y mejoramiento de los tramos oriente y poniente de la estratégica vía que cruza a la ciudad de Toluca y que regularmente está en muy mal estado e intransitable. Lo peor de todo es que mantendrá el contrato hasta el año 2035. La asignación se hizo de forma tan descuidada y ventajosa que los intereses del pueblo mexiquense quedaron totalmente expuestos a abusos y saqueos.
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El contrato de Las Torres para los Vázquez Raña es por casi 7 mil millones de pesos, cuando la obra y los servicios de mantenimiento no valen ni la quinta parte. El próximo gobierno está moralmente obligado a revisarlo y detener el expolio. Delfina Gómez no puede, ni debe, pasar por alto ese tipo de abusos que, por cierto, no es el único, hay más iguales o peores. Los llamados Proyectos de Prestación de Servicios entregados por Montiel, Peña y Eruviel, fueron auténticos atracos.
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La orfandad política en la que queda Elías Rescala, con la terminación del mandato de su jefe Alfredo del Mazo, es penosa. El capital político del engreído diputado plurinominal es de prácticamente cero sin el hombre que le sostenía en el poder. A lo largo del sexenio que termina, Elías agravió a muchas personas y la temporada de cobrar facturas ha iniciado. La foto de este lunes de la reunión de la gobernadora con los coordinadores de los grupos parlamentarios lo dice todo. Lo pusieron en su lugar, en la orilla, y su rostro de desamparo provocó ternura francamente.
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Todo lo que viene para Elías Rescala es cuesta abajo. Que nadie se sorprenda si muy pronto decide emprender la graciosa huida y presenta solicitud para separarse del cargo. Tras de él tendrán que hacerlo aquellos a quienes colocó en posiciones de los organismos autónomos para complicar la existencia del siguiente gobierno. Lo más triste que ni en Huixquilucan podrá estar tranquilo, allá tampoco lo quieren.
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A todos los magistrados que integran el Poder Judicial del Estado de México los colocó allí el régimen que está a punto de caer. Aunque todos son iguales y hay algunas notables excepciones, la abrumadora mayoría están por la defensa del statu quo, es decir, en contra del cambio. El propio presidente del Consejo de la Judicatura lo ha expresado en no pocas ocasiones en conversaciones, en sus reuniones y tertulias con sus jueces de confianza.