En una jornada marcada por las tensiones entre legisladores partidarios y opositores de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, el Congreso mexicano terminó este miércoles la aprobación de las leyes secundarias en esta materia, una legislación indispensable para que se implemente la apertura del sector a la inversión privada nacional y extranjera.
La conclusión de este proceso se produjo luego de que el Senado aprobara sin cambios las leyes de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de Deuda Pública, previamente avaladas por la Cámara de Diputados y correspondientes a la última de seis minutas de normas reglamentarias.
Con esto, el documento fue enviado al presidente para que lo promulgue, lo que ocurrirá la próxima semana, según ha anunciado el propio mandatario, junto con la publicación de las leyes de Hidrocarburos, Industria Eléctrica, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), órganos reguladores del sector e Ingresos sobre Hidrocarburos.
El principal punto de las leyes aprobadas este miércoles consiste en establecer que el Estado "podrá asumir" una parte del pago de los pasivos laborales de Pemex y de la CFE —pensiones y jubilaciones—, que ascienden a más de 1.6 billones de pesos.
Los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), partidarios de la reforma energética y sus leyes secundarias, argumentaron que esta medida es necesaria para "sanear" las finanzas de Pemex y de la CFE, y con ello dejarlas en mejores condiciones para competir con las empresas privadas que llegarán al país.
Además, señalaron que —según la legislación— la conversión de esa deuda estará sujeta a cuando menos tres requisitos: 1) que Pemex y la CFE modifiquen los contratos colectivos de trabajo con sus sindicatos, para establecer otras condiciones de retiro para sus nuevos empleados, 2) que ambas instituciones apliquen programas de austeridad en el gasto y 3) que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) haga una revisión de esos pasivos y, de ser necesario, señale presuntos responsables de "actos ilegales" en su manejo.
Los partidos de izquierda de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) se opusieron a la medida, argumentando que representa una carga para el erario y para los contribuyentes, y que con ello se busca pagar los gastos de las dirigencias sindicales ligadas al PRI.
"Lo que buscan ocultar es ese chanchullo que ha sido característica de la interacción entre el PRI y el PAN", dijo en tribuna el perredista Armando Ríos Piter.
En respuesta, el priista David Penchyna, uno de los principales negociadores de la legislación energética, acusó a la izquierda de recurrir a "medias verdades que son mentiras completas".
"No podemos continuar con un falso debate, que ha venido a argumentar circunstancias que no están en la ley, y que de manera tramposa y ociosa recurren a argumentos circulares, provocativos, ofensivos en la táctica de dilatar un proceso en el que México ha llegado tarde", dijo.
Especialistas consultados en julio señalaron que los pasivos de Pemex y de la CFE ya pueden considerarse deuda pública, puesto que ambas empresas pertenecen al Estado. Por ello, según los expertos, la medida impulsada por el PRI y el PAN únicamente implicará que estos recursos dejen de contabilizarse como endeudamiento de las instituciones para contarse en los libros del Estado.
"Innumerables incongruencias"
El tema, al igual que el resto de cambios que incluye la legislación energética, confrontó a los legisladores a lo largo de la sesión.
El panista Jorge Luis Lavalle, por ejemplo, acusó a la izquierda de caer en "innumerables incongruencias". Al respecto, citó el caso del perredista Fernando Mayans, originario de Tabasco, quien a lo largo de todo el debate criticó la reforma en la materia, pero el martes votó a favor de la creación de un fondo para los estados productores de petróleo, como su entidad natal.
"Yo creo que después de las innumerables horas de debate, pues ya reconoció las bondades de esta reforma energética", dijo Lavalle.
Penchyna contra el PRD
Momentos después, quienes se enfrascaron en una confrontación fueron David Penchyna y el perredista Benjamín Robles.
En tribuna, mientras criticaba las posturas de Penchyna en materia de energía, Robles acusó a su padre, José Penchyna, fallecido en diciembre pasado, de haber cometido un fraude en el banco ejidal de Hidalgo.
La acusación generó molestia en toda la bancada del PRI —la más numerosa del Senado, con 54 de 128 escaños—, que exigió respeto a la familia de su legislador.
Penchyna, además, rechazó que su padre hubiera trabajado en la institución mencionada.
"No pensaba subir a la tribuna, pero en memoria de mi padre que no está aquí para defenderse, aunque no lo necesite, estaba obligado a hacerlo", dijo.
Tras alrededor de 40 minutos, Robles pidió que sus palabras se retiren del Diario de los Debates —el órgano que registra todas las sesiones del pleno del Senado— y el coordinador del PRD, Miguel Barbosa, ofreció disculpas por la situación, que retrasó la votación en lo general.
El 'giro' al marco jurídico
Desde el arranque de la sesión, los senadores del PRD colocaron frente a la tribuna un cartón con la imagen del expresidente Lázaro Cárdenas, quien en marzo de 1938 decretó la expropiación petrolera.
A lo largo de la discusión de la reforma constitucional y de sus leyes secundarias, los perredistas han acusado al PRI y al PAN de promover cambios jurídicos que revertirán esa medida e implicarán la entrega de los recursos energéticos a particulares nacionales y extranjeros.
Priistas y panistas, por el contrario, afirman que sus propuestas buscan modernizar la industria, hacerla más competitiva y que impulse el crecimiento económico del país.
En ese sentido, plantean que el Estado pueda asociarse con empresas privadas —a través de contratos de licencia, de servicios o de utilidad y producción compartida— para explorar y explotar hidrocarburos en zonas de difícil acceso, o que las compañías también puedan suministrar electricidad.
A su juicio, con estas medidas se incrementará la producción del país y bajarán los costos de los energéticos, potenciales beneficios que la izquierda tacha de falsos.
La dirigencia y los legisladores del PRD, incluso, advierten que si bien perdieron la batalla en el Congreso frente al PRI y al PAN, buscarán ganarla en 2015, por medio de una consulta popular que pregunte a la ciudadanía si está de acuerdo o no con el nuevo marco jurídico del sector.
(Con información de CNN México)