El Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna logró un acuerdo para permitir que René Jaime Mungarro, ex apoderado legal de la constructora URBI acusado del delito de fraccionador salga libre, indemnizando a 500 familias del conjunto Villas del Real fase 1 en Tecámac, a quienes se les liberarán sus créditos hipotecarios, además de concluir con obras de urbanización que están pendientes desde hace 12 años.
Desde el 2003 estas familias padecieron la falta de agua, luz, drenaje y servicios públicos, debido a que URBI, constructora que les vendió sus hogares jamás terminó de realizar la infraestructura necesaria para el conjunto habitacional.
José Humbertus Pérez Espinoza, representante legal del Frente explicó que el delito de Fraccionador del que acusaron a Jaime Mungarro, detenido la semana pasada cuando intentaba fugarse a Estados Unidos, lo obligó a firmar un acuerdo de indemnización para las familias afectadas, como una condición para poder salir libre.
“Uno de los objetivos de esta lucha legal era lograr que se repararan los daños cometidos a los representantes del Frente, que hoy sólo piden que se concluyan las obras de urbanización, para contar con su pozo de agua y dejar de sufrir por el líquido, porque sólo tenían el servicio de manera intermitente cada tercer día, y en algunas ocasiones hasta por un mes”.
Recordó que las viviendas, con un costo aproximado de 400 mil pesos, se vendieron sin tener los permisos correspondientes, sin licencias de uso de suelo y sin obras de urbanización.
Ahora las 500 familias que habitan en Villas del Real fase 1 ya no tendrán que pagar sus hipotecas; se espera que la organización logre lo mismo para otras 12 mil familias cuando se dé la detención de los hermanos: Cuauhtémoc y Nezahualcóyotl Pérez Román, propietarios y dueños de la empresa constructora: URBI DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V., así como de varias autoridades municipales que avalaron los fraccionamientos.
Pérez Espinoza advirtió que no desistirán en la lucha legal en contra de fraccionados en el Estado de México, inclusive ya existen otras constructoras denunciadas en diversos municipios por delitos similares, donde la finalidad es resarcir el daño a miles de familias por el fraude inmobiliario perpetuado en la entidad.