El hecho y lo que revela
El video difundido el fin de semana —un altercado en el estacionamiento de Town Square, en Metepec— no solo exhibió a dos políticos en un episodio incómodo, sino que abrió un ángulo más sensible: la relación directa entre un funcionario estatal que adjudica obra pública y un diputado federal que es contratista en el ramo de la construcción.
El problema no es la velada etílica, sino el conflicto de interés. El episodio obligó a revisar vínculos, contratos y decisiones administrativas que hoy colocan a Ariel Juárez, director de la Junta de Caminos del Estado de México (JCEM), y al diputado Wblester Santiago bajo un foco de escrutinio público.
Un funcionario con poder sobre la obra carretera
Ariel Juárez, exalcalde de Cuautitlán y exdiputado por Morena, asumió en noviembre de 2023 la dirección de la JCEM, organismo responsable de definir, ejecutar y supervisar la infraestructura vial del Estado de México.
Controla lineamientos técnicos, presupuestos, permisos de derecho de vía, sanciones y ejecución directa de obra.
Un diputado con constructoras y presencia territorial
Wblester Santiago, diputado federal del PT por Metepec, combina desde hace décadas política y negocio. Es propietario o socio de tres empresas constructoras: El Llano, Sagro y Peñón Viejo.
La obra que los conecta
Bajo la dirección de Juárez, la JCEM adjudicó en diciembre de 2023 un contrato por 36 991 423.89 pesos a Construcciones y Electrificaciones El Llano S.A. de C.V., empresa vinculada al diputado Santiago. La obra se ejecutó en 19 días e incluyó rehabilitación de vialidades en Toluca.
Una reserva documental que incrementa la sospecha
El Comité de Transparencia de la JCEM clasificó gran parte del expediente técnico por cinco años: bitácoras, minutas, generadores, estimaciones, programas y pruebas de calidad. La reserva, aunque legal, profundiza la opacidad.
El video que reactivó el caso
El altercado en Metepec reabrió preguntas sobre su relación política y la coincidencia entre la gestión del funcionario y la adjudicación a una empresa del diputado.
Transparencia bajo presión
La información oficial confirma que sí hubo un contrato entre la JCEM y una empresa vinculada a Santiago. El problema es ético y de integridad pública. La reserva impide conocer cómo se asignó, qué criterios se usaron y cómo se supervisó.
Lo que está en juego
El caso muestra el riesgo de solapar relaciones políticas y económicas, la necesidad de controles firmes y la importancia de asegurar que quienes asignan obra mantengan distancia de proveedores con actividad política.
No es un escándalo social: es un asunto de interés público. Hay elementos suficientes para hablar de un posible conflicto de interés y para exigir máxima transparencia.
