La disputa de tierras entre San Pedro Atlapulco y San Jerónimo Acazulco volvió a escalar este jueves 24 de septiembre en La Marquesa, donde habitantes de ambas comunidades se enfrentaron con piedras y palos y reportes indican presencia de gente armada, dejando como saldo, al menos, cuatro personas de Acazulco lesionadas.
Desde las primeras horas de la mañana aumentó la tensión en las inmediaciones de Valle del Silencio y Valle del Conejo, luego de que comuneros de San Pedro Atlapulco acudieron a realizar una faena de limpieza y mantenimiento de caminos, mientras habitantes de San Jerónimo Acazulco se movilizaron hacia la zona y cerraron la carretera La Marquesa-Tenango, a la altura del kilómetro 3.
Durante más de una hora permanecieron frente a frente habitantes de ambas comunidades; primero hubo reclamos y discusiones, pero posteriormente la confrontación pasó a los golpes, piedras y palos, mientras en la zona se escuchaban detonaciones, que de acuerdo con videos, serían miembros de la comunidad de Atlapulco. El saldo preliminar fue de cuatro integrantes de Acazulco lesionados por golpes, sin que se reporten personas heridas por arma de fuego.
Elementos de la Policía Estatal y municipal se encontraban en el área antes de que comenzara la confrontación, mientras que posteriormente arribaron efectivos de la Guardia Nacional, Protección Civil y cuerpos de emergencia. La Secretaría General de Gobierno ya tenía conocimiento del conflicto durante la mañana y representantes comunales habían pedido también la presencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ante los reportes sobre personas armadas.
Dos versiones encontradas
Yadira Maribel Villela Esquivel, presidenta del Comisariado de Bienes Comunales de San Pedro Atlapulco, sostuvo que sus habitantes únicamente realizaban trabajos tradicionales de chaponeo, deshierbe y retiro de ramas en caminos turísticos ubicados dentro del territorio que, de acuerdo con su comunidad, les pertenece legalmente; además, aseguró que la actividad había sido informada previamente a autoridades estatales y responsabilizó a habitantes de Acazulco de iniciar las agresiones.
Desde San Jerónimo Acazulco, en contraste, se sostiene que Valle del Silencio, Valle del Conejo y otras superficies continúan sujetas a controversia judicial, por lo que cualquier intervención puede modificar la situación de terrenos que todavía son reclamados por la comunidad. Sus representantes han señalado desde principios de septiembre que cuentan con una suspensión concedida por el Juzgado Octavo de Distrito y que esa medida impediría realizar acciones materiales mientras continúa el litigio.
La confrontación de este jueves no apareció de manera aislada. Apenas el 3 de septiembre, integrantes de Acazulco cerraron durante varias horas la carretera México-Toluca para denunciar el ingreso de maquinaria pesada a los terrenos en disputa y solicitar que las labores fueran detenidas hasta que las autoridades judiciales definieran el alcance de las resoluciones existentes.
Dos resoluciones; una disputa que sigue abierta
Parte de la dificultad para explicar el conflicto radica en que tanto San Pedro Atlapulco como San Jerónimo Acazulco aseguran tener documentos legales que respaldan sus derechos sobre la zona, aunque esos instrumentos no necesariamente resuelven lo mismo ni producen los mismos efectos.
San Pedro Atlapulco se apoya en resoluciones presidenciales y sentencias agrarias que durante décadas han reconocido terrenos a la comunidad.
Una resolución presidencial de 1946 reconoció y tituló a San Pedro Atlapulco una superficie de 7 mil 110 hectáreas, documento que desde entonces forma parte de sus principales argumentos legales. En septiembre de 2026, distintos reportes señalaron además la existencia de una nueva resolución del Tribunal Agrario favorable a Atlapulco sobre una superficie cercana a mil hectáreas en Valle del Silencio.
San Jerónimo Acazulco no ha centrado su defensa únicamente en negar esos documentos, sino también en cuestionar la forma en que históricamente fueron llevados al terreno.
En términos simples, estas resoluciones significan que Atlapulco asegura que una resolución agraria le reconoce derechos sobre los terrenos en disputa, mientras que Acazulco sostiene que tiene una suspensión federal que frena cualquier cambio mientras el caso sigue en revisión. Eso significa que una comunidad puede tener una resolución a su favor y, al mismo tiempo, no poder tomar posesión inmediata del terreno, mover linderos o hacer modificaciones; del otro lado, la suspensión tampoco quiere decir que Acazulco ya haya ganado definitivamente la propiedad.
Así que ninguna de las dos partes puede argumentar de manera clara que son poseedoras de las mil hectáreas en cuestión.
Un largo historial de enfrentamientos
Las tensiones entre estas dos comunidades han crecido con el paso de los años, pero este no es el primer enfrentamiento, aunque sí uno de los más importantes.
El 30 de julio de 1998, alrededor de 400 comuneros de San Pedro Atlapulco y San Jerónimo Acazulco se enfrentaron en la carretera La Marquesa-Tenango por la misma extensión de tierras; aquella confrontación dejó al menos seis personas lesionadas, ocho detenidas y siete cabañas incendiadas.
Cuatro años después, en 2002, el conflicto volvió a escalar cuando Atlapulco denunció construcciones realizadas por habitantes de Acazulco en la zona en disputa y advirtió al Gobierno estatal que la situación podía derivar nuevamente en hechos violentos, mientras el caso seguía abierto en tribunales.
La tensión reapareció en 2014, cuando habitantes de ambas comunidades estuvieron a punto de enfrentarse por una superficie de alrededor de 3 mil 500 metros cuadrados; algunos pobladores portaban machetes y palas, por lo que cerca de 100 policías fueron desplegados para evitar una confrontación y se acordó instalar una mesa de diálogo.
El episodio más reciente antes de los hechos de este 24 de septiembre ocurrió el pasado 3 de septiembre, cuando integrantes de San Jerónimo Acazulco bloquearon durante varias horas la carretera México-Toluca para denunciar el ingreso de maquinaria a terrenos que consideran en litigio, mientras San Pedro Atlapulco sostuvo que contaba con una resolución agraria favorable para realizar trabajos en la zona.
Una zona marcada por la violencia
La pelea territorial tampoco es el único episodio de violencia que ha colocado durante los últimos meses al Valle del Silencio y los bosques de La Marquesa en la agenda pública; la zona ha acumulado homicidios, hallazgos de cuerpos y confrontaciones por tala clandestina.
El 15 de junio, comuneros de San Pedro Atlapulco interceptaron camionetas que presuntamente eran utilizadas para transportar madera extraída del bosque; tres vehículos fueron abandonados y posteriormente llevados a la carretera libre México-Toluca, donde fueron incendiados, lo que obligó a cerrar ambos sentidos de circulación desde aproximadamente las 18:30 horas.
En los días siguientes, habitantes de Atlapulco denunciaron que los presuntos talamontes operaban armados y aseguraron haber sostenido varios enfrentamientos a balazos con ellos; también afirmaron que a lo largo de diferentes acciones comunitarias habían asegurado hasta 13 vehículos relacionados con la extracción de madera, principalmente en parajes como La R y Río Seco.
Pocos días después, el 17 y 18 de junio, autoridades localizaron dos fosas clandestinas con cuatro cuerpos en la zona de La Marquesa. Entre los cuerpos encontrados se hallaban los de dos hombres de nacionalidad extranjera que habían sido reportados como desaparecidos.
La violencia regresó directamente a Valle del Silencio el 24 de julio, cuando Brandon, de 30 años, fue encontrado muerto por disparos y Adrián, de 21, y Moisés, de 33, resultaron heridos de bala. Los reportes plantearon como una de las líneas de investigación que los tres podrían fueron privados de la libertad antes de ser llevados hasta ese paraje.
La disputa que volvió a enfrentar este jueves a Atlapulco y Acazulco conserva, sin embargo, una diferencia fundamental frente a esos otros acontecimientos: lleva décadas documentada, ha pasado repetidamente por tribunales y sus antecedentes se remontan incluso a resoluciones presidenciales del siglo pasado.
Después de sentencias agrarias, amparos, bloqueos y enfrentamientos separados por casi tres décadas, Valle del Silencio sigue teniendo una pregunta que ninguna resolución ha conseguido cerrar en los hechos: dónde termina el territorio de una comunidad y comienza el de la otra, y quién puede ejercer realmente el control de esas tierras sin que el siguiente intento termine otra vez en la carretera cerrada o en una confrontación.
Síguenos