El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México amplió la revisión a las cuentas de Tenancingo después de detectar inconsistencias en la información financiera que el ayuntamiento entregó durante 2025. La nueva auditoría de cumplimiento financiero, identificada se suma a la revisión de legalidad que ya estaba contemplada en el Programa Anual de Auditorías.
La auditora superior, Liliana Dávalos Ham, precisó durante su visita al Congreso mexiquense que esta segunda revisión surgió del análisis de los informes trimestrales en los cuales se detectaron algunas irregularidades y no de una solicitud posterior del gobierno municipal.
Inconsistencias en la nómina
Los reportes del propio OSFEM muestran que los problemas no se limitaron a un solo rubro, sino que durante el primer trimestre aparecieron diferencias en la información relacionada con juicios laborales: en el Informe de Deuda Contingente el municipio reportó 85 procedimientos por 12.9 millones de pesos, mientras que en otro formato registró 19 juicios en proceso y 11 en ejecución, con un importe estimado de 13.2 millones. En ese mismo periodo se detectó que el ayuntamiento pagó 745 plazas; 54 excedían las autorizadas y nueve correspondían a categorías que no aparecían en el tabulador de sueldos.
Para el segundo trimestre, la revisión volvió a encontrar diferencias en nómina al reportar el pago de 773 plazas y el OSFEM identificó que 89 rebasaban las autorizadas en el tabulador, mientras otras 27 correspondían a 11 categorías no contempladas en ese documento. La cifra muestra un aumento respecto del trimestre anterior tanto en el número de plazas pagadas como en las que quedaron fuera de lo autorizado.
Más operaciones bajo la lupa
Estas no fueron las únicas inconsistencias, sino que se extendieron a conciliaciones bancarias, operaciones con proveedores, reportes de adjudicaciones, documentación sobre deuda contingente y actas de Cabildo relacionadas con modificaciones presupuestales.
El segundo informe trimestral señala que 93.1 por ciento de la documentación entregada cumplió con los lineamientos establecidos por el órgano fiscalizador; en el primer trimestre ese indicador había sido de 98.2 por ciento.
El OSFEM también encontró una diferencia de 43 mil 600 pesos entre registros financieros y administrativos relacionados con altas y bajas de bienes muebles; en su reporte atribuyó la variación a posibles fallas en los mecanismos de control y conciliación entre la contabilidad y el inventario físico.
Dentro del ejercicio del gasto apareció otra observación: al cierre del segundo trimestre, Tenancingo había ejercido recursos por encima de lo autorizado, principalmente en servicios personales y en bienes muebles, inmuebles e intangibles. El informe señala que se utilizaron recursos sin suficiencia presupuestal y que el municipio debía realizar los ajustes correspondientes para evitar afectaciones al cumplimiento de sus metas.
La auditoría financiera comenzó formalmente en septiembre y sus resultados deberán entregarse previsiblemente entre el 9 y el 13 de noviembre a la Comisión de Vigilancia de la Legislatura. Dávalos Ham evitó adelantar montos o posibles responsabilidades mientras continúe el procedimiento; las inconsistencias detectadas en los informes trimestrales, por sí solas, no acreditan un desvío de recursos ni determinan responsabilidades administrativas o penales.
La revisión de la Cuenta Pública se da después de que la alcaldesa Nancy Pacheco fuera vinculada por la FGJEM por la presunta simulación de su secuestro y con la hipótesis de un faltante de 40 millones de pesos en las finanzas municipales; la alcaldesa ha rechazado públicamente ambas acusaciones y ha sostenido que los recursos permanecen en el municipio.
Con dos auditorías sobre la Cuenta Pública 2025 y una investigación adicional derivada de la vista de la Fiscalía, Tenancingo llegará a noviembre con tres procedimientos distintos en curso; será hasta que el OSFEM concluya la revisión cuando pueda establecerse qué inconsistencias fueron aclaradas y cuáles, en su caso, darán paso a observaciones o responsabilidades posteriores.
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