Toluca, México; 28 de noviembre de 2018. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Maurilio Hernández González, informó que la Legislatura Local ya tomó la decisión de derogar la Ley del Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios: “es un proceso al interior del grupo parlamentario (Morena) […] Tenemos una posición de que necesitamos limpiar el camino para poder plantear lo que está marcando la ley […] Se ha tomado la decisión de abrogar la ley”.
El también coordinador de la fracción parlamentaria de Morena destacó que será en enero de 2019 cuando se logre abolir la ley ISSEMyM, ya que es necesario que entre en funciones: “técnicamente el asunto tiene que ver con los momentos jurídicos, y en razón de eso debemos dar el paso”, con el objetivo, indicó, de generar protección a los derechohabientes y generar la viabilidad de un instituto de seguridad social como corresponde.
La ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios ha sufrido, desde 1969, año en que inició operaciones, tres modificaciones en su legislación; la primera se llevó a cabo en octubre de 1964; la segunda en enero de 2002 y la más reciente en julio de 2018.
Esta última fue aprobada con el argumento de que el instituto de salud tiene un déficit financiero de 375 millones de pesos por concepto de gasto al sistema pensionario, por lo que, para garantizar el acceso a la seguridad social de al menos 375 mil servidores públicos mexiquenses afiliados al instituto, a partir del primero de enero del próximo año deberán aportar parte de su sueldo para sanear las economía de la dependencia.
El aumento esperado representaría 15% de su salario; de esta cifra, 10% se utilizará para bolsa de pensiones, mientras que el restante se destinará para cubrir servicios de salud. Las aportaciones por parte de los ayuntamientos, organismos autónomos y descentralizados, así como dependencias, deberán ser de 25.5% por cada funcionario.
La edad de jubilación se mantiene en 57 años para los trabajadores que entraron al servicio público en 2004, los que ingresaron en 2012 se podrán retirar a los 62 años, en tanto, para 2019, los nuevos servidores se jubilarán a los 65 años.
Esta reforma, que fue aprobada por el LXI Legislatura, también contempla pasar de un sistema de pensiones mixto a uno de cuentas individuales, administrada por cuentas individuales mediante afores.
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