Prácticamente iniciando la LXII Legislatura tuvimos en el Congreso mexiquense una sesión histórica para deliberar sobre la reforma al Poder Judicial y democratizar la impartición de justicia.
Se trata de resolver una deuda con la población que históricamente ha encontrado poco o nulo acceso a la justicia. Cuántas veces no escuchamos que “la justicia es para quien puede pagarla”.
La presidenta electa, Dra. Claudia Sheinbaum, sostuvo en su momento que se trata del fortalecimiento de la autonomía del Poder Judicial. Las personas ministras, magistradas y juezas electas por el pueblo, al mismo pueblo van a responder.
Para lograrlo se tenían que establecer mecanismos claros para vigilar el desempeño de las personas que imparten la justicia en nuestro país y modificar los que no funcionan.
Por poner un ejemplo: el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina. No obstante, pueden ser impugnados en sus propias decisiones por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y en su caso revocadas.
Además, 3 de 7 personas consejeras eran designados por la propia SCJN, que quien la preside, encabeza también el Consejo. ¿Cómo se puede ser juez y parte?
En adelante habremos de implementar este nuevo sistema con mucha responsabilidad, pero además generando sinergias de cara a mejorar también la procuración de justicia.
La semana pasada, el INEGI publicó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024. Destacar que cada 100 delitos ocurridos, 10 se denunciaron. De esos 10, solo se abrió una carpeta de investigación para 7, por lo que 93 no se investigan.
Por si no es suficiente, de esas 7 carpetas que sí se abrieron, 5 no arrojaron conclusión alguna y solo en 2 casos, el resultado fue positivo para el denunciante. Justicia para 2 de 100 víctimas.
Necesitamos revertir esta dinámica y combatir la injusticia que las otras 98 encuentran.
Ya lo sabe… Si no hay remedio, hablemos de ello.
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