Fernando Flores no es una anomalía.
Es un producto.
Un producto menor, local, de bolsillo, pero producto al fin, de una cultura política que durante décadas convirtió el presupuesto público en incubadora de fortunas privadas.
La derecha mexicana suele hablar del mérito como si hubiera nacido en un garaje, con dos cables pelones, una idea genial y una lámpara prendida hasta la madrugada. Pero buena parte de sus héroes regionales no surgieron de la innovación, ni de la competencia, ni del riesgo empresarial auténtico. Surgieron de otra parte: de la cercanía con el poder.
No inventaron nada.
No transformaron una industria.
No desarrollaron tecnología propia.
No abrieron mercados.
No produjeron conocimiento.
Aprendieron algo mucho más rentable en el viejo México: conocer al funcionario correcto, al gobernador correcto, al secretario correcto, al alcalde correcto, al socio correcto.
Eso también requiere talento, desde luego.
El talento de la salamandra.
El talento de sobrevivir pegado a la piedra caliente del poder.
El caso de Fernando Flores permite observar, en escala municipal, una lógica nacional. Empresas de tecnología, publicidad gubernamental, franquicias informativas, socios políticos, contratos públicos, gobiernos estatales, municipios, organismos autónomos y dependencias federales. Todo junto. Todo cruzado. Todo envuelto en esa palabra tan mexicana: relaciones.
La investigación de AD Noticias, seguida por los trabajos de Jorge García Orozco y Mario Maldonado, no muestra únicamente una red de empresas. Muestra un ecosistema.
CIFO Multimedios.
Grupo Empresarial Ingenia.
Grupo Empresarial Flomur.
Socios vinculados a la familia Murat.
Franquicias informativas de Quadratín.
Contratos en Oaxaca, Estado de México, Querétaro, Quintana Roo, Baja California y dependencias federales.
Más de mil 200 millones de pesos en contratos, operaciones y activos identificados.
Y, como extensión patrimonial, la disputa por el Club Deportivo La Asunción, un terreno de cuatro hectáreas cuyo valor comercial puede superar los 600 millones de pesos sólo por el suelo.
Eso no es emprendimiento.
Eso es arquitectura de poder.
La comparación con Ricardo Salinas Pliego no es caprichosa. Desde luego, Flores no tiene la escala, la fortuna ni la maquinaria mediática de Salinas. Es otra liga. Otra dimensión. Otro tamaño de animal político. Pero pertenece a la misma familia cultural.
Fernando Flores es una versión de bolsillo de Ricardo Salinas Pliego.
No por volumen económico.
Por gramática moral.
Ambos encarnan una derecha que presume libertad de mercado, pero ha sabido vivir muy bien de las ventajas que ofrece el Estado. Una derecha que desprecia lo público en el discurso, pero lo busca con entusiasmo cuando se trata de concesiones, contratos, litigios fiscales, permisos, licencias, deuda, publicidad oficial o favores regulatorios.
El libre mercado les gusta mucho.
Siempre que el Estado pague la cuenta.
Salinas Pliego construyó parte de su poder alrededor de concesiones, litigios, telecomunicaciones, comercio popular, crédito, medios de comunicación y una confrontación abierta con el sistema fiscal. Durante años, Grupo Salinas mantuvo disputas multimillonarias con el SAT. La Suprema Corte terminó resolviendo en contra de sus empresas varios litigios fiscales. El monto discutido ha sido ubicado por distintas fuentes en decenas de miles de millones de pesos.
Ese caso revela la versión mayor del fenómeno.
Flores muestra la versión regional.
Uno opera en la cúspide.
El otro en el municipio.
Pero ambos ayudan a entender una misma formación histórica: la del empresario político que se presenta como independiente del Estado, aunque buena parte de su poder se explica por su relación con el Estado.
Ese es el gran truco ideológico de esta derecha.
Privatizan las ganancias.
Socializan las condiciones que hicieron posibles esas ganancias.
Y después dan lecciones de mérito.
El sistema PRIANista fue especialmente fértil para producir este tipo de personajes. No porque todos los empresarios vinculados a PRI o PAN sean iguales. Esa sería una simplificación. Pero sí porque el viejo régimen construyó una economía política basada en favores, intermediaciones, concesiones, contratos, publicidad oficial, obra pública, permisos y redes de protección.
El poder no sólo gobernaba.
Repartía mercados.
Un gobernador podía abrir puertas.
Un secretario podía orientar contratos.
Un alcalde podía garantizar pagos.
Un operador político podía acercar proveedores.
Un medio podía suavizar coberturas.
Un empresario podía financiar campañas.
Un despacho podía armar expedientes.
Un amigo podía convertirse en socio.
Una esposa podía aparecer en la estructura.
Un hijo podía heredar la ruta.
Así se formó una burguesía administrativa: empresarios cuya principal habilidad no fue producir valor nuevo, sino capturar valor ya existente en el presupuesto.
No eran capitalistas de riesgo.
Eran capitalistas de relación.
México no sólo produjo Slims, Salinas, Azcárragas o Larreas. También produjo una multitud de figuras medianas, regionales, aspiracionales, que copiaron en pequeño la lógica de los grandes grupos: usar medios, gobiernos, contratos, vínculos políticos y presencia pública para acumular poder económico.
La derecha está llena de estos especímenes.
Algunos más sofisticados.
Otros francamente pedestres.
Unos hablan de innovación.
Otros de eficiencia.
Otros de familia.
Otros de libertad.
Pero cuando se revisa el archivo, aparece lo mismo: el Estado.
El Estado como cliente.
El Estado como plataforma.
El Estado como garantía.
El Estado como caja.
El Estado como seguro contra la competencia real.
La paradoja es brutal.
Quienes más insultan al Estado suelen ser quienes mejor aprendieron a ordeñarlo.
En el caso de Flores, la estructura resulta particularmente reveladora porque combina varias capas.
Primera capa: tecnología gubernamental.
CIFO Technologies obtuvo contratos relevantes para registros civiles, sistemas de cobro, digitalización documental y expedición de actas. En Oaxaca, durante el gobierno de Alejandro Murat, se documentaron contratos por 190 millones para modernización del Registro Civil y 106 millones para el sistema de cobro del Citybus. En el Estado de México, durante el gobierno de Alfredo del Mazo, aparece el contrato por aproximadamente 244.5 millones de pesos vinculado al Registro Civil mexiquense.
Segunda capa: publicidad oficial.
CIFO Multimedios acumuló más de cien contratos gubernamentales por alrededor de 536 millones de pesos. Ahí aparecen municipios, gobiernos estatales, organismos públicos y dependencias federales.
Tercera capa: medios.
La operación de franquicias de Quadratín en Estado de México, Querétaro, Oaxaca y Quintana Roo permitió presencia territorial en entidades donde también aparecen negocios públicos. Esa coincidencia importa. No porque tener medios sea ilegal. Sino porque en México la frontera entre informar, influir y negociar con gobiernos ha sido siempre demasiado porosa.
Cuarta capa: socios políticos.
La presencia de Alejandro y Ximena Murat en sociedades como Grupo Empresarial Ingenia y Grupo Empresarial Flomur ayuda a entender cómo las redes empresariales no flotan en el aire. Tienen nombres, apellidos, familias, trayectorias y territorios.
Quinta capa: acumulación patrimonial.
El caso del Club Deportivo La Asunción abre otra dimensión. Ahí ya no estamos frente a contratos tecnológicos o publicidad oficial. Estamos frente a la disputa por un activo inmobiliario de altísimo valor en Metepec. Cuatro hectáreas. Más de 600 millones de pesos estimados sólo por el terreno. Control accionario acumulado por la familia Flores. Maniobras internas. Conflicto patrimonial. Poder económico sobre un espacio social emblemático.
Todo forma parte de una misma racionalidad.
Acumular control.
Control sobre contratos.
Control sobre medios.
Control sobre relaciones.
Control sobre activos.
Control sobre instituciones.
Y después presentarlo como éxito empresarial.
La antropología política permite entender mejor este fenómeno que la simple nota policiaca o administrativa. Porque no estamos sólo ante empresas. Estamos ante clanes. Redes. Parentescos. Lealtades. Favores. Pactos. Compadrazgos. Sociedades cruzadas. Alianzas territoriales.
El viejo régimen mexicano no funcionaba únicamente mediante leyes.
Funcionaba mediante pertenencias.
Pertenecer era más importante que competir.
Pertenecer al grupo correcto.
A la familia correcta.
Al partido correcto.
Al círculo correcto.
A la mesa correcta.
A la campaña correcta.
A la sobremesa correcta.
El mérito, en ese mundo, no era crear algo.
Era estar cerca.
Por eso estos personajes irritan tanto cuando se les mira con detenimiento. Porque no representan al empresario que se levanta todos los días a producir, vender, competir y pagar nómina bajo incertidumbre real. Representan otra cosa: al intermediario que descubre que el camino más corto hacia la riqueza no es el mercado, sino el presupuesto.
La derecha mexicana tiene un problema moral con estos personajes.
Los necesita.
Los celebra.
Los postula.
Los protege.
Los convierte en candidatos.
Los llama empresarios exitosos.
Los presenta como ciudadanos ejemplares.
Pero en realidad muchos de ellos son hijos directos del régimen que dicen combatir.
Son criaturas del privilegio.
Del contrato.
De la concesión.
Del litigio.
De la publicidad oficial.
De la obra pública.
De la factura.
De la relación personal convertida en negocio.
Fernando Flores es interesante porque condensa esa contradicción en una escala visible. No es un gran magnate nacional. No es un ideólogo. No es un constructor de industria. No es un empresario visionario. Es algo más común y, por eso mismo, más revelador: un beneficiario eficiente de la política como mercado.
Su caso permite mirar cómo se fabrican fortunas regionales.
No con épica.
No con innovación.
No con genio.
Con método.
El método es viejo.
Crear empresas.
Buscar socios con poder.
Entrar a gobiernos.
Vender tecnología difícil de auditar.
Vender publicidad difícil de medir.
Construir presencia mediática.
Tejer relaciones.
Fragmentar contratos.
Expandirse a otros estados.
Convertir la cercanía en facturación.
Convertir la facturación en influencia.
Convertir la influencia en carrera política.
Y convertir la carrera política en nueva plataforma de acumulación.
Ese círculo es el verdadero tema.
No Fernando Flores en sí mismo.
Flores importa porque es síntoma.
Síntoma de una derecha que habla de libertad mientras vive de privilegios.
Síntoma de un empresariado político que desprecia al Estado cuando regula, pero lo adora cuando contrata.
Síntoma de una clase regional que nunca necesitó inventar nada porque aprendió a tocar las puertas correctas.
Síntoma de un viejo régimen que no sólo produjo gobernadores, alcaldes y partidos.
También produjo millonarios.
Millonarios sin innovación.
Millonarios sin industria.
Millonarios sin riesgo real.
Millonarios de pasillo.
Millonarios de sobremesa.
Millonarios de contrato.
El problema de fondo no es que existan empresarios que vendan servicios al gobierno. Eso ocurre en cualquier democracia. El problema aparece cuando la relación con el gobierno se convierte en la explicación central del crecimiento empresarial. Cuando el Estado deja de ser cliente ocasional y se vuelve la fuente estructural de acumulación. Cuando las relaciones personales pesan más que la competencia. Cuando la cercanía sustituye al mérito.
Entonces ya no hablamos de mercado.
Hablamos de captura.
Y cuando esa captura se vuelve cultura política, los personajes como Fernando Flores dejan de ser excepciones.
Se vuelven consecuencia.
La derecha mexicana puede seguir presentándolos como empresarios exitosos, ciudadanos libres, hombres de trabajo, defensores de la propiedad y víctimas de persecución cuando alguien revisa sus negocios.
Pero el archivo dice otra cosa.
Dice contratos.
Dice socios.
Dice gobiernos.
Dice montos.
Dice medios.
Dice tierras.
Dice poder.
Y el archivo, a diferencia de los discursos, no necesita posar para la foto.
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