El personaje detrás de Fernando Flores
La fotografía pretendía mostrar respaldo. Terminó revelando una compañía incómoda.
Fernando Flores Fernández aparece al centro de la imagen, rodeado de abogados, académicos e integrantes de organizaciones jurídicas que el pasado 15 de julio le entregaron un reconocimiento por su gestión al frente del Ayuntamiento de Metepec. Justo detrás del alcalde, casi cubierto por los asistentes, se distingue un rostro vinculado con uno de los episodios más oscuros de la historia reciente del Estado de México: José Manzur Ocaña, exdelegado de la Procuraduría General de la República (PGR) y señalado durante años como prófugo de la justicia federal.
La imagen fue difundida después de un encuentro organizado con motivo del Día del Abogado. De acuerdo con la información divulgada sobre el acto, integrantes de la Federación de Colegios, Barras y Abogados del Estado de México (FECOBAA) reconocieron a Flores Fernández por supuestamente haber consolidado a Metepec como un referente de “buen gobierno”, fortalecimiento institucional y seguridad.
El alcalde aprovechó la ceremonia para hablar de legalidad, justicia, derechos humanos y respeto a las instituciones. A pocos centímetros de él, sin embargo, aparecía un antiguo funcionario federal cuyo nombre quedó inscrito en averiguaciones relacionadas con delincuencia organizada, redes de protección al narcotráfico y la expansión de organizaciones criminales en territorio mexiquense.
La paradoja es difícil de ignorar: mientras los discursos celebraban el Estado de derecho, detrás del presidente municipal se encontraba un hombre que desapareció de la vida pública cuando las investigaciones federales comenzaron a alcanzarlo.
El delegado que desapareció
José Manzur Ocaña fue delegado de la PGR en el Estado de México entre el 1 de agosto de 2007 y el 7 de julio de 2008, durante el gobierno estatal de Enrique Peña Nieto. Dentro de los círculos policiales era conocido como “El Güero de Lentes” y/o “Pepe Malo”
Su trayectoria en la institución había comenzado años antes. Trabajó como agente del Ministerio Público federal en Tejupilco, fue asesor de funcionarios de la Procuraduría y ocupó diferentes responsabilidades hasta convertirse en el principal representante de la dependencia federal en el Estado de México.
Su ascenso coincidió con un periodo especialmente violento. La Familia Michoacana avanzaba desde el sur de la entidad, Los Zetas habían establecido operaciones en diferentes municipios y las autoridades documentaban la existencia de redes de venta de drogas protegidas por policías y funcionarios.
Manzur Ocaña dejó la delegación en julio de 2008. Inicialmente, la propia PGR negó que existiera una investigación en su contra y aseguró que había entregado el cargo regularmente. Poco después, sin embargo, su nombre comenzó a aparecer en declaraciones ministeriales y averiguaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
El testimonio que alcanzó al exdelegado
Uno de los señalamientos centrales provino de Ahiezer Noé Sánchez Avendaño, identificado en las investigaciones con el nombre de “Noé”. El testigo había participado en una red de distribución de drogas y posteriormente colaboró con la PGR.
En sus declaraciones ministeriales, Sánchez Avendaño describió una estructura de narcotiendas que operaba en municipios como Toluca, Metepec, Lerma, San Mateo Atenco, Amecameca y Cuautitlán Izcalli. Según su testimonio, esa red entregaba dinero a autoridades para trabajar sin ser perseguida.
El testigo señaló a Manzur Ocaña como presunto protector de esas actividades. También lo acusó de proporcionar información sobre operativos de las corporaciones de seguridad y de recibir pagos a cambio de permitir el funcionamiento de la organización.
Esas declaraciones quedaron relacionadas con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/280/08, citada posteriormente por investigaciones periodísticas. Los señalamientos nunca constituyeron por sí mismos una sentencia, pero colocaron al antiguo delegado en el centro de una investigación por delincuencia organizada.
Sánchez Avendaño fue asesinado en agosto de 2008 junto con dos agentes federales que estaban encargados de protegerlo. Los hechos ocurrieron en la zona de La Marquesa, pocas semanas después de que hubiera declarado sobre la red de protección institucional.
Su muerte eliminó a uno de los principales testigos contra el antiguo funcionario.
La matanza de La Marquesa
En septiembre de ese mismo año, 24 cuerpos fueron encontrados en un paraje de La Marquesa. Las investigaciones periodísticas de la época situaron el caso dentro de la disputa entre organizaciones criminales por el control del Estado de México y lo relacionaron con la ruptura de redes de distribución y protección oficial.
Los asesinatos del testigo y sus escoltas, ocurridos en agosto, y el hallazgo de las 24 víctimas, registrado semanas después, fueron acontecimientos distintos. Ambos, sin embargo, formaron parte del contexto de violencia que rodeó las investigaciones abiertas durante y después de la gestión de Manzur Ocaña.
Diversas publicaciones vincularon al antiguo delegado con las averiguaciones derivadas de aquella crisis criminal. No existe, al menos públicamente, una sentencia que lo declare responsable de la matanza. Lo documentado es que su nombre apareció en investigaciones sobre delincuencia organizada y presunta protección a grupos criminales que operaban en la entidad.
El 22 de junio de 2009, según información periodística basada en documentos de la PGR, se elaboró un pliego para ejercer acción penal contra Manzur Ocaña por delincuencia organizada y otros delitos. Para entonces el exfuncionario ya estaba ilocalizable.
Desde ese momento comenzó a ser descrito como prófugo de la justicia federal.
Una familia dentro del poder
José Manzur Ocaña es medio hermano de José Manzur Quiroga, uno de los políticos más influyentes de los gobiernos priistas del Estado de México.
Manzur Quiroga fue subsecretario general de Gobierno durante las administraciones de Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto. Más tarde fue diputado y secretario general de Gobierno durante el mandato de Eruviel Ávila. También ha sido relacionado con diferentes empresas familiares, entre ellas las dedicadas al servicio de grúas.
El exdelegado es, además, tío de Jesús Ramírez Manzur, actual comisario de Seguridad Pública de Metepec y uno de los funcionarios más cercanos a Fernando Flores.
Este vínculo convierte su presencia en la fotografía en algo más que una coincidencia social. El hombre colocado detrás del alcalde pertenece a la misma familia del responsable de la seguridad municipal.
La imagen conecta así tres niveles de una misma trama: el antiguo delegado federal investigado por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales; el actual jefe de la policía de Metepec, que es su sobrino; y Fernando Flores, alcalde vinculado a proceso por abuso de autoridad después de los hechos ocurridos en el Club Deportivo La Asunción.
El respaldo y su reverso
El acto del Día del Abogado fue presentado como una demostración de respaldo a Fernando Flores en un momento especialmente delicado para su administración.
El alcalde enfrenta un proceso penal por abuso de autoridad y tiene impuestas medidas cautelares. A pesar de ello, decidió permanecer en el cargo y ha difundido reuniones, reconocimientos y mensajes destinados a mostrar que conserva el apoyo de distintos sectores.
La fotografía con juristas y académicos formaba parte de esa narrativa. Pero la presencia de José Manzur Ocaña altera por completo el significado de la escena.
El personaje más revelador no es quien entrega el reconocimiento ni quien pronuncia el discurso sobre legalidad. Es el hombre situado detrás del alcalde: un antiguo representante de la PGR acusado por un testigo protegido de favorecer redes de narcotráfico, señalado durante años como prófugo y perteneciente a la misma familia del actual comisario de Metepec.
Fernando Flores quiso mostrar quiénes lo respaldan. La fotografía terminó mostrando también quién le cubre las espaldas.
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