¿Y si Fernando Flores libra la justicia? -

¿Y si Fernando Flores libra la justicia?
¿Cómo se fabrica un monstruo?
¿Quién se acuerda de los aviadores?
¿Democracia para qué y para quién?
¿Por qué se va quien se va?

¿Y si Fernando Flores libra la justicia?

La semana que inicia vuelve a colocar bajo los reflectores el proceso contra Fernando Flores. El alcalde panista de Metepec está vinculado a proceso por abuso de autoridad después de lo ocurrido en el Club La Asunción, donde fue videograbado acompañado por integrantes de su escolta municipal. Un juez consideró suficientes los datos de prueba para continuar el proceso; eso no equivale a una condena y Flores conserva la presunción de inocencia. Pero el expediente ya dejó de pertenecer solamente al acusado. También interroga a la justicia mexiquense.

A) Si Fernando Flores libra finalmente el proceso, ¿cómo explicará la justicia la distancia entre aquello que los ciudadanos pudieron mirar y aquello que jurídicamente no alcanzó para sancionarlo? ¿Será un problema de percepción, de investigación ministerial, de prueba o simplemente de derecho?

B) ¿Qué pesa más frente al juez: lo que aparentemente ocurrió o aquello que puede probarse conforme a las reglas del proceso? Y si ambas cosas terminan contando historias distintas, ¿quién le explica al ciudadano que una resolución puede ser jurídicamente correcta y dejar, al mismo tiempo, una profunda sensación de injusticia?

C) El dinero compra mejores abogados; el poder abre puertas y las relaciones permiten llegar a lugares donde el ciudadano común difícilmente llega. Nada de eso demuestra corrupción ni convierte a nadie en culpable. Pero entonces, ¿la igualdad ante la ley existe porque todos tenemos los mismos derechos escritos en el código o también debería existir cierta igualdad para poder ejercerlos?

D) El Estado de México ya vivió una historia perturbadora con Raymundo Martínez. Si otro alcalde acusado de utilizar recursos públicos en un conflicto privado terminara sin responsabilidad penal, ¿el costo recaería únicamente sobre la Fiscalía y los tribunales? ¿O alcanzaría también la credibilidad política de un gobierno surgido de la Cuarta Transformación, precisamente porque una de sus promesas fue terminar con los privilegios?

E) Y si Fernando Flores sale bien librado, ¿qué habrá demostrado el proceso? ¿Que no cometió el delito, que la Fiscalía no consiguió probarlo o que en México las posibilidades reales de defensa siguen teniendo alguna relación con el tamaño de la cartera, la agenda telefónica y el poder de quien se sienta frente al juez?

¿Cómo se fabrica un monstruo?

Diego Sebastián «N» y Gerardo «N» permanecen en Barrientos mientras continúa el proceso por el multihomicidio de Atizapán. Todavía no existe sentencia. La investigación ha colocado el dinero y las criptomonedas entre las líneas centrales del móvil; alrededor del expediente han aparecido además versiones sobre posibles transferencias a España que no deben confundirse con hechos judicialmente acreditados. Sobrevivió un niño de cinco años. Ésa quizá sea la parte de la historia que más debería importarnos.

A) ¿Cómo vive Diego Sebastián «N» dentro de Barrientos? ¿Está aislado, amenazado, protegido? ¿Cómo lo trata la población penitenciaria? Y detrás de nuestra curiosidad hay otra pregunta menos cómoda: ¿queremos saberlo para comprobar que el Estado cumple la ley o porque una parte de la sociedad espera secretamente que la cárcel ejecute la venganza que el derecho no permite?

B) Si el dinero y las criptomonedas forman parte del móvil investigado, ¿dónde están? ¿La Fiscalía pudo seguir su rastro digital? ¿Hubo transferencias, conversiones o beneficiarios? ¿Cuánto podrá recuperarse? El dinero electrónico no desaparece por arte de magia. ¿Hasta dónde siguieron la huella?

C) ¿Qué sabe realmente la Fiscalía sobre la esposa de Diego Sebastián «N»? ¿Conocía sus movimientos financieros? ¿Recibió dinero o activos relacionados con los hechos? ¿Existe una investigación formal en su contra o sólo versiones periodísticas que crecieron alrededor del caso? Si hubo beneficiarios del dinero, la investigación patrimonial tendría que llegar hasta ellos, tengan el apellido que tengan.

D) ¿Y cómo se repara el daño al niño que sobrevivió? Perdió a sus padres, a su hermana y el mundo en el que apenas comenzaba a crecer. ¿La reparación terminará convertida en una cifra dentro de un expediente o el Estado garantizará durante años atención psicológica, educación, patrimonio, seguridad y acompañamiento? Hay daños que pueden pagarse. Éste difícilmente puede medirse.

E) ¿Por qué desperdiciamos casos así como fuente de conocimiento? Psiquiatras, psicólogos forenses, criminólogos y neurocientíficos podrían ayudarnos a entender qué combinación de personalidad, biografía, aprendizaje, entorno y circunstancias hace posible una violencia extrema. ¿Por qué preferimos la palabra «monstruo»? Tal vez porque tranquiliza. Lo coloca fuera de nosotros. Estudiarlo obligaría a admitir algo bastante más inquietante: los monstruos no pertenecen a otra especie.

¿Quién se acuerda de los aviadores?

Parecía un escándalo imposible de olvidar: 459 movimientos irregulares, más de 96 millones de pesos bajo investigación y una maquinaria capaz de convertir plazas públicas en dinero privado. La Fiscalía ejerció acción penal contra 33 personas; 27 fueron detenidas y 26 vinculadas a proceso, mientras cinco investigados promovieron amparos contra órdenes de aprehensión. Después llegó algo que suele ser fatal para cualquier escándalo mexicano: otro escándalo.

A) ¿Dónde están hoy todos los involucrados? ¿Cuántos continúan presos? ¿Alguno recuperó su libertad? ¿Qué ocurrió con quienes recurrieron al amparo? ¿Queda alguien por capturar? Pasado el estruendo de las detenciones, ¿qué tan sólida sigue siendo la acusación con la que comenzó uno de los mayores casos recientes de corrupción burocrática en el Estado de México?

B) La red no necesitó abrir una caja fuerte. Le bastó penetrar la nómina. ¿Qué cambió desde entonces? ¿Se cerraron las puertas administrativas y digitales que hicieron posible el fraude o sólo fueron detenidas algunas de las personas que aprendieron a abrirlas? Y la pregunta más sencilla de todas: ¿puede asegurar hoy el gobierno que ya no hay una sola persona cobrando sin trabajar?

C) Si existieron 459 movimientos irregulares, ¿la responsabilidad termina en quienes cobraron y quienes presuntamente organizaron el mecanismo? ¿Dónde estaban los superiores, los órganos internos de control, las auditorías y quienes debían comprobar que detrás de cada salario hubiera una persona trabajando? Para saquear una institución durante años no siempre hace falta que todos participen. A veces basta con que demasiados no miren.

D) ¿Por qué dejamos de hablar del asunto? ¿Porque disminuyó la información oficial, porque los medios perseguimos la siguiente novedad o porque hemos desarrollado una formidable capacidad para indignarnos mucho y recordar poco? El escándalo aparece, incendia las redes, ocupa titulares y desaparece. ¿En qué momento confundimos estar informados con simplemente estar enterados?

E) ¿Y si la mejor aliada de la corrupción no fuera únicamente la impunidad, sino el olvido? ¿Para qué necesita esconderse el poder cuando ha aprendido que muchas veces basta esperar? Tal vez ése sea el daño político de nuestra amnesia: cada nuevo escándalo parece el primero porque casi ninguno permanece en la memoria el tiempo suficiente para obligarnos a preguntar cómo terminó.

¿Democracia para qué y para quién?

México ya entró al proceso electoral de 2027. En el Estado de México estarán en juego 125 alcaldías y 75 diputaciones locales, además de las diputaciones federales correspondientes a la entidad. Habrá partidos, candidatos, encuestas, campañas, dinero y millones de votos. Cumpliremos otra vez con la liturgia electoral. Pero democracia viene de demos y kratos: pueblo y poder. Quizá convenga volver a preguntarnos qué hicimos con ambos.

A) Si democracia significa gobierno de mayorías y una enorme porción de la sociedad mexicana vive en pobreza o enfrenta alguna vulnerabilidad social o económica, ¿no debería existir en el mandato democrático una prioridad elemental hacia quienes menos tienen? En 2024, 29.6 por ciento de la población estaba en pobreza multidimensional y otro 38 por ciento era vulnerable por ingresos o carencias sociales. ¿Para quién debe gobernar una democracia atravesada por semejante desigualdad?

B) ¿Cómo consiguieron nuestras democracias convivir tan cómodamente con sociedades tan desiguales? Cada ciudadano tiene un voto, pero unos cuantos tienen además empresas, capital, organizaciones, relaciones, púlpitos, medios, capacidad de cabildeo y acceso a quienes deciden. ¿Somos políticamente iguales sólo durante los minutos que permanecemos frente a la urna?

C) ¿Qué democracia disputaremos en 2027? ¿La de las burocracias partidistas que deciden candidaturas, la de quienes poseen dinero suficiente para multiplicar su influencia, la de poderes económicos y religiosos capaces de presionar decisiones, la que el crimen intenta capturar en algunos territorios, o una democracia donde las mayorías conviertan también su superioridad numérica en capacidad efectiva para decidir las prioridades del Estado?

D) ¿Por qué examinamos obsesivamente elecciones, campañas, partidos, candidatos y encuestas, pero mucho menos los gobiernos que nuestra democracia produce? ¿No deberíamos mirar también pobreza, desigualdad, movilidad social, educación, salud, seguridad, justicia y distribución del poder? ¿De qué sirve perfeccionar durante décadas el mecanismo para elegir gobiernos si después hablamos tan poco de a quién benefician?

E) ¿Puede existir una democracia mejor? No una con menos libertades ni una donde las mayorías puedan aplastar derechos, sino una donde las mayorías gobiernen de verdad y las minorías conserven íntegramente los suyos, sin convertir privilegios económicos en poder político adicional. Porque queda una maldita duda difícil de esquivar: si los pobres y vulnerables son tantos y quienes concentran riqueza y poder son muchos menos, ¿cómo consiguieron durante tanto tiempo los pocos pesar tanto en el destino de los muchos?

¿Por qué se va quien se va?

Delfina Gómez anunció que después de su tercer informe revisaría su equipo y realizaría los cambios necesarios, no sólo en secretarías, también en direcciones y coordinaciones. No sería extraño: su administración ya ha cambiado titulares y mandos en áreas relevantes. Y regresó inmediatamente el entretenimiento favorito del pequeño mundo político: quién sale, quién entra, de qué grupo viene, quién lo recomendó y para qué elección podría servir. Mucho casting. Poca administración pública.

A) ¿En qué momento convertimos los cambios de gabinete en entretenimiento político? ¿Por qué interesa más averiguar quién recomendó al próximo secretario que conocer sus credenciales, experiencia, resultados y capacidad para dirigir una dependencia? ¿Estamos buscando servidores públicos o repartiendo personajes para la siguiente temporada de la política mexiquense?

B) ¿Qué tendría que saber quien encabeza Salud, Educación, Seguridad, Movilidad, Agua o Finanzas? ¿Basta con ser leal, pertenecer al movimiento, conocer a la gobernadora o tener oficio político? Un secretario no es un activista con escritorio. Necesita conocimiento técnico, capacidad administrativa, autoridad sobre burocracias complejas y algo que tampoco enseñan los organigramas: sensibilidad humana y política para comprender las consecuencias de lo que decide.

C) ¿Y por qué se va quien se va? Si cumplió, ¿para qué removerlo? Si no cumplió, ¿en qué falló? ¿Incompetencia, negligencia, pérdida de confianza, irregularidades, agotamiento o simplemente terminó su ciclo? Salir del gobierno no prueba ninguna de esas cosas. El silencio, en cambio, permite que se sospechen todas. ¿No debería saberse qué se evaluó antes de remover a alguien y qué deberá corregir quien llegue?

D) ¿Dónde están las evaluaciones de desempeño de los altos funcionarios? ¿Cuáles eran sus metas, cuánto presupuesto ejercieron, qué indicadores mejoraron, cuáles empeoraron y qué dejaron pendiente? Si alguien puede entrar entre elogios y marcharse dos años después entre agradecimientos protocolarios, ¿cómo distingue el ciudadano al funcionario eficaz del mediocre?

E) ¿Qué ocurriría si cada cambio obligara a rendir cuentas? Que junto al nombre de quien se va apareciera su balance; junto al de quien llega, su experiencia y sus metas; y meses después pudiéramos medirlo. Quizá entonces dejaríamos de preguntar quién ganó y quién perdió con cada movimiento. Administrar el Estado no es repartir chambas ni acomodar lealtades. ¿Cuándo empezaremos a tratar con la seriedad debida a quienes administran dinero que no es suyo y poder que tampoco les pertenece?