Todo hace suponer que José Carlos Moncada García es buena persona y servidor público honrado y eficiente. Apenas en 2023 terminó la licenciatura en Ciencias Políticas en la UAEMex y en noviembre del año pasado fue contratado como secretario privado de la gobernadora Delfina Gómez. Es muy joven, no cumple ni 30 años. Su experiencia en la administración pública y en la política también es corta, como su edad. Quizá por eso ha quedado en medio de, lo que parece, una intriga para hacerlo aparecer como aquel que impulsa a la directora de la escuela de la que egresó, Laura Benhumea, como aspirante a la rectoría. Es un simplismo que tiene como argumento principal que Laura asignó horas clase como profesor de asignatura al joven Mocada a pesar de que no está titulado todavía y, por ley, no podría ejercer como académico. ¡Qué necesidad de embarrarse en esas grillas!
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Vaya, vaya. La regla se cumple una vez más: “origen es destino”. Ahora resulta que quien encabeza en el Estado de México la resistencia legal a la reforma al Poder Judicial de la República es nada menos que el joven magistrado federal Isidro Muñoz Acevedo, hijo del notario y priista de hueso colorado, el camachista Isidro Muñoz Rivera. Isidro Jr. es uno de los furibundos opositores a que los administradores de justicia sean electos por el pueblo.
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Sin dato no hay relato. En los primeros 17 días del año se registraron en territorio estatal 96 homicidios y, lo peor, es que no hay razón para pensar que la tendencia será a la baja en lo que resta del mes. Algo sucede y las autoridades deberían explicárselo a la opinión pública y, quizá, llamar a la calma, pero con argumentos. El promedio de 6 asesinatos por día es altísimo y nos coloca como el segundo estado de la República más violento, solo por detrás de Guanajuato. El secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda, puede hacer todo, menos mantenerse callado o indiferente.
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La corrupción en la Secretaría de Movilidad es histórica y estructural. Todo está dispuesto para que sus funcionarios roben y se enriquezcan hasta la náusea. El transporte público es una cloaca, funciona con acuerdos mafiosos, de crimen organizado. Eso solo es posible con la participación de la autoridad regulatoria. No sorprende que hoy uno de sus funcionarios, Ernesto García Tampa, este sujeto a investigación acusado justamente por aquellos con quienes se supone estaba en connivencia. Purificar, moralizar a la institución, no es posible solo con buena voluntad, urge una reforma legal profunda.
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Así como van las cosas, la elección judicial en el Estado de México camina hacia el precipicio democrático. Difícilmente podrá socializarse debidamente el proceso de elección si los electores carecen de información básica del cómo, cuándo, dónde y quién. Hasta ahora solo 1 de cada 10 ciudadanos sabe o entiende que los cargos de jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado de México serán votados. El principio de máxima publicidad es un nonato de la reforma.
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