Los 15 programas sociales que operó el gobierno estatal durante el 2019 obtuvieron calificaciones negativas por incumplir metas, carecer de padrones confiables, realizar transferencias y entregas sin documentación, tener beneficiarios que incumplen las reglas, entre otras irregularidades.
De acuerdo con los resultados del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), la política social no es eficaz, ni eficiente y hay pendientes de solventar mil 564.7 millones de pesos para que no se finquen responsabilidades a las autoridades por un posible mal manejo de recursos públicos.
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El órgano inició al menos tres Promociones de Presunta Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría realice las investigaciones pertinentes y si es necesario inicie los procedimientos administrativos a que haya lugar por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no integraron la documentación comprobatoria del uso y destino de los recursos del programa.
Los 15 programas de la vertiente Salario Rosa que se revisaron durante el año 2019 fueron: para el Trabajo, Cultura Comunitaria, Campo, Educación, Beca Educativa, Canasta Edomex, Comunidad Fuerte, Familias Fuertes, Desarrollo Integral de la Familia, Vulnerabilidad, Emprendimiento, Niñez Indígena, Desarrollo Integral Indígena Personas Adultas Mayores y Jóvenes en Movimiento.
En todos los casos se recomendó a las dependencias a cargo, implementar un modelo de control interno para estandarizar y homologar los criterios y conceptos, así como realizar un formato único que permita conocer el programa, número de beneficiarios y la aplicación de los recursos de cada periodo y su acumulado.
Las observaciones también muestran mucha similitud, sólo difieren en los montos de cada programa, pero en general se encontraron entregas de apoyos a beneficiaros cuyos domicilios no acreditan la elegibilidad, pues están fuera de las zonas de atención prioritaria.
En varios casos encontraron beneficiarios duplicados con otros programas estatales que debieron ser anulados, personas con hasta 10 registros que recibieron más de lo legalmente establecido, entregas sin soporte, e incluso condicionamientos.
Asimismo, detectaron transferencias y pagos sin documentación comprobatoria por los cuales pidieron a la Contraloría revisar los casos porque no hay certeza del correcto uso de los recursos públicos.
Ningún programa fue calificado adecuadamente porque carecían de un diagnóstico estructurado; las reglas de operación no fueron acordes con la norma aplicada; carecían de una categoría específica dentro de la estructura programática del gobierno estatal, no existía certeza de que los apoyos se hayan destinado a la población objetivo, algunas entregas fueron bajo criterios discrecionales, no se acreditó el beneficio real, el padrón es incompleto y de mala calidad.
En varios casos encontraron beneficiarios duplicados con otros programas estatales que debieron ser anulados, personas con hasta 10 registros que recibieron más de lo legalmente establecido
A partir de la notificación de estos resultados se dará un plazo a los entes para que solventen y se revise la documentación, de otra manera estas faltas se considerarán irregularidades y tendrán que resarcir los recursos e imponer otro tipo de sanciones.
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Antes, el informe estará bajo revisión de los integrantes de la comisión de Vigilancia del OSFEM, para que se dictamine junto con los demás resultados y se califique la Cuenta Pública estatal del 2019.